Diez adolescentes han sido rescatadas por la Policía en lo que va del año. Víctimas no realizan denuncias por temor (Foto: Ralph Zapata) RALPH ZAPATA
Todos quieren a Analí. En el bar El Arbolito, en Paita, los parroquianos se pelean para que esa chica de 15 años se siente con ellos, beba litros de cerveza, baile la cumbia de moda. También quieren algo más. A un costado, otras dos menores de edad acompañan, como Analí, a decenas de hombres que beben licor como si fuera agua. Las luces rojas y azulinas asemejan este sitio a un night club. A esa hora de la noche, en otros cuarenta locales más de la ciudad, el ambiente es similar.
“Los vecinos aseguran que en esos bares y cantinas se ejerce la prostitución clandestina, incluso de menores”, comenta el subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Paita, Jorge Nima. Se trataría, entonces, de negocios fachada donde se explota a chicas que fueron captadas antes. Esa idea la reforzó la Policía, que ha rescatado de estos lugares a diez menores en lo que va del año. No obstante, ninguna de ellas declaró haber sido obligada a trabajar allí.
“El problema es que muchas de las chicas, que son víctimas de trata de personas, no denuncian porque están amenazadas por sus captores”, sostiene María Alejandra González Luna, de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS). Eso explica, entonces, que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita solo haya recibido un caso por trata este año. El Comercio hizo un recorrido por varios de los locales en Paita y comprobó la presencia de 10 menores de edad que atendían a los parroquianos. Algunas de ellas contaron que habían sido captadas por agencias de empleo, pero otras fueron traídas con engaños.
¿AUTORIDADES COLUDIDAS? Analí –quien fue traída de la sierra de Piura con embustes por parte de su prima– detalla que hasta ahora no ha sido vista en las inspecciones hechas por la comuna porque su cuñado es policía y le avisa cuando hay operaciones. Jéssica, una chiclayana de 17 años que trabaja en el bar Maracaná, dice que a ella tampoco la han detenido porque la dueña del local [su tía] es esposa de un policía, que les pasa la voz cuando hay intervenciones. Ese es el principal impedimento en la labor de la comuna y el resto de autoridades paiteñas. “Cuando llegamos, curiosamente, no encontramos menores de edad. Algunas veces las hemos visto corriendo por la puerta trasera del local. Eso solo demuestra que hay infidencia de parte de algunos malos trabajadores municipales que nos acompañan y de la policía. Incluso, sabemos que muchos policías son dueños de bares y picanterías, pero tienen sus testaferros”, revela Nima. Con él coincide la fiscal Éricka Sernaqué Mechato, quien sostiene que en ese contexto es difícil luchar contra la trata de personas. “Además de que no recibimos denuncias de la población ni de las víctimas, se encubre el delito”, comenta. Ante esta declaración, el comisario de Paita, mayor PNP Lino Rojas Rojas, sostuvo que solo cuenta con 17 agentes, lo cual es insuficiente para atender todos los problemas.
CORREDOR NORTE Los estudios de la ONG Capital Humano y Social Alternativo han determinado que Piura es un centro de captación de chicas –la mayoría de ellas proviene de la sierra de la región– a las que se traslada a otros lugares del país y a Ecuador y Colombia. Pero también es un lugar clasificado como destino. Muchas menores vienen de pueblos y ciudades de la sierra y la selva. En este último caso, la zona de captación es Iquitos. Desde aquí se traslada a las víctimas en lanchas hasta Yurimaguas, y luego hasta Amazonas (Bagua Chica-Bagua Grande) y Cajamarca (Jaén). Este último lugar constituye el punto de paso hacia Lambayeque, desde donde se distribuyen a las chicas con destino al norte (Piura y Tumbes) o sur del país (Lima, Moquegua y Tacna).
La informalidad, además, reina en Paita. Solo tres de los 43 bares de esa urbe tienen licencia de funcionamiento, denunció Nima.
SEPA MÁS La trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo de mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico. Se refiere a captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de explotación sexual o laboral, mendicidad, etc.
Según la policía, el 50,2% de las personas que han sido víctimas de trata de personas en el Perú son adolescentes que tienen entre 14 y 17 años. Del 2004 a la fecha, esta institución ha registrado 364 denuncias por este delito, que involucra a 886 víctimas.
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