Entre el 2015 y el 2020, la Fiscalía ha registrado 7.042 denuncias por trata de personas en el Perú. El 48.6% de imputadas por este delito con fines de explotación laboral son mujeres. La pandemia por el COVID-19 evitó fiscalización y protección de víctimas.
Julio del 2018. Dos jóvenes venezolanas escapan del cuarto donde las tenían encerradas desde febrero y denuncian el caso a la policía. Los agentes llegan al Cerro El Pino, en La Victoria, y encuentran a 14 jóvenes venezolanas y colombianas, tres de ellas menores de edad. Ellas fueron captadas bajo el engaño de que trabajarían como meseras de una discoteca. Sin embargo, fueron incluidas en un catálogo para ser explotadas sexualmente en hoteles de Lima Norte. En junio del 2019, el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a los tratantes Keyli y Manolo; y Desiada a 12 años, por el delito de trata de personas con venezolanos involucrados como tratantes y víctimas.
Febrero del 2020. La abuela de Candy (*) de 15 años denunció que su nieta había sido víctima de una red de trata de personas desde diciembre del 2018 a junio del 2019. Candy fue explotada sexualmente desde los 13 años cuando decidió buscar trabajo para ayudar a su familia. Fue violada y agredida sexualmente en los centros nocturnos de San Juan de Lurigancho. Cuatro de las personas reconocidas por Candy están siendo procesadas por los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación sexual, explotación sexual agravada, favorecimiento a la prostitución y rufianismo.
Noviembre del 2020. Camila (*) tenía 13 años cuando conoció a Elver Navarro en una fiesta. Él le ofreció unas bebidas y, desde ese momento, no recuerda nada más. Lo siguiente que supo es que estaba en la casa de Elver, en San Juan de Miraflores. Estaba golpeada, adolorida y con marcas que evidenciaban que había sido violada. Desde ese momento, él le dijo que trabajaría para él. Camila fue fotografiada e incluida en un catálogo en donde también se mostraba a otras menores de edad. Elver realizaba fiestas clandestinas con orquestas de cumbia, una de ellas era la del cantante Chacalón Junior, y les ofrecía como pago a los integrantes de las orquestas, mantener relaciones sexuales con Camila y otras 7 menores de edad. La banda criminal estaba protegida. Al menos 7 policías se encargaban de cuidar a los presuntos tratantes y de avisarles de la realización de operaciones fiscales y policiales. Cuando la policía iba a aparecer, Elver escondía a las niñas en una casa ubicada en un asentamiento humano. Ahí las retenía en un cuarto repleto de camas y vigilado por una mujer. No tenían ni baño, solo un balde de plástico para que hicieran sus necesidades. Elver captó a menores de entre 9 meses a 17 años de edad usando violencia y amenaza. Hoy está cumpliendo prisión preventiva.
Diciembre del 2020. Catorce días fueron los que tuvo que sufrir Rocío (*), de 15 años, antes de poder escapar de presuntos tratantes de personas. En agosto, saló a comprar con su papá al mercado Jorge Chávez, de Surco, y en menos de 5 minutos fue secuestrada por un sujeto que formaba parte de una red que la terminó explotando sexualmente en una casa de Chorrillos. Guillermo Cuya la encerró en el cuarto y solo se acercaba para darle comida. Pese a sus súplicas, Cuya continuó ofreciéndola a sujetos que llegaban a violarla por dinero. Rocío le contó a las autoridades que también la obligaron a consumir drogas. En julio, Guillermo Cuya Ticse ha sido condenado a 34 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de esclavitud sexual y violación sexual.
Junio del 2021. Gracias a una llamada anónima, la fiscalía y la policía de Trata de Personas pudieron conocer del caso de Carla (*), de 22 años, quien fue violada al parecer, por su propio padre cuando ella era apenas una niña de 11 años. La niña salió embarazada y cayó en una severa depresión. Es así que conocieron a una religiosa conocida como Vicky, de la Iglesia Evangélica ‘Fe, Milagros y Sanidades´, quien les ofreció adoptar al bebé. Carla volvió a quedar embarazada y el bebé también fue entregado a Vicky quien con ayuda de cómplices que trabajarían en el municipio de Santa Cruz de Cocachacra y San Mateo de Otao, en Huarochirí, logró que sea registrado como hijo de los padres de Carla Luego, la madre de Carla viajó con el bebé a México y se lo entregó a Vicky quien hizo que el menor cruzara de manera ilegal hacia Estados Unidos. Vicky habría falsificado su partida de nacimiento para que pudiera ingresar primero a México y luego a Estados Unidos. Esta modalidad se repitió dos veces más años después cuando Carla volvió a salir embarazada. La hipótesis que tanto la policía como la fiscalía manejan es que Vicky captaba a las víctimas a través de la Iglesia para vender y traficar a sus hijos. La policía detuvo a los padres de Carla y rescató a otros 5 menores que eran obligados a realizar trabajos forzosos. El caso está en investigación.
Más denuncias, menos presos
Estos son solo algunos casos de trata de personas que revelan la crueldad a la que son sometidas las víctimas o sobrevivientes que pudieran denunciar a sus agresores. Sin embargo, pese a la valentía que asumen para identificar a los supuestos tratantes y contar sus historias, muchas veces estas no se ven reflejadas en procesos que les ofrezcan lo mínimo de justicia.
¿Cuántos tratantes han sido condenados en el Perú?, Según el informe del INEI, Perú Estadísticas de Trata 2015-2020, el Poder Judicial registró que hasta el año pasado solo 232 personas obtuvieron una sentencia condenatoria por el delito de trata de personas. De ese total, el 61,2% fueron por las formas agravadas del delito.
Peor aún, a diciembre del 2020, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó que solo 395 personas están recluidas en centros penitenciarios por el delito de trata de personas. De ellos, solo 217 (54,9%) han recibido sentencia, mientras que 178 (45,1%) siguen procesados. Lima Metropolitana, así como Cusco y Puno concentran el 50,6% de las personas procesadas.
La mayoría de sentenciados están en cárceles de Puno (49) y Lima Metropolitana (30). En Tumbes y Moquegua se observa solo 1 persona sentenciada.
Según el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos, solo entre el 2017 y el 2020, su sector registró más de 2.342 denuncias por trata de personas, la mayoría con fines de explotación sexual. La reciente aprobada Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, un instrumento de gestión que regirá el accionar del Estado, en sus tres niveles de gobierno, hasta el año 2030, plantea entre sus objetivos, además de reforzar la protección a las víctimas de trata, el mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir este delito.
Los fiscales especializados de Trata de Madre de Dios, Piura y Lima Norte aseguraron a El Comercio que debido a la complejidad de los casos de trata, es un reto obtener prisiones preventivas y rescatar a víctimas en plazos tan cortos, por ejemplo.
“La gente dice el fiscal lo soltó, pero nosotros con el Nuevo Código Procesal Penal sabemos que quien toma la decisión final es el Poder Judicial. Muchos nos satanizan, el plazo que tenemos no es extenso, es de solo 48 horas. En regiones nos resulta más difícil porque desplazarnos nos lleva 6 horas, realizar diligencias otras 6 horas, y así. Nos conlleva más de las 25 horas, y ya no hay tiempo para pedir prisión preventiva y optamos por pedir comparecencia con restricciones. Ese es un gran riesgo”, indica el fiscal de la Fiscalía Especializada de Madre de Dios, César Ignacio Torres.
Otro motivo importante por el cual los fiscales no logran obtener sentencias condenatorias o prisiones preventivas, es la falta de enfoque de género que hay en los juzgados a cargo de ver los procesos de trata de personas.
“Por ejemplo, en la mayoría de nuestros casos son chicas que han sufrido violencia, conocen cómo es la calle e incluso ellas mismas se han sometido a cambio de comida, pero se chocaron con un tratante y la cosa cambió. Si en sus cuentas de Facebook las chicas salen en fotos provocativas, los jueces las juzgan. Eso sí nos ha pasado, los jueces e incluso los abogados han presentado fotos de Facebook. Muchas veces son los jueces quienes condenan basándose en el mito de la víctima ideal. Que ha estado sometida en contra de su voluntad, que no conoce el mundo sexual ni drogas alcohol, que es pura e inocente que ha sido captada. Las víctimas por lo general cuando son adolescentes aceptan voluntariamente la explotación porque les genera ingresos, dicen por lo menos me pagan. Eso algunos jueces no lo ven así”, comenta un operador de justicia.
La pandemia no cesó la trata
Los casos de Candy, Camila, Rocío y Carla son algunos de los 7.042 que ha denunciado el Ministerio Público entre el 2015 y el 2020. Es decir, más de 1.500 denuncias, en promedio por año. Lo que equivale a innumerables víctimas de trata de personas. Innumerables porque, pese a que tanto la policía y la fiscalía, realizan operativos para rescatarlas de las bandas de tratantes, muchas de ellas no denuncian por temor o porque simplemente no se reconocen como tales.
“Fueron víctimas hasta que fueron rescatadas y luego ya serían sobrevivientes porque ya superaron eso y ya pasaron a esa segunda etapa que es la sobreviviencia. Cómo está el sistema actual siempre van a seguir siendo víctimas porque ninguna ha llegado a la categoría de sobreviviente, porque no han superado el caso de la trata. Ahorita todas siguen siendo víctimas por más que hayan sido liberadas del tratante”, dijo una operadora de justicia.
Un informe detallado del Obervatorio de la Criminalidad del Ministerio Público precisa que, en los últimos 6 años, hubo un incremento de denuncias por este delito. Lo que se debería a la implementación de 14 fiscalías especializas de trata de personas y a los operativos en conjunto realizados con la policía. Sin embargo, debido a que este delito es considerado complejo e invisible se entiende que los casos serían muchos más.
Pese a la pandemia por el COVID-19 que sufre el Perú desde marzo del 2020, el delito de trata de personas no ha cesado, sino más bien los tratantes han aprovechado para adaptarse a las restricciones. Como en el caso de Camila que fue explotada sexualmente en fiestas clandestinas. Según el registro, solo aparecen 386 denuncias realizadas en el 2020 esto, indica el documento, se debería a que la pandemia impidió que el Estado pudiera identificar y proveer servicios esenciales a las víctimas debido a la reorientación de las prioridades y recursos.
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