La Defensoría del Pueblo, la Dirección de Trabajo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) firmaron un pacto en el cual se comprometieron a luchar contra la trata de personas.
El pacto busca eliminar dicho delito, más conocido como la esclavitud del siglo XXI, y evitar la explotación de niños, niñas adolescentes, quienes son utilizados como mercancía, por medio de engaños, amenazas, coacción y violencia física y psicológica, vulnerando el derecho fundamental de la libertad.
Como se sabe, en Tumbes existen indicios de la trata de personas y con el pacto se pretende trabajar articuladamente.
