Editorial N° 184: INVERSIÓN PARA ENFRENTAR TRATA DE PERSONAS SE CONSIDERA EN PLANES DE GOBIERNO DE PERUANOS POR EL KAMBIO Y FUERZA POPULAR

Jeremy Mac Gillivray, Oficial de Desarrollo de Proyectos en OIM – Perú
Durante los últimos meses se han expuesto, a través de diferentes medios, variada información con respecto a propuestas de políticas para los próximos cinco años de gobierno, consideramos clave que en ellas se aborde la trata de personas y las estrategias propuestas para combatirla.
Después de un detallado análisis a los 19 planes de gobierno, comprobamos que solo algunos de ellos incluyeron a la erradicación de la trata de personas y sus delitos afines como materia de trabajo.
En este sentido, consideramos positivo que tanto Peruanos Por el Kambio (PPK) como Fuerza Popular (FP), partidos que pasaron a la segunda vuelta electoral, hayan realizado propuestas interesantes para la lucha contra este delito porque sabemos que el trabajo del gobierno sobre la prevención, protección, persecución y sanción para enfrentar la trata de personas requiere especial atención y compromiso para que sea efectiva, aún más si consideramos que este delito es casi tan rentable como el tráfico de drogas, y que en nuestro país existen alrededor de 5,400 víctimas, de las cuales el 79% son mujeres y más del 56% menores de edad.
De esta síntesis a los planes de gobierno, nos queda claro que el enfoque de abordaje sobre trata de personas que han realizado los partidos políticos PPK y FP, ha sido en el marco del crimen organizado (Ley 30077), que refiere expresamente al tráfico ilícito de drogas, sicariato y lavado de activos como los flagelos más preocupantes.
Si bien las propuestas planteadas son importantes, se evidencia que para el desarrollo de ellas, debe considerase un enfoque de integración; por ejemplo, el partido PPK plantea la prevención y protección a las víctimas de trata sin mencionar estrategias que a largo plazo implique la restitución de todos los derechos que ellas poseen; por otro lado sobre el tema presupuestal, propone el financiamiento del diseño e implementación para el Plan de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2016-2021, que deberá implicar además el monitoreo del gasto no solo a nivel central sino en el marco de la descentralización así como la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante el Congreso de la República, que durante el año 2015 no se ha realizado a la fecha.
Por su parte, el partido FP plantea la creación de una instancia de coordinación del más alto nivel que vigile y exija el cumplimiento del PNAT, que llevaría a garantizar los recursos provenientes del presupuesto de la República.
Sobre la difusión de información que apunta a la prevención del delito, los dos partidos políticos proponen campañas de lucha contra la trata de personas dirigidas a la población general, sin embargo lo que se requiere son intervenciones integrales desde los sectores del Estado en relación a esta propuesta; por ejemplo, habría que evaluar el nivel de conocimiento sobre el tema por parte de los funcionarios del Estado que tienen la responsabilidad de abordar este problema social y no solo enfocarse en la prevención como acciones puntuales y aisladas de difusión masiva de información.
Finalmente, en cuanto al análisis del delito en el contexto minero, solo el plan de gobierno de PPK considera el DS 003-2014 PCM que aprueba la Estrategia Nacional para la Minería Ilegal ya que en su artículo primero realiza una mención a los delitos conexos a esta actividad entre los que se encuentra el delito de trata de personas pero, no plasma en su documento la realidad circundante a los campamentos mineros y la que se vive incluso dentro con la explotación de tantas niñas y mujeres víctimas de trata en prostibares, o de la explotación laboral de niños y adolescentes varones en los huecos para extracción de minerales. Visibilizar esta realidad ayudará a que el próximo gobierno tome medidas efectivas para combatir la trata de personas en regiones como Madre de Dios o Puno.
Desde CHS Alternativo consideramos que ante todo, la lucha contra la trata de personas se inicia al asegurar la voluntad política del nuevo mandatario(a) para que a nivel nacional se asignen los recursos necesarios para enfrentar este delito, y que se exija a los sectores involucrados que las acciones sean diseñadas y ejecutadas con medición de resultados y posibilidades de réplica en las regiones y localidades asegurando el cumplimiento de los lineamientos que manda el PNAT y que se evalúa y/o reformula cada cinco años.
Aseguramos que como sociedad civil, continuaremos con nuestro rol de vigilancia y promoción de políticas públicas a nivel nacional, buscando acercar a la ciudadanía al Estado, y evidenciando el impacto real de la gestión de turno sobre la trata de personas a través de auditoría social a la gestión pública, siendo conscientes que el enfrentamiento a este delito depende de todos los involucrados, y será resultado de un trabajo conjunto y articulado.
Fuentes:
  •  Cifras estimadas por proyección en base a data del Observatorio de la Criminalidad – MP, 2009 – 2015.
  •  Decreto Supremo 003-2014 PCM. Art 1. Apruébase la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, con el objeto de erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir significativamente, los delitos conexos a esa actividad, entre ellas, la trata de personas, evasión tributaria, daño ecológico, y otros, en todo el territorio nacional
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Editorial N° 183: GUINEANOS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS SE ENCUENTRAN DESAMPARADOS

El 11 de octubre de 2014, Mohamed Bah, Bailo Diallo y Bjibril Camara llegaron a Perú provenientes de Guinea en África. Fue un acontecimiento público pues se presumía que Mohamed era portador del virus del Ébola. Sin embargo, pocos días después, personal del Ministerio de Salud confirmó lo contrario.
Si bien las condiciones de salud de Mohamed llamó la atención, también lo hizo que él y sus compañeros fueran trasladados de Guinea a China, despojados de sus pasaportes en una embarcación pesquera, por una oferta laboral fuera de su país de origen, características propias de las víctimas de trata de personas. Es así que la Defensoría del Pueblo solicitó la apertura de una investigación penal ante la probable comisión de delito de trata de personas, y la Octava Fiscalía Penal del Callao decidió abrir investigación preliminar, solicitando el ingreso de los guineanos al Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos en octubre de 2014.
Cabe resaltar que en nuestro país, bajo el DL 1236, existen calidades migratorias para víctimas de este delito; sin embargo, no se les otorgó la visa respectiva aduciendo que debían esperar el reglamento de la Ley. Por ello, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVT) recomendaron a los ciudadanos guineanos solicitar ser reconocidos como personas refugiadas, lo que es permitiría mantener un estado migratorio regular como solicitantes de asilo hasta que se defina su situación.
En agosto de 2015 se creó la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en el Callao (FISTRAP), que asumió el caso en setiembre de ese mismo año. Sin embargo, sólo dos meses después, la FISTRAP del Callao comunicó a la UCAVT su decisión de retirar la medida deprotección que permitía que Mamadou Diallo y Bjibril Camara estuvieran dentro del programa, por encontrarse laborando como vigilantes del edificodonde habitaban y enviando dinero a sus familias. La FISTRAP del Callao, porestas circunstancias, consideró que no corrían riesgo en el país. En el casode Mohamed Bah, éste fue internado en una clínica psiquiátrica debido al estado mental en que se encontraba y a la fecha continúa internado.
Debido a que esta medida colocaría en situación de riesgo a los ciudadanos guineanos, el 14 de diciembre de 2015, de acuerdo a la de la Defensoría del Pueblo,  la UCAVT solicitó a la FISTRAP del Callao la reconsideración de su decisión. Sin embargo, el pedido no tuvo repuesta positiva y días después se procedió a desalojar a Mamadou Bailo Diallo y Bjibril Camara del alojamiento que ocupaban, obligándolos a buscar albergues provisionales.
Entre enero y marzo de 2016, la Defensoría del Pueblo retomó protagonismo en el caso y solicitó apoyo para colaborar con la situación de desamparo de ambas víctimas de trata de personas. CHS Alternativo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), asumieron los gastos de alimentación y alojamiento, además la Defensoría del Pueblo continúa realizando monitoreo constante de su situación.
La Defensoría del Pueblo harealizado múltiples intentos por resolver esta situación, entre ellas, solicitar la intervención de la Comisión Multisectorial de Trata de Personas y, la aplicación del DL 1236 vigente a Migraciones. En ambos casos la respuesta ha sido negativa por considerarse, en el primer caso, que ese no era el espacio para tomar decisiones sobre casos concretos; y, en el segundo caso, porque según Migraciones, mientras no se reglamente el DL 1236, no es posible aplicar las categorías y calidades nuevas, a pesar que durante más de dos décadas la anterior ley de migraciones se aplicó sin reglamento.
Esta situación nos resulta inverosímil ya que existen varias soluciones que se pueden adoptar si existiera voluntad política. La más efectiva e inmediata implicaría una decisión del Superintendente de Migraciones Boris Potozen que aplique el título preliminar de la referida norma y otras disposiciones de la misma, para otorgar el estatus migratorio a los ciudadanos guineanos. Por supuesto, también podría aprobar una Resolución que regule las calidades migratorias y obviamente podría solicitar  la reglamentación de la Ley.
Otro problema a resolver es la decisión de la FISTRAP del Callao, que debería reconsiderar su decisión y volver a emitir la medida de protección que impedía dejar en una situación de desamparo a estas víctimas de trata.
Como sociedad civil nos preocupa el letargo y la poca voluntad política de las instituciones del Estado para actuar con sentido de protección ante las víctimas de trata de personas, esperamos que se llegue a una decisión que realmente reconozca los derechos inherentes a los ciudadanos guineanos que se encuentran en nuestro país y así se generare una precedencia para próximos casos similares.
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PNP y Ministerio Público de Iquitos sensibiliza a comunidades nativas sobre Trata de Personas



Los días 22 y 23 de febrero se realizaron charlas de sensibilización en la temática de trata de personas, delitos afines y explotación laboral infantil dirigida a los animadores cristianos de la cuenca del rio Momón, Nanay y Amazonas.


Las charlas se llevaron a cabo en el auditorio de la parroquia “San Pedro Pescador” ubicado en el distrito de Punchana y fue realizado gracias a la colaboración de la Policía Nacional del Perú, representado por Ismael Vasquez, SOB PNP, Rocio Saavedra Pezo, SO3 PNP y Catherine del Pilar García Huayanay, SO3 PNP; y de la Fiscalía Provincial de Maynas, representado por la Dra. Paola Hittscher, quienes accedieron gustosamente a la invitación hecha por el párroco R.P. Radoslaw Jan Zawadzki. 

En dichas actividades estuvieron presentes un total de 30 personas entre mujeres, varones y niños de las comunidades nativas de Almirante Grau, Sargento Lores, Santo Tomás, Nuevo San Antonio, Nuevo Paraiso de la Cuenca del Río Momón, comunidad de San Pedro de Huashalara, Carococha, Santa María, Fray Martín, Santa Martha de la cuenca del Rio Amazonas, Padre Cocha cuenca del Rio Nanay, así como también del Asentamiento Humano “Iván Vasquez” y “Nueva Unión” del distrito de Punchana, quienes observaron imágenes y videos de casos reales sobre estas problemáticas.

En cuanto a la temática de prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes – ESNNA, se habló sobre el Movimiento Vuela Libre y la campaña Cárcel que tiene la finalidad crear conciencia a turistas y viajeros nacionales y extranjeros, así como a prestadores de servicios turísticos sobre los riesgos de penalización para aquellos que exploten sexualmente a niñas, niños o adolescentes, asimismo se hizo entrega a los asistentes materiales impresos tales como afiches y stickers sobre la campaña y el movimiento.

Fuente: CHS Alternativo
 
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II Encuentro Interregional Sur


II Encuentro Interregional Sur

Este II encuentro interregional “Avances, Concertación y Propuestas en la lucha contra la Trata de Personas” se llevó a cabo en Puerto Maldonado el 02 y 03 de Marzo de 2016. Se realizó como la continuidad de I Encuentro realizado en Cusco en el mes de abril de 2015, para dar continuidad a las propuestas y compromisos realizados.

Objetivo general:

Identificar, concertar y difundir las propuestas articuladas y visiones comunes entre Estado y sociedad Civil en relación a los avances elaborados a la fecha en torno al tema de trata de personas, ESNNA, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas para posicionarlos como parte de la Agenda Nacional.

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