Tras tres meses de
confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, la situación en el
Perú, que alguna vez pareció esperanzadora, se ha tornado grave y preocupante.
Si bien en un inicio los fallecidos tenían una identidad y sus rostros
aparecían en los medios, hoy los incontables muertos terminan convirtiéndose en
anónima estadística. En este contexto, el gobierno central ha tomado diversas
medidas para paliar las consecuencias de esta crisis no solo sanitaria, sino
también económica y social. Sin embargo, los casi un millón de migrantes que
viven en nuestro país han sido sostenida y sistemáticamente ignorados.
La mayoría, más de 800 000, son de nacionalidad venezolana y de
ellos, de acuerdo a la Oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de la
mitad ha solicitado esta condición. De esta manera, el Perú se convierte
en el segundo país de destino de los migrantes venezolanos, luego de Colombia,
y en el primer país de acogida de venezolanos con necesidad de protección
internacional. Ello hace todavía más necesario que las acciones del gobierno
central no dejen de lado a este segmento poblacional.
Es cierto que la Cancillería está buscando el apoyo de
organismos internacionales y que, en ese sentido, acaba de participar en la
“Conferencia internacional de donantes en solidaridad con refugiados y
migrantes venezolanos en países de la región en el contexto COVID-19”; sin
embargo, si bien es una labor importante -por ejemplo, España se ha
comprometido a desembolsar este año 22 millones de dólares a Colombia, Ecuador
y Perú-, se trata de un esfuerzo externo que no encuentra su correlato al
interior de nuestras fronteras.
La población migrante, entonces, afronta un riesgo mayor por su
vulnerabilidad, sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes. Además,
la desigualdad y la falta de acceso a servicios ahondan las diferencias y es el
marco idóneo para el ejercicio de la discriminación, la xenofobia, la
intolerancia; incluso para ser víctimas de trata de personas, explotación
sexual y laboral, el año 2019 se reportó el rescate de 213 migrantes víctimas
de explotación sexual y en lo que va del 2020 se han reportado 72. Por ello
urge que el Estado permita que los migrantes tengan acceso a los programas de
asistencia que ofrece a la población peruana. Ello, además, redundará en un
país más protegido y con más herramientas para afrontar la crisis.
El coronavirus no conoce de nacionalidad, los derechos humanos tampoco.
