La detención del jefe de la División de Investigación Criminal de Madre de Dios, Manuel Hilario Morillo causa preocupación en autoridades. La trata de personas es uno del principales delitos en la región
El viernes por la tarde un equipo de policías y fiscales acudieron a la oficina del comandante PNP Manuel Hiraldo Morillo Cribilleros, nada menos que el jefe de la División de Investigación Criminal de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios. La finalidad era detenerlo.
Junto con él cayeron otras cuatro personas por el presunto delito de trata de personas y corrupción de funcionarios.La operación también incluyó el allanamiento de varios inmuebles para acabar con dicha organización delictiva.
“Definitivamente es una preocupación lo que ha ocurrido con la detención del jefe de esta división policial. Esperemos que eso no haya sido el motivo para frustrar algunos operativos porque a veces se filtra información”, indicó el Guimo Loayza Muñoz, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios.
En comunicación con El Comercio detalló que esta es la primera vez que se detiene en la región a un alto oficial implicado en el delito de trata de personas. “Eso preocupa a la ciudadanía y al trabajo que se hace para erradicar la trata”, señaló. La operación se realizó en simultáneo en Lima, Huánuco, Pichari y Moyobamba.
Esta presunta organización fue denominada como 'Los Brothers' y estaría conformada por 15 personas.
- Un problema que se mantiene -
La trata de personas es uno de los principales problemas en Madre de Dios, y muy vinculado a la minería ilegal. Tanto es así que, tras el desarrollo de la Operación Mercurio contra esta actividad delictiva, en la zona conocida como La Pampa, los casos por explotación sexual han disminuido respecto a otros años.
"Era la zona que había más bares y establecimientos en los que se cometía explotación sexual. También han sido erradicados junto a la minería ilegal. Eso ha influido que la cantidad se reduzca pero (la trata) se mantiene", indicó Loayza Muñoz.
En lo que va del año se ha rescatado un promedio de 60 víctimas y se ha detenido entre 25 y 30 personas dedicadas a este delito. Estos pueden enfrentar una pena privativa de la libertad entre los 12 y los 25 años. Pero la lentitud de los procesos judiciales, señala el vocero de la Defensoría del Pueblo, ha hecho que desde el 2007 hasta la fecha solo se tenga uno 30 sentenciados.
02 de septiembre 2019
Fuente: El Comercio
