En La Rinconada hay 4 mil 500 menores de edad que son explotadas sexualmente


Una investigación de la Policía Nacional, realizada durante siete meses, confirmó una realidad que era vox populi: La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, es el mayor centro de trata de personas en la región Puno. En esta zona alejada la actividad que mueve toda la parafernalia comercial y de servicios, es la minería informal.

El informe “La Rinconada 2012” es contundente. Precisa que en el lugar existen más de 200 locales rústicos de expendio de cerveza donde explotan sexualmente a más de 4 mil 500 menores de edad.

El trabajo de las féminas consiste en "colocarse de manera provocadora en la puerta de los establecimientos para captar clientes", a quienes les ofrecen su compañía a cambio del consumo de cerveza. Para que la menor acceda a tener relaciones sexuales el cliente primero debe haber consumo mínimo una caja de cerveza.

El negocio es floreciente. Un par de cervezas llega a costar 16 soles, de los cuales tres le corresponden a la menor que logró seducir al cliente. La diferencia es ganancia de la tratante.

Para que el cliente pueda sacar del local a la menor debe pagar 300 soles en la barra, pero solo 100 le corresponden a la dama de compañía. Los otros 200 soles terminan en bolsillo de la propietaria del establecimiento, supuestamente por el alimento y el techo que les brindan.

El diagnóstico fue elaborado por agentes de la Oficina Regional de Inteligencia y efectivos de las comisarías de Ananea y La Rinconada. Desde junio último, los agentes seleccionados para el trabajo ingresaron camuflados a esta “zona rosa” y verificaron semana a semana el modus operandi de las organizaciones dedicadas a la trata de blancas.

El alcoholismo y la prostitución están siempre ligados a la actividad minera informal. Según el documento policial, estas malas costumbres están relacionadas con una vieja leyenda: los mineros creen que si no son borrachos y no tienen varias mujeres, sobre todo menores de edad, el oro no aflorará a la superficie.

El informe detalla además que es difícil penetrar en la zona porque los mineros salen en defensa de los tratantes. Se habría detectado que las menores están aleccionadas para hacer resistencia a las intervenciones policiales. La mayoría de víctimas son de localidades pobres de la sierra sur peruana. Solo un 40% procede de Bolivia.


ZONA LIBERADA

La información recogida por la Policía refiere además que este lugar es territorio liberado, donde es difícil efectuar operativos dirigidos a frenar este flagelo, por lo organizadas que se encuentran las personas que se dedican a la trata de personas.

El alcalde de La Rinconada, Yack Mamani Yucra, admitió la existencia de locales de dudosa reputación, pero dijo que en su administración se han reducido considerablemente. Recordó que es imposible imponer orden porque se ha convertido en un lugar peligroso, donde impera la ley del más fuerte.


Crearán comisión multisectorial contra la trata de personas 

En lo que va del año, se ha logrado recuperar a 5 menores de edad en La Rinconada que escaparon de sus explotadores. Nueve personas fueron detenidas, 7 de las cuales vienen afrontando un proceso judicial en prisión en las cárceles de Juliaca y Puno.

El cónsul de Bolivia en Puno, Eloy Poma Machaca, que integró operativos para recuperar a sus connacionales, consideró que el problema de La Rinconada debería ser abordado con mayor empeño.

A iniciativa de la consejera por Puno, Zarela Pineda, se creará una comisión multisectorial para hacerle frente a las organizaciones de tratantes en La Rinconada. Habrá mayor control para evitar que menores circulen sin autorización de sus padres y se implementará la erradicación de locales.

Link:

http://www.larepublica.pe/25-12-2012/en-la-rinconada-hay-4-mil-500-menores-de-edad-que-son-explotadas-sexualmente
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Entrevista (Reporte Alternativo Nº 112):"No se está actuando para recuperar a la víctima en el terreno emocional, en el terreno de su dignidad"


El pasado 12 de diciembre se realizó la presentación de las dos últimas publicaciones de CHS Alternativo. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del Dr. Eduardo Vega, Defensor del Pueblo (e), a quien aprovechamos en hacerle algunas preguntas.

¿Considera que las publicaciones presentadas constituyen una herramienta en la erradicación del delito de trata de personas?
Desde luego, tanto la publicación de la “Agenda Pendiente”, así como el “Tercer Balance de la Implementación de la Ley 28950 y su Reglamento” son informes muy profesionales, detallados, exhaustivos y que ponen de manera muy objetiva los avances, así como las tareas pendientes en esta materia.

El principal aporte de estas publicaciones reside en la información que nos servirá de insumo para poder abordar las medidas correctivas en la lucha contra la trata de personas. Se pueden resumir en tres temas centrales en los cuales debemos estar abocados, el bajo conocimiento de las autoridades, los instrumentos de atención, asistencia y protección a víctimas.

¿En qué nivel de conocimiento se debe trabajar con las autoridades?
Se debe trabajar en un nivel de sensibilidad, conocimiento y compromiso de las autoridades, que sean conscientes que este es un tema central en la agenda peruana y que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para combatirlos.

Así como lo mencionamos en el Informe Defensorial 158, las victimas de trata tienen rostro de mujer, de adolescente y esto tiene que ver con la discriminación hacia estas niñas por la falta de oportunidades laborales y sociales. Este tipo de información debemos difundirla para que se tenga conciencia de las características del delito.

Muchas veces la tarea se dificulta cuando por ejemplo, no hay un registro oficial en funcionamiento, ¿cuán importante es que el RETA funcione?
Este tema tiene que ver con los instrumentos de atención a este flagelo. Ahí el tema central es que no contamos en este momento con una base de datos confiable, el RETA no funciona como quisiéramos, ha sido terrible constatar que no funciona por falta de internet en muchas comisarías y esto da cuenta de la precariedad con la que se atiende este problema en el país, eso no debería estar sucediendo.

Uno de los puntos que resalta el balance realizado, es la poca ejecución de acciones en la asistencia y protección a víctimas, en la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo?
El tema de la protección es un tema muy especial, lamentablemente lo que se ha constatado es que existe todo el sistema normativo para proteger a las víctimas, pero en la práctica no se está aplicando, y al no aplicarse estamos causando un doble daño, las víctimas tienen temor de seguir declarando en estos procesos y por lo tanto, se pueden frustrar, así como archivar o absolver a estos tratantes. Por otro lado, no se está actuando para recuperar a la víctima en el terreno emocional, en el terreno de su dignidad.

¿Cuál es el factor principal para que las entidades estatales no cumplan con sus responsabilidades establecidas en la Ley 28950 y su Reglamento?
Hay una precariedad económica, yo he visto unidades policiales que no tienen los recursos logísticos-humanos suficientes, el sistema de protección yo siento que ahí hay un esfuerzo que se hace, pero quizá también está faltando mayores recursos para que se asignen y se cumplan con las responsabilidades en la protección y asistencia a víctimas.

A partir de lo recogido en este balance, ¿Cuáles son las medidas a tomar que impulsará la defensoría en su rol de vigilancia?
Lo primero después de esto es tener una reunión en la comisión multi-sectorial, tener un momento de reflexión y precisar acciones, este tema requiere mucha coordinación, pero la coordinación no solo queda en una buena reunión, sino la coordinación en cómo se entrelazan en los distintos instituciones, la policía con el Ministerio Público o con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por ejemplo nosotros hemos pedido que se incluya a otros ministerios como el MIDIS por el tema de oportunidades laborales, así como al MTC porque como bien sabemos en el Perú unos son los lugares, otros son los lugares de captación y explotación, entonces ahí hay un tránsito de las víctimas desde zonas como Iquitos o Ucayali  que son llevadas hasta lugares como Lima, Cusco o Madre de Dios.

Entonces tenemos que articular mejor estos esfuerzos para tener resultados concretos en la disminución de los casos de trata, así como brindar una mejor protección a las víctimas y sancionar a los explotadores de este delito.

Reporte Alternativo
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Editorial Reporte Alternativo Nº 112: Un nuevo año, renovamos nuestro compromiso


A través del boletín "Reporte Alternativo", hemos acercado a usted nuestras opiniones y reflexiones sobre la situación de la trata de personas en el Perú. No hemos dejado de manifestarnos en ningún momento, hemos visto nacer leyes, reglamentos, disposiciones legales en general, hemos visto el desarrollo de las políticas públicas, cambio de ministros, congresistas, funcionarios públicos, quienes en su momento tuvieron que enfrentarse al delito, a veces intuitivamente, desde las obligaciones que su cargo les generaba.

Son algo más de cuatro años de opinar, reflexionar e insistir que es preciso despertar del aletargamiento en que la impronta histórica parece habernos sumido al aceptar las más crueles
formas de explotación, como situaciones que se dan cotidianamente en el Perú y el mundo.

Este trabajo, que inició en el 2008, nos motivó a preparar para este año una publicación donde recogemos los mejores aportes de cada una de las entrevistas y editoriales preparadas quincenalmente para usted.

Nuestra publicación Trata de Personas en el Perú: agenda pendiente 2013 - 2016, recoge lo que consideramos los pendientes que tienen el Estado y la sociedad civil para enfrentar la trata de personas en el Perú.

Nuestra propuesta no parte sólo desde el Estado y la política pública, sino desde diversos ejes temáticos, como la ejecución de la estrategias de prevención, el sistema de asistencia y protección de las víctimas, los ingresos que generan la explotación y demanda de los “servicios”, la informalidad y los mecanismos de control de la trata, el problema de seguridad ciudadana, el registro del delito, la corrupción relacionada a la trata, hasta las migraciones y el cambio climático.

De esta manera señalamos las barreras que existen para frenar este delito, que es el segundo más lucrativo luego del narcotráfico, como la falta de presupuesto para la prevención, el desconocimiento por parte de las autoridades competentes sobre el tema de trata de personas en todas sus variantes, ya sea como explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, tráfico de migrantes y la falta de un sistema de monitoreo de los casos a nivel nacional.

El gobierno debe poner en agenda este problema social que se entrelaza con otros delitos como la corrupción, la falsificación y la informalidad. Los puntos principales que se recomienda al Estado para que trabaje a través del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas como meta hacia el 2016 son los siguientes:

- El Perú debe ratificar los convenios internacionales en materia de lucha contra la trata de personas, así frenar los trabajos forzosos y la explotación laboral que sufren peruanos y peruanas en otros países como también extranjeros en nuestro país.

- Otorgar un presupuesto adicional para financiar cada una de las partidas del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.

- Los registros determinados  -como el sistema RETA- por ley deben potenciarse y llevarse a la práctica de inmediato, pues la información obtenida mediantes estos mecanismos permitirá generar estrategias adecuadas para los ejes de la prevención, la persecución del delito, la protección y asistencia a víctimas.

- Se espera que hasta el 2016, todas las regiones hayan conformado sus mesas de trabajo y existan veedurías dispuesta a vigilar la ejecución de las normas para, a través de estas acciones, proteger y desarrollar la ciudadanía en el Perú, entre otras.
Como se puede ver el camino a recorrer es largo y arduo, y nosotros renovamos nuestro compromiso en este nuevo año y los venideros hasta lograr que la trata de personas en el país sea un tema del pasado.

Reporte Alternativo

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Aún se incumplen tareas asignadas por Ley contra la trata de personas

(RPP) Hace cinco años fue aprobada la  Ley.  Según la La publicación Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 de la organización CHS Alternativo, las tareas asignadas a la instituciones públicas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, no se han cumplido como se demandaban.

Entre las instituciones consideradas en el balance, se encuentran la mayoría de los ministerios, como:  el Ministerio del Interior, como ente rector del tema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los Ministerios de Justicia y Trabajo. Así mismo, están el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales a nivel nacional. Como instituciones públicas vinculadas al tema se han considerado a la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.

Si bien se constata que las políticas públicas sobre trata de personas se han fortalecido especialmente a nivel normativo, queda evidenciado que los principales desafíos siguen siendo la implementación eficaz de las políticas públicas y la voluntad política de cumplir con ellas.

Entre las principales conclusiones están: 

- Los gobiernos locales desconocen sus obligaciones asignadas por la ley. Se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte del Gobierno Central, seguido del regional y en menor medida el nivel local.

- Existe un gran desconocimiento del delito por parte de los funcionarios públicos, a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización.

El Ministerio del Interior ha realizado más acciones que en el periodo 2009-2011; sin embargo, no asume su responsabilidad en la paralización del único sistema oficial de registro del delito, Sistema RETA, que no funciona desde febrero de 2012, representando un estancamiento en la lucha contra la trata de personas.

- Los gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel en el cumplimiento de la ley.

- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores.

Estos y otros datos serán presentado en el libro Tercer Balance: Implementación de la Ley Nº 28950 el día 12 de diciembre a las 11:30am en el Centro Cultural de la PUCP., se presentará también el libro Trata de Personas en el Perú: la agenda pendiente 2013 – 2016, que a partir de entrevistas y editoriales con más de 100 funcionarios del Estado y sociedad civil, muestra una hoja de ruta imprescindible para enfrentar en los próximos años un delito que se incrementa en el país.

Fuente: RPP
Link: http://www.rpp.com.pe/2012-12-07-aun-se-incumplen-tareas-asignadas-por-ley-contra-la-trata-de-personas-noticia_547270.html
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Editorial Reporte Alternativo Nº 111: El Estado y sus serios pendientes


Han pasado cinco años, desde que en el 2007 se aprobara la Ley 28950 - Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes - y los avances obtenidos en el tercer balance de la implementación de esta ley que se ha realizado para el periodo mayo 2010 a mayo 2012, a través de la veeduría Mirada Ciudadana, nos arroja resultados realmente desaprobatorios.

Este interés de la organización desde el año 2008, busca dar a conocer los principales avances en el desarrollo de las políticas públicas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, a través de un recuento de las acciones del Estado relacionadas a la prevención, persecución, protección y asistencia a  las víctimas. Esto a partir de la información proporcionada por las propias instituciones públicas referidas en la Ley 28950 y su Reglamento.
Es decir, un balance que muestre a la sociedad peruana los aciertos en la gestión de las políticas públicas, pero también la agenda presente y futura de un delito que se extiende.

Entre las principales conclusiones a las cuales se arribaron en el balance de este periodo tenemos:

- Se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte del Gobierno Central, seguido del regional y en menor medida el nivel local.
- Existe un gran desconocimiento del delito por parte de los funcionarios públicos, a pesar de las labores constantes de capacitación y sensibilización.
- El Sistema RETA no funciona desde febrero de 2012.
- Gobiernos locales y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son las entidades con menor nivel de cumplimiento de la ley.
- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades a nivel de protección y asistencia que en años anteriores.

La publicación de este balance es un aporte de evaluación cualitativa a las políticas públicas, que busca dar respuesta a las miles de víctimas que viven en este momento privadas de la libertad y en situación de explotación.

Esta evaluación ayuda a poner en agenda la necesidad de fortalecer la gerencia de las políticas públicas, incorporar un sistema de incentivos y méritos para reconocer la labor de los miles de trabajadores públicos comprometidos en la protección de los derechos humanos, en un contexto de interés del Poder Ejecutivo por hacer una reforma del Estado, por lo menos en el régimen laboral de su personal.

El balance de la implementación de la ley 28950 surge como una iniciativa de la sociedad civil que aspira a convertirse en un mecanismo permanente de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado, así como de participación de la sociedad en su conjunto.

Los esperamos en la presentación del Tercer Balance de la implementación de la ley 28950 y su Reglamento, este 12 de diciembre a las 11:00 horas en el CCPUCP.

Reporte Alternativo
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