Uno de los peores crímenes que se cometen extensamente en nuestro país es la trata de personas. Paradójicamente, es uno de los menos conocidos por la opinión pública e inclusive por los profesionales especializados en el derecho o el orden público. Sin embargo, los criminales que lo perpetran conocen muy bien cómo llevarlo a cabo y han desarrollado el modus operandi necesario.
La figura delictiva ha sido delineada claramente por el Protocolo de Palermo. Consiste en hacer negocios sobre seres humanos para obtener beneficios de su explotación sexual, laboral o de la venta de sus órganos en el mercado negro de los transplantes. Se trata de un crimen que agrede los derechos más elementales de la persona. Es la versión contemporánea de la servidumbre y la esclavitud de los siglos anteriores. Pues, si alguien no lo cree, en el mundo de hoy sigue existiendo el trabajo esclavo, la prostitución forzada, la compra-venta de personas. Miles y miles de personas en el mundo son víctimas de este tráfico alrededor del cual se han constituido poderosas organizaciones criminales. Según UNICEF, más de 2.5 millones de personas en el mundo están sometidas a explotación sexual y trabajo esclavo como consecuencia de la trata. Las víctimas mayoritarias de este crimen son las mujeres (59%), las niñas (17%) y los niños (10%).
Nuestro país no es ajeno a esta terrible realidad; por el contrario, es uno de los escenarios donde se desarrolla y donde es necesario combatirla sin tregua. Según los estudios realizados a nivel internacional, el nuestro es un país de origen, tránsito y destino de las víctimas de la trata. La Policía Nacional ha constituido una división especial para combatir este crimen, la DIVINTRAP. En los últimos tres años (2011-2013) investigó 642 casos de trata, permitiendo rescatar a 2 051 víctimas de explotación sexual y laboral, entre ellas 2 001 mujeres y 172 menores de edad, y detuvo e investigó a 775 presuntos tratantes. No obstante, los resultados son mínimos en comparación con las dimensiones que ha alcanzado esta modalidad criminal.
El Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales, acaba de publicar un Reporte Ciudadano sobre la trata, que da cuenta de la escasa respuesta de los órganos del Estado a las correctas y urgentes recomendaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo en 2012 para hacer frente a este flagelo, al tiempo que examina los principales enfoques para el abordaje de la política pública en este delicado ámbito, y presenta los estándares internacionales sobre asistencia y protección en favor de víctimas, especialmente en asuntos que competen y/o en los cuales participan autoridades policiales. Todo ello en el interés de contribuir así a la acción inmediata y vigorosa del estado y toda la sociedad para poner atajo a este crimen.
Con el valioso apoyo canadiense, IPRODES ha publicado también una Guía amigable del “Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas, por parte de la Policía Nacional del Perú”. Su propósito es el de facilitar la comprensión de la norma, su aplicación por los operadores a las circunstancias particulares de cada caso y, en general, orientar la actuación del personal de la PNP involucrado en las distintas instancias del proceso de atención y protección de víctimas y testigos de trata de personas. El Protocolo y la Guía, bien usados, evitarán que se sigan presentando inaceptables casos de revictimización.
