A través de sus defensores de oficio, el Ministerio de Justicia (Minjus) viene atendiendo legalmente, de manera gratuita, a las víctimas de la trata de personas que afecta principalmente a mujeres y niños.Fernanda Ayasta, representante del ministerio ante el Grupo de Trabajo Multisectorial contra la Trata de Personas, refirió que los abogados del Estado defienden a estas víctimas, quienes en su mayoría son mujeres entre 12 y 16 años, que en la mayoría de los casos carecen de los recursos económicos necesarios para acceder a una defensa particular.
“Los tratantes captan generalmente gente pobre por su necesidad económica, y las explotan sexual o laboralmente, dos modalidades de mayor predominio en el país, además del tráfico de órganos y la mendicidad”, detalló la especialista.
Después del narcotráfico y el tráfico de armas, la trata de personas es el tercer ilícito que mayor dinero moviliza en el mundo, con alrededor de 17 mil millones de dólares anuales.
Diagnóstico
El Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA), registró que desde el año 2004, cuando se dio la Ley contra la Trata de Personas, las denuncias van en aumento, teniendo cada año más de 200, pero los agraviados sobrepasan los 500. El año 2008 hubo 13 procesos judiciales que obtuvieron sentencia.
Las denuncias pueden hacerse a la línea gratuita 0800-2-3232, la cual recibió desde marzo de 2006 cerca de 12 mil llamadas, trasladando cien denuncias a la Policía Nacional para su investigación.
“Existe trata con fines de explotación laboral en la minería aurífera o la tala de madera sobre todo en Madre de Dios, pero no quieren denunciar porque son comunidades pequeñas y muchas veces las autoridades están coludidas con los tratantes, entonces nadie va a denunciar a una autoridad por temor, después de todo ellos no van a dejar de vivir ahí”, enfatizó la especialista.
Las principales rutas de trata son la de Cusco, con predominio de explotación sexual infantil por la afluencia de turistas; la ruta de Tacna para explotación laboral; la de Trujillo, con explotación sexual de niños; y las rutas de la selva, con predominio de la explotación sexual en la zona del VRAE, y la de Puerto Maldonado, con explotación laboral de menores en las minas de oro.
La especialista del Minjus informó que se ha coordinado con los consulados en el extranjero para que atiendan a cualquier peruano o peruana que recurra a ellos por ser víctima de trata y pueda ser repatriada.
De acuerdo a la Ley 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, los tratantes serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
Cuando la forma sea agravada, la pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad. Si la víctima es menor de 14 años, padece alguna discapacidad, su vida es puesta en riesgo o muere, la pena privativa de libertad será no menor de 25 años.
Texto y Foto: Agencia de noticias Andina
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