¿Cuál es el panorama general que recibe al nuevo gobierno sobre trata de personas?
Esta marcado por, cuando menos, tres características. En primer lugar, escasa información que permita conocer al Estado no solo los casos denunciados, sino otros datos relativos a los contextos de riesgo donde se realiza la trata de personas en sus diferentes modalidades. Hay un esfuerzo importante de organizaciones de la Sociedad civil para ello, pero es central que el compromiso lo asuma el propio Estado. En segundo lugar, que las intervenciones estatales no solo parecen estar poco articuladas intersectorialmente, sino que muchas de ellas carecen de capacidades suficientes para poder responder de forma rápida, certera y sostenida a un delito de configuración compleja como el referido. Esto se da en contraste con, en tercer lugar, una mayor corriente de opinión pública que demanda tener respuestas efectivas.
Según el Ministerio Público, en el 2015 se han registrado alrededor de 900 casos de trata de personas, sin embargo, en ese mismo año, solo 2 personas han sido sentenciadas por el Poder Judicial. ¿Cuáles serán los retos para el Ministerio Público y Poder Judicial si se apunta a una “justicia reformada” de acuerdo a lo señalado por el presidente Kuczynski durante su primer mensaje?
No hay que perder de vista que la respuesta a este fenómeno debe ser sistémica. Ello implica pensar el trayecto completo de las rutas de atención a estos fenómenos y no solo las intervenciones concretas. Así se hace evidente como un problema en un punto de la ruta repercute en el resto del trayecto. Por ejemplo, en diálogo con operadores policiales, nos han señalado que un gran problema para el proceso es la disponibilidad de espacios adecuados para la entrevista única, más aun si se toma en cuenta el breve tiempo del cual se dispone para entrevistar a las víctimas. Es muy complejo construir un caso adecuadamente en esas condiciones. El reto no es solo para el sistema de justicia, sino para todas las agencias estatales involucradas.
¿Cuáles serían los primeros tres puntos que debe abordar el nuevo gobierno en relación a la lucha contra la trata de personas?
En primer lugar, es clave la generación de información para la toma de decisiones estratégicas, pero también tácticas. Ello no solo pasa por producir datos sobre la magnitud del fenómeno, sino información sobre los patrones de organización y, especialmente, sobre los contextos de riesgo. En segundo lugar, a partir de estos datos, se debe pensar las rutas de atención como sistema de integración de las agencias estatales. En el primer y segundo caso es muy importante pensar en las particularidades de cada modalidad de trata de personas. En tercer lugar, pensar en intervenciones cortas y de impacto, que validen el funcionamiento de los servicios en la rutas de atención y que permitan posteriormente extenderlo. En todo este panorama es importante no pensar solo en el delito una vez configurado, sino también en los contextos de riesgo donde este se manifiesta.
¿Por qué es importante un trabajo multisectorial e interinstitucional para combatir el delito de trata de personas?
Por una razón muy sencilla y evidente: la configuración de fenómenos de esta naturaleza trasciende al delito en si mismo. En esa línea, no solo importa la interacción en la persecución y sanción del delito, sino particularmente en la prevención del mismo. Ello pasa por, por ejemplo, atender a los contextos de riesgo donde este se configura. Mientras existan escenarios donde sea posible la trata de personas, como por ejemplo los bares en lugares donde se práctica la minería ilegal, es posible que el control de otros aspectos (la captación, el traslado, los engaños, etc.) resulte poco efectivo.
