Con decenas de miles de contagiados y cientos de víctimas mortales, la pandemia del coronavirus ha obligado al Estado peruano a modificar su agenda de gobierno y a priorizar sus siempre escasos recursos humanos y económicos. Es tan grande el tamaño de esta emergencia global que bajo su sombra cualquier problema social recurrente puede parecer postergable y de poca importancia; sin embargo, ante casos de trata de personas y de explotación sexual y laboral no se puede bajar la guardia. La vulnerabilidad de las víctimas no conoce de cuarentenas.
Si bien es posible pensar que, debido al confinamiento obligatorio, algunas de estas actividades ilícitas pueden haberse visto considerablemente disminuidas, la vulnerabilidad de las víctimas permanece inalterable y, en algunos lugares, quizá lleguen a ser peor. Por ello, es motivo de preocupación que la mayoría de los mecanismos de denuncia, atención y ayuda que brinda el Estado se encuentren restringidos, entrampados o del todo inactivos tanto en la capital como en el interior del país
Muestras de ello son: el caso de Loreto, donde la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (Fistrap) ha suspendido la realización de operativos. Cusco y Madre de Dios, donde la policía especializada (DIRCTPTIM, DIVINDAT, DEPINTRAP, AREINTRAP) trabaja con un personal limitado, solo en casos en flagrancia, debido a que la mayoría se esta concentrando en hacer cumplir el confinamiento obligatorio. Incluso los integrantes de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ante la falta de actividad, están brindando apoyo en otras áreas.
Desde Capital Humano y Social Alternativo, comprometidos con la lucha contra todo tipo de explotación humana, expresamos nuestro deseo de que esta realidad pueda revertirse. De nuestro lado, mantenemos nuestros canales de comunicación y continuamos con la tarea constante de sensibilizar a la población a fin de que prevengan y denuncien estas prácticas. Asimismo, nuestro Centro de Atención Legal y Psicosocial, pese a las limitaciones de la coyuntura, ha continuado -y continuará- atendiendo y orientando a las víctimas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Sin embargo, un desafío todavía mayor nos puede esperar cuando dejemos atrás la pandemia y nos encontremos con un país social y económicamente dañado.
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En el marco terrible del covid-19, la lucha contra la explotación humana es un reto y una responsabilidad que el Estado y la sociedad civil, cada quien desde su lugar y con sus responsabilidades, no pueden ni deben soslayar. Sin embargo, un desafío todavía mayor nos puede esperar cuando dejemos atrás la pandemia y nos encontremos con un país social y económicamente dañado. La condición de vulnerabilidad de las víctimas, entonces, no solo continuará sino que podría verse agravada.
Si ello es así, si en tiempos de la post-pandemia la lucha contra la explotación humana será más ardua y compleja, nosotros, como sociedad, ¿estaremos preparados? ¿Lo estamos ahora?
