Con visible preocupación porque en estos momentos en el Perú la trata de personas es el segundo delito del crimen organizado, después del narcotráfico, la congresista Rosario Sasieta Morales (AP) formuló un llamado a las autoridades gubernamentales para que se adopte políticas de Estado a fin de proteger a mujeres, niñas y adolescentes de ese delito que calificó como de lesa humanidad.
En una audiencia pública denominada “Engañadas y Encerradas: Casos de trata de personas en Perú”, realizada el lunes 9, en la sala Grau del Congreso, aclaró ante los participantes que no existe la definición de prostitución infantil en menores. Su nombre más conocido es el de comercio sexual de menores. Tampoco existe el proxenetismo, pues su verdadera denominación es tratante de personas menores de edad. Las penas en esos casos son de 35 años de prisión.
Al inaugurar el evento la parlamentaria dijo que su principal preocupación es terminar con ese terrible flagelo a las mujeres peruanas que muchas veces no denuncia ese delito y, lo peor, es que no hay políticas del Estado para proteger a las víctimas y menos casas refugio para ayudarlas con tratamientos físicos y psicológicos.
Informó que en el mundo se mueve alrededor de 32 millones de dólares anuales por las mafias organizadas de ese delito, lo que lo ha hecho mucho más atractivo y seguro respecto del tráfico de drogas.
A su turno, el jefe de la división contra la trata de personas de la Policía Nacional, coronel PNP Miguel Basilio Grossman, reveló que en estos momentos su unidad cuenta con 35 efectivos policiales a dedicación exclusiva, pero la tarea es muy fuerte ya que se tiene que cubrir todo el territorio de la República.
Explicó que la mayoría de víctimas captadas proceden de la selva y ello se da en tres modalidades bien definidas como son la explotación sexual, explotación laboral y la mendicidad. Los lugares donde más se registra estos casos son las zonas fronterizas como Tumbes – Ecuador; Iquitos – Brasil; Tacna – Chile; y no – Bolivia.
“En sitios populosos se dan a través de diarios conocidos como chicha, radios de mercadillos o pizarrones, por iternet y finalmente los padrinazgos. Este último se refiere a los padrinos de menores que, desde cualquier punto del país, se traen a niños o niñas para hacer trabajos domésticos. Se les explota y ni siquiera se los envía al colegio”, puntualizó Basili Grossman.
La titular de la Fiscalía Provincial de Chosica, Ana María Cubas Longa, con cuadro estadístico a la mano, mostró que efectivamente en Lima se concentra más este tipo de delitos y su captación se produce en bares, cantinas y agencias de empleo de fachada.
Finalmente, entre las conclusiones, el director de la ONG Capital Humano y Social, Ricardo Valdés, dijo que los gobiernos locales y regionales no dan la debida importancia y no cumplen su papel de fiscalizadores ni de control, especialmente a las agencias de empleo informales, así como a agencias de transporte informales a través de las cuales las víctimas son captadas y trasladadas hacia puntos diferentes.
SERVICIO DE NOTICIAS
OFICINA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO
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