Explotación de personas avanza ante la ausencia de respuestas del gobierno peruano


En total, el 52,7% de los peruanos perciben que la explotación del trabajo es más común que la explotación sexual en el país. Esta estadística se encuentra en el último estudio elaborado por la organización Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, basado en el primer estudio nacional en el área urbana de Perú sobre el tráfico de seres humanos. 

Éste es entendido como la explotación de la persona, sea sexual, laboral o para otros servicios, mediante acciones como amenaza, rapto, engaño o abuso de poder.

Los datos contrastan con las estadísticas oficiales sobre ese tipo de delito. El Registro Estadístico de Tráfico (RETA) afirma que el 59,2% de los casos registrados se refieren a explotación sexual y el 23% son de explotación de trabajo. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público establece que de los casos atendidos entre 2011 y 2012, el 41,23% corresponde a explotación sexual y el 16,68% a explotación de trabajo.

En el documento también se muestran los índices presentados en mayo de 2013 por el Sistema de Información Estratégica sobre el Tráfico de Personas (SISTRA), elaborado por el Ministerio Público y que reveló que 1548 casos de tráfico de seres humanos se registraron entre los años 2007 y 2013 a nivel fiscal, de los cuales el 57% de las víctimas tenían entre 13 y 17 años, el 85% eran mujeres y que el 54% fue captada a través de falsas ofertas de trabajo.

Actualmente, de acuerdo con el CHS Alternativo, la extensión del problema se encuentra asociada a una serie de factores económicos, sociales y culturales. En muchos casos, está vinculada a otros delitos, como minería ilegal, narcotráfico, contrabando y terrorismo. También se encuentra asociado a zonas urbanas o semiurbanas donde hay un gran movimiento económico formal o informal. La organización constató que la explotación de personas avanza en Perú ante la ausencia de respuestas y de la falta de investigaciones sobre las condiciones de trabajo por parte del Estado.

El estudio estuvo enfocado en los ciudadanos y ciudadanas peruanos de todas las regiones del país, a fin de saber con mayor precisión qué piensan y qué sienten en relación con el tráfico de seres humanos. Los organizadores de la investigación también desarrollaron informes periodísticos para cada región, con el propósito de dar cuenta de la realidad de los números que aparecían en el documento y que reflejan el pensamiento de las personas sobre el asunto.

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