25 de enero de 2016

Juan José Garrido: Todos tenemos que dar la batalla

Conversando con un amigo mexicano que radica en Lima hace 5 años, me suelta una frase concluyente: “Los veo a ustedes encauzados en el mismo camino que seguimos nosotros hace unos años”. Se refiere, cómo no, a la delincuencia y todo lo que rodea el crimen organizado. “Así empezó en mi Estado: primero aparecían delincuentes muertos, había balaceras, uno que otro negocio era extorsionado, y siempre las autoridades minimizaban los hechos. Después ya era tan evidente e inmanejable que no había nada que hacer”.

Y pienso: ¿estamos a tiempo de hacer algo? ¿Estamos en ese espacio que se denomina “aún”?

Lo de Oropeza fue, sin duda, una llamada de atención a la gran Lima. Antes de ese hito los medios veníamos alertando del aumento del sicariato, las extorsiones y demás crímenes ligados al narco; explicamos, en distintos informes, cómo dichas actividades delictivas venían bajando por la costa (primero fue La Libertad, luego Lambayeque, luego Áncash). El espectacular ataque a la camioneta Porsche y la serie de ajustes posteriores dejaron claro que la cosa venia en serio. Corrijo: que sigue en serio.

Hoy, en pleno estado de emergencia en el Callao, la cosa sigue igual, si no peor. Según las autoridades, la medida está funcionando; pero la realidad dice que no: los asesinatos siguen a la orden del día, basta leer las noticias y, sobre todo, hablar con gente de la zona. Durante esta semana conversé con algunos entendidos, y mis sospechas fueron corroboradas. “Lo del Callao se salió de las manos. Nadie puede pararlo.”, me dijo uno.

Según el análisis de uno de los entendidos, el problema es mucho mayor de lo que aparenta. El Callao no solo es un puerto de salida de la cocaína hacia los principales mercados, sino también área geográfica de un complejo ecosistema de actividades ilegales: menudeo de drogas (con lo cual los narcos ganan adeptos para sus causas), tráfico de terrenos, extorsión, refugio de sicarios, compra y venta de armas, prostitución y trata de personas, entre otros. Y están involucradas, por supuesto, casi todas las instituciones, personas, empresas instaladas (y hasta las que no se imaginan).

Una reciente publicación de Cedro (“El problema de las drogas en el Perú, 2015”) brinda valiosa información para entender el problema. Primero, y fundamental, es el aspecto económico: lo que en Perú vale $1 el gramo en la selva y $4 en la capital, en Estados Unidos vale $120, en Italia $91 y en España $79, en Rusia $174 y en Nueva Zelanda $179. Con esos márgenes, como imaginarán, aquellos con agallas y sin escrúpulos encuentran los incentivos para ingeniárselas e intentar romper el esquema. Nuestra precariedad institucional funciona, a partir de ahí, como un aliado incondicional. La paupérrima calidad educativa y un mercado laboral mayoritariamente informal aportan la mano de obra barata y necesitada por millares. La pregunta no es cómo llegamos a esto, sino por qué no es más grande el problema.

Por cierto, la data sostiene una disminución en la superficie de cultivos de coca en los últimos años (de los picos de los noventa –129 mil hectáreas– se logró bajar hasta las 38,700 en 1999; desde ahí no hemos bajado de 42,900). Durante los últimos 4 años la extensión bajó de 62,500 (2011) a las 42,900 actuales, de las cuales más de la mitad se concentran en dos áreas muy cercanas: Vraem y La Convención. Ya no es, además, solo coca y sus derivados; ya tenemos grandes plantaciones de amapola (lo que choca con otra actividad importante para nuestro desarrollo: la minería), y el ingreso de drogas sintéticas del extranjero.

Enfrentar el problema requiere una visión multisectorial que atraviese además las fibras políticas y sociales. Si bien es cierto que es el Estado el primero a oponerse en teoría, ya sabemos que en la práctica están infiltrados y será difícil dar la batalla. Otros actores sociales tienen mucho por hacer, partiendo por el núcleo central: la familia. Investigar, educarse, informar, transmitir ideas y consejos, apoyar a aquellos que lo necesiten. El consumo de cocaína y PBC es aún bajo (en comparación con otros países) y la tendencia reciente va en declive. No así en la marihuana: su consumo aumenta desde el 2010 y la tendencia es preocupante (para empezar porque muchos la consideran una droga recreativa, no obstante los daños irreparables que causa a nivel neurológico y del sistema nervioso).

Todos debemos aportar en algo en la lucha contra las drogas. No esperemos que alguien cercano caiga en sus redes, o peor aún, muera por ellas.


http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-todos-tenemos-que-dar-batalla-2237325