Se estima que en nuestro país existe un total de 110 mil niños trabajadores del cual el 65% es migrante del interior, en algunos casos debido a que sus padres los abandonan por un trabajo y en otros a que los mismos niños escapan de abusos y atropellos.
Empero, en estos meses la cifra aumenta gracias a las vacaciones escolares. Sobre este problema, LA PRIMERA dialogó con la directora de Programas de la ONG Save The Children, Ana María Márquez, quien hizo hincapié sobre las ausencias de programas alternativos de desarrollo infantil.
“Hay pequeños estudios que datan sobre un alarmante aumento del trabajo infantil en estas épocas, por ejemplo en el Mercado de Frutas de La Parada el número de niños que trabaja allí aumenta en época de vacaciones de manera considerable. Es muy probable que no sólo en Lima se desarrolle este incremento, el problema es que los niños de sectores populares y de comunidades andinas no tienen oportunidades de realizar actividades que no sean riesgosas”, afirmó Márquez.
Pero, ¿dónde están las autoridades que regulan este tipo de migración infantil? “Existen normas que obligan a todos los medios de transportes que los niños viajen con sus padres o estén debidamente identificados. Ahora todos los infantes tienen un DNI y los que no, deben viajar acompañados o con un permiso notarial que permita su traslado junto a un adulto. Eso se requiere en las zonas rurales, allí debe existir una mayor vigilancia y control, especialmente por los casos de trata de niñas. La norma existe, los organismos existen que es la Policía y el Ministerio de Transportes, pero no hay capacidad para garantizar que esta vigilancia se cumpla”, sostuvo la especialista.
Afirmó que las causas de este problema son: precariedad en las familias, necesidad, y por otro lado hay situaciones de violencia que empujan al niño a situarse con gente que los maltrata. “No hay acciones en programas de barrio, no hay oportunidades de desarrollo alternativo, los municipios no asignan recursos para una generación vocacional o recreativas”, afirmó.
Aunque se conoce que existe el programa Yachay del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), la especialista consideró que “es importante que mejore su capacidad de cobertura en otras localidades del país, pues no se están involucrando los gobiernos locales, la mayoría de actividades está centralizada y se necesita más servicio a nivel de comunidad y familia”.
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