La Policía Nacional del Perú tiene como responsabilidad velar por la seguridad de cada uno de las y los ciudadanos de nuestro país, pero ¿qué pasa cuando las malas prácticas invaden el sistema y demoran procesos que deberían ser más efectivos?
Este es el caso de las personas desaparecidas en el Perú.
Según el Modelo de Cuadro Estadístico de denuncias recibidas y denuncias resueltas a nivel nacional de enero a agosto 2017 por la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se registraron en este periodo 3,709 denuncias por desapariciones a diferencia de los 5,495 registrados en el mismo periodo durante el año 2016.
La relación que existe entre las denuncias por personas desaparecidas y trata de personas es directamente proporcional, al punto en que, la División de Personas Desaparecidas se ha adherido a la División de Trata de Personas. Muchas veces, las víctimas de trata de personas son buscadas a partir de denuncias por desaparición, pues son numerosos los casos en los que, a partir de falsas ofertas de trabajo y otros ofrecimientos tentadores, las víctimas de trata dejan su entorno seguro, sus pertenencias y el lugar donde residen para buscar oportunidades que les permitan obtener algún ingreso económico o mejores condiciones de vida y salir adelante.
Al darse cuenta de esta situación, muchas familias acuden a la comisaría más cercana a sentar sus denuncias por desaparición y es ahí donde empiezan los problemas.
“Seguro se fue con su enamorado, señora”, “la desaparición recién cuenta cuando se cumplen las 48 horas de no saber nada de la persona”, “ese caso no le corresponde a esta zona, vaya a otra comisaría” y otras frases tan hirientes e insensibles como estas son las respuestas que reciben constantemente los familiares de las autoridades policiales, ante la preocupación por el paradero y la vida de sus hijos, hijas o parientes.
Frases infundadas en prejuicios, que denotan desidia para la acción de un departamento de policía que debería ser el primero en investigar para encontrar a las víctimas y a los victimarios y, así, aplicar la justicia como es debido.
No es correcto asumir que las adolescentes buscadas se han escapado con su enamorado y, a partir de eso, dejar pasar el caso. No es correcto, tampoco, explicar a los padres de familia, que ya están preocupados, que deben esperar para sentar una denuncia que, por ley, debería ser recibida y procesada inmediatamente pues es en ese tiempo perdido que los victimarios aprovechan para trasladar a las víctimas de un punto a otro.
Hay que recordar que en el año 2011 se publicó la Ley N° 29685, conocida como la “Ley Brunito”, que nace a partir de la lamentable muerte de un niño autista de 11 años, que fue arrollado por un tren de carga tras deambular varias horas por Santa Clara en Ate. Una acción oportuna e inmediata, como lo señala la Ley que explicaremos, hubiera evitado, posiblemente, esta desgracia.
La mencionada Ley obliga a la PNP a realizar inmediatamente el trámite ante una denuncia por desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física o sensorial en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas; así como enviar una nota de alerta con datos y fotografía de la persona desaparecida a la Direccion de Protección de Carreteras, la Direccion de Defensa Nacional y Control de Frontera, Serenazgo Municipal y Medios de Comunicación, entre otros, para que contribuyan con la labor de búsqueda. La ley señala además que “La Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad, dirige de manera inmediata las acciones de búsqueda y localización de las personas desaparecidas y coordina con dicha finalidad con las diferentes entidades públicas y privadas”.
El cumplimiento estricto de esta Ley, también contribuiría a evitar que menores de edad sean víctimas de explotación sexual, laboral u otras formas de trata de personas a manos de las redes de tratantes.
Existe también un portal web, Peruanos Desaparecidos (http://www.peruanosdesaparecidos.org), donde la PNP sube fotos y datos de las personas desaparecidas con el objetivo de difundir la búsqueda por más medios.
Lamentablemente, se puede apreciar aquí otro cúmulo de malas prácticas, ya que esta información no siempre se sube a tiempo. De subirse a tiempo, no siempre cuenta con la información correcta (a veces hay errores de edad, de sexo, del número del documento de identidad, etc.). Y, recurrentemente también, la información que se mueve con más agilidad es la de Lima. Son pocos los casos de provincias que salen a la luz a partir de este medio.
Corresponde, entonces, que la PNP asuma con mayor responsabilidad y fortaleza su compromiso por velar por la real seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas del Perú y que se les exija, en todas las regiones, el cumplimiento de sus competencias como es debido.
