Editorial N° 218: HACIA FINALES DE 2018, MÁS DE LA MITAD DE LAS REGIONES CONTARÁ CON PLANES REGIONALES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Diez años han pasado desde la aprobación de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes , la cual sirve como marco legal para la regulación de este delito en nuestro país, conocido como la “esclavitud moderna” que afecta aproximadamente a 200,500 personas en el Perú.

Un hito de suma importancia en este camino fue el año 2011 en el que se aprobó el primer Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 – 2016, promovido además por el entonces el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra Trata de Personas, hoy Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

A pesar del poco tiempo de reconocimiento formal como delito,  desde las instituciones del Estado,  organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, se observan grandes avances. Sin embargo, a la vez se ve con preocupación la escaza ejecución presupuestal de las entidades públicas competentes, así como las dificultades de coordinación entre ellas, que impiden mayores logros en la estrategia de lucha contra este flagelo.

Con la finalidad de fortalecer las acciones de los sectores involucrados, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en coordinación con la oficina de Cooperación Internacional de dicho poder del Estado, el Observa La Trata y CHS Alternativo, realizaron el Foro “Nuevo Plan Nacional de acciones contra la Trata de Personas”, en el marco del cual  el viceministro del Interior Ricardo Valdés, presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-202  e informó sobre los avances y retos desde su sector para implementar acciones concretas en la lucha contra este delito, precisando la importancia de los Planes Regionales contra la Trata de Personas y la necesidad de que estén alineados el PNAT vigente, documento que se centra en la víctima y en la mitigación de los factores de riesgo del delito. Dicha ponencia fue reforzada con los valiosos que aportes que desde el Ministerio Público planteó la Fiscal Superior Penal, especializada en delitos de trata de personas, con especial énfasis en la revictimización en la investigación y atención en casos de trata.

Desde CHS Alternativo consideramos que el esfuerzo en las acciones que realiza el Ministerio del Interior deben ser soportadas desde los otros sectores para reflejar la multisectorialidad que requiere un abordaje transversal e integral, en este sentido fue importante conocer que actualmente dicho Ministerio viene trabajando – en coordinación con los gobiernos regionales –  la creación de 10 planes regionales alineados al Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado en junio pasado y que al final del 2018 más de la mitad del total de regiones del país deben contar con sus planes de acción.

Por otro lado, este evento contó con la presencia de los congresistas Alberto De Belaunde,  Indira Huilca, Juan Carlos Gonzales, Tania Pariona y Gino Costa, quienes desde su rol legislativo sumaron las percepciones de la población y la necesidad de aterrizar las acciones de prevención, persecución y protección a las características propias de cada comunidad “ya que es allí donde se encuentra un grupo importante de población en riesgo”, como señaló la congresista Pariona durante sus palabras de clausura.

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Entrevista “Nuevo PNAT permitirá medir avances durante período de implementación”

1. En líneas generales, ¿cuáles son los principales lineamientos y objetivos del nuevo PNAT? ¿Cuáles son los resultados más resaltantes del diagnóstico realizado para el nuevo PNAT?

En cuanto a los objetivos estratégicos, el primer objetivo estratégico es que se garantice la gestión y capacidad institucional articulada en el funcionamiento del Estado, y la adopción e implementación de políticas públicas a través de estrategias integrales, orientadas al fenómeno de la trata de personas. El segundo estratégico es reducir los factores de riesgo frente al delito de la trata de personas y sus formas de explotación, garantizando entornos seguros y disminuyendo la tolerancia social hacia este delito. Nuestro tercer objetivo estratégico es el garantizar los servicios y espacios de atención, protección y reintegración de calidad según las necesidades de las víctimas. El cuarto objetivo estratégico es fortalecer los mecanismos de fiscalización y persecución para la detección, intervención oportuna y sanción del delito de la trata de personas. A partir de esos cuatro grandes objetivos estratégicos hemos delineado nuestros objetivos inmediatos y nuestras metas, las cuales son progresivas, a diferencia del PNAT anterior, y que están proyectadas al 2018, al 2020 y al 2021.

Con respecto al diagnóstico, la evaluación se realizó el año pasado a partir de una serie de talleres y allí se identificaron falencias como la falta de indicadores, el inadecuado presupuesto, la no efectiva articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, la debilidad en el tema de reintegración a las víctimas y el hecho de que no se atacaban los factores de riesgo. Estos elementos son los que nos han permitido identificar nuestros objetivos inmediatos y las acciones correspondientes.

2. ¿Cómo asegurará el Ministerio del Interior que las metas planteadas en el PNAT 2017-2021 sean alcanzadas? ¿Cuándo se prevé la ejecución del Sistema Participativo de Monitoreo y Evaluación (SPME) del PNAT 2017-2021?

Nosotros estamos diseñando un plan dinámico que nos permita hacer un monitoreo de su adecuada implementación para ir midiendo los avances del mismo y así hacer los ajustes correspondientes. Por ello es que estamos fijando metas en tres etapas: al 2018, al 2020 y al 2021. Esto nos permitirá ir midiendo la efectiva implementación del alcance de estas metas, y si corresponde, hacer los ajustes necesarios para arribar al 2021 con lo trazado. Es un plan dinámico y vivo que nos va a permitir ir midiendo los avances en su efectiva implementación y, al mismo tiempo, aplicar los ajustes que sean necesarios. Esta es una importante diferencia con respecto al plan anterior.

Sobre la ejecución del Sistema Participativo de Monitoreo y Evaluación (SPME) del PNAT 2017-2021, consideramos que ésta debe ser simultánea al proceso de implementación del plan. Para ello, tenemos que aterrizar nuestro plan en Planes Operativos Anuales que nos permitan que los sectores asignen los recursos necesarios para la implementación del conjunto de acciones que están fijadas en el nuevo PNAT.

3. ¿Cómo fortalecerá el nuevo PNAT el sistema de atención, protección y reintegración de víctimas de trata de personas?

En lo que corresponde a la atención y reintegración de víctimas de trata de personas, estamos asumiendo retos significativos. Por ejemplo, estamos proyectando la elaboración e implementación de planes de reintegración de la siguiente forma: al 2018, al menos el 60% de las víctimas de trata de personas y sus formas de explotación que han sido acogidas en los servicios especializados deben contar con un plan de integración y reintegración; al 2020, el 80% de las víctimas deben contar con estos planes de integración y reintegración y al 2021 proyectamos que el 100% de víctimas cuenten con estos planes de integración. Esto nos permitirá medir la efectiva aplicación de estos planes y ahí se establecen las responsabilidades concretas de los distintos sectores involucrados. En este marco, vamos a tener que hacer ajustes para incorporar a algunos sectores que en estos momentos no se encuentran en la Comisión Multisectorial, para poder implementar este reto que estamos asumiendo. Esto por mencionar algunos aspectos más significativos.

4. Dentro de los mecanismos de implementación del PNAT 2017-2021 se plantea la implementación de un modelo de articulación interinstitucional que se buscará que derive en el Sistema Nacional contra la Trata de Personas. ¿Cuáles son los principales retos y limitaciones en el desarrollo de este modelo? 

En el Objetivo Estratégico N° 1 estamos planteando una capacidad institucional articulada, ésta implica fortalecer la Comisión Multisectorial, para lo cual estamos proyectando incrementar sus miembros a otros actores sensibles y significativos, como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que va a permitir mejorar la estrategia de trabajo del plan. Lo segundo es el trabajo articulado a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Para ello, progresivamente estamos buscando que se puedan formular los planes regionales adecuados al nuevo PNAT 2017-2021, así como estrategias locales de acción en el marco de los planes regionales.

5. Por último, ¿cómo se plantean alcanzar las metas establecidas para este primer año del PNAT 2017-2021 con un presupuesto de solo 7,5 millones de soles?

Este presupuesto de 7,5 millones corresponde solo al Ministerio del Interior, y nosotros estamos fortaleciendo lo que compete a la labor de prevención, persecución y fiscalización del delito. Lo importante que hay que mencionar es que la primera meta trazada es al 2018, entonces eso nos va a permitir que esta primera acción que el Ministerio del Interior ya está llevando a cabo como una muestra política de compromiso de implementación del Plan, pueda ser establecido en los otros sectores tomando en cuenta lo que asignaría de presupuesto para el próximo año.

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Editorial N° 211: PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA 2017 – 2021 APROBADO

El día de ayer, con DS N°017-2017-IN se aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas PNAT 2017-2021, documento que orientará las acciones del Estado en la lucha contra este delito en nuestro país, donde entre el 2009 y diciembre del 2016, el Ministerio Público registró 4274 casos de trata de personas.

El PNAT 2017-2021, tiene como misión central la protección de la población en riesgo y las víctimas de trata de personas. Consideramos que el logro de sus objetivos estratégicos dependerá de la asignación y ejecución de presupuestos específicos en cada sector y en los gobiernos regionales y locales. Eso supone adicionalmente cumplir con las responsabilidades y competencias funcionales en los ejes de intervención de acuerdo al Reglamento de la Ley de Trata de Personas y alinearlas con los objetivos estratégicos del PNAT. No hacerlo significaría un retroceso en materia de lucha contra este delito.

Las declaraciones de los representantes del Ministerio del Interior, sector que preside la Comisión Multisectorial Permanente de lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, confirman que el eje central del PNAT es la atención y reintegración de las personas afectadas por este delito. Precisan que al 2021, al menos 80% de las víctimas rescatadas, sin importar la finalidad de explotación, deben haber sido acogidas por los servicios especializados. Asimismo, el 100% de los planes de integración y reintegración deberán haber sido implementados en el transcurso de ese período.

Preocupa más bien cuál va a ser la línea de base que utilizará el Estado en relación a las víctimas, para dimensionar el problema, ya que no se cuenta con cifras confiables, en la medida que no existe una base de datos integrada de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial. Las cifras que se tienen no representan la totalidad de víctimas atendidas por los diversos sectores.

Temas como estos que son relevantes para avanzar en la lucha contra la trata de personas, serán materia de análisis en el V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas, donde se espera que las acciones estratégicas establecidas en el PNAT se retroalimenten a partir de las experiencias y reflexiones de los diversos expertos.

CHS Alternativo, como integrante con derecho a voz y voto en la Comisión Permanente, seguirá cumpliendo con su rol auditor de las decisiones de los diferentes sectores. Asimismo, colaborará como hasta ahora a cumplir con las metas del Estado en la materia, siempre desde un enfoque de derechos y de protección a las poblaciones más vulnerables.

Fuente:
https://www.mininter.gob.pe/content/plan-nacional-contra-la-trata-de-personas-2017-2021-busca-atender-y-reintegrar-al-80-de

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Editorial N° 209: NUEVO PLAN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS FORTALECERÁ LA LUCHA FRENTE A ESTE DELITO

Después de ocho meses de espera, Fernando Zavala, Primer Ministro; Carlos Basombrío, Ministro del interior; y Ana María Romero-Lozada, Ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, se presentaron ante el Congreso de la República en cumplimiento a la Ley 29918, que obliga al Poder Ejecutivo dar cuenta anualmente sobre la implementación, ejecución y resultados del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT), presidido por el Ministerio del Interior.

De la presentación  del premier y sus ministros, rescatamos el compromiso en el aumento del  presupuesto contra este delito. En esa medida, Basombrío señaló que este año se aumentó  en 7 millones 500 mil soles el presupuesto del Ministerio del Interior a fin de fortalecer la lucha y equipar a las unidades especializadas en trata de personas. Sin embargo, la calidad  en la ejecución del presupuesto asignado es un factor clave frente a este delito, pues no se trata solo de  aumentar el presupuesto, sino  de asegurar una ejecución eficaz y eficiente del mismo. Como se señala en el IV Informe Alternativo, el gobierno anterior no solo redujo el presupuesto sino que no adoptó las medidas necesarias para garantizar  la ejecución del presupuesto asignado a nivel de las instancias  nacionales y subnacionales. Un  ejemplo de ello es lo acontecido en la Municipalidad de Comas, que asignó un presupuesto de más de 620 mil soles para el año 2015, sin embargo su  nivel de ejecución no superó el 16%.

En la presentación, respecto a los ejes de prevención, protección y persecución del delito, solo se resaltaron actividades puntuales realizadas por algunos sectores del Estado, no informándose de aspectos importantes como la propuesta de un enfoque nacional de prevención multisectorial, o los resultados de la interconexión entre el sistema RETA y el SISTRA, compromiso pendiente desde el año 2015, y que representaría un avance en la persecución del delito.

De la estación de debate, rescatamos los comentarios de la congresista Karla Schaefer, quien insistió en la necesidad de que el Estado implemente una política integral contra este problema social, basada en las conclusiones del IV Informe Alternativo y el señalamiento de la congresista Marisa Glave quien demandó  la elaboración de un protocolo en salud física, mental y reproductiva que garantice una atención adecuada y con respeto de sus derechos a las víctimas de la trata de personas. Por su lado, el congresista Alberto Quintanilla, resaltó la importancia de atender las causas estructurales que generan las condiciones de vulnerabilidad para la reproducción de este delito.

Frente al nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, uno de los puntos más esperados de la presentación, se indicó que se ha culminado su elaboración con la participación de los diversos sectores del Estado con responsabilidad en su ejecución, el mismo  que contará con una línea de base y un sistema de monitoreo permanente que permita  medir su cumplimiento. Se señaló, además que  tendrá como prioridad el desarrollo de un proceso descentralizado  a través de la asistencia técnica para la elaboración e implementación de planes regionales y la asignación de presupuestos específicos.

Consideramos de gran importancia la aprobación del nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, instrumento que fortalecerá la política pública orientada a la erradicación de este delito que afecta en sus derechos fundamentales a miles de personas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes  en nuestro país y, en tanto integrantes de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CHS Alternativo en articulación con otras instituciones de la sociedad civil, continuará con su labor de auditoría social pero a la vez de colaboración con el Estado para la implementación y cumplimiento del nuevo Plan Nacional.

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Editorial N° 200: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS SON CLAVE EN LA ELABORACIÓN DEL PNAT 2017-2021

El Ministerio del Interior estima que para febrero del 2017 la Comisión Multisectorial podrá comenzar con el proceso de validación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2017-2021. Una vez validado, el PNAT 2017-2021 deberá ser derivado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser aprobado. Este proceso, según el propio Ministerio del Interior, debería haber comenzado un año antes de su publicación.

Desde CHS Alternativo proponemos una ampliación del plazo de vigencia del actual PNAT 2011-2016, para que el Estado siga contando con un plan que, a pesar de sus limitaciones, defina objetivos y metas para el Estado. Esta ampliación es posible dado que el PNAT 2011-2016 fue aprobado por Decreto Supremo del sector Interior, y no debería superar el segundo semestre del año. De ese modo se podría elaborar apropiadamente el nuevo PNAT.

Ahora bien, la elaboración del Nuevo PNAT 2017-2021, debiera ser el resultado de una evaluación de la experiencia con el actual PNAT, y en ese sentido CHS Alternativo viene aportando con sus evaluaciones periódicas sobre su ejecución. En este tiempo, por ejemplo, se ha dado cuenta de la evolución cíclica de su presupuesto, pasando de un aumento paulatino de los recursos asignados, al decrecimiento de los últimos años. Así, durante el 2015, el PNAT contó con un presupuesto de más de 14 millones de soles (el presupuesto más alto durante su vigencia); sin embargo, el 2016, de acuerdo al IV Informe Alternativo, se redujo a 6 millones 485 mil soles.

Respecto a la elaboración del nuevo PNAT, es importante brindarle un nuevo enfoque al eje de prevención. Este eje, según el IV Informe Alternativo, fue el que  mayor gasto reportó por parte del Estado y que mayores esfuerzos concentró; sin embargo, es imposible medir el impacto de estas acciones porque no se presentaron indicadores claros.

Pese a esto, el Estado reportó una acción concentrada cada vez más en la difusión de información y en el desarrollo de capacidades, lo que desde CHS Alternativo consideramos es necesario cambiar. Por ello venimos planteando, como parte de nuestra participación en la Mesa Multisectorial de Trata, la importancia de afianzar la acción del estado en dos aspectos: 1) promover una mayor preocupación en los factores estructurales que hacen sostenible a este delito; y, 2) realizar esfuerzos articulados, especialmente en zonas de riesgo, para desarrollar entornos protectores para las personas en riesgo.

Además, si bien es necesario darle fuerza al eje de prevención dentro del PNAT 2017-2021, el enfoque de la lucha contra la trata de personas debe enfocarse cada vez más énfasis en la fase de atención y reintegración de las víctimas. Y es en estos puntos en los que el Perú muestra sus mayores deficiencias según el IV Informe Alternativo.

Dentro de los cuatro ejes de acción aprobados por el estado en el PNAT 2011-2016, el eje de atención a la víctima presenta las mayores deficiencias debido a que existen pocos albergues especializados para la atención de las niñas, niños y adolescentes y ninguna para personas adultas, y ningún plan aprobado para darle a la víctima la oportunidad de una reintegración plena a la sociedad y de recuperar su proyecto de vida.

Sin importar cuan titánica parezca esta tarea por parte del Estado, todos los sectores deben comprometerse de manera articulada a lograr resultados efectivos en esta materia, de lo contrario, estaremos condenando a las más de dos mil víctimas anuales que identifica el Estado a repetir los círculos de la explotación.

Finamente, la persecución del delito no puede ser obviada. Pese al desarrollo de una institucionalidad más específica, que incluye la creación de dependencias policiales, fiscalías y juzgados especializados, nos podemos olvidar que la impunidad sigue siendo muy elevada y es necesario un shock de medidas para cambiar estos aspectos que son vitales. Eso incluye un enfoque en la investigación más proactivo y no reactivo; acuerdos y consensos fiscales y judiciales sobre la aplicación de los delitos; y, especialmente, la superación de un conjunto de estereotipos y prácticas que alejan a la víctima de la justicia.

Fuente:

• IV Informe Alternativo 2015-2016. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú. CHS Alternativo. Noviembre, 2016

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Desde 2004 no se avanza sobre la trata de personas asociada a la minería informal

Entrevista a Ricardo Valdés, Director Ejecutivo de CHS ALTERNATIVO, en exclusiva con Rumbo Minero. 

Recientemente presentaron el Tercer Informe Alternativo “Balance de la sociedad sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2014 – 2015”. ¿Cuáles son las principales conclusiones del documento?

El informe evalúa la aplicación de la política pública en la lucha contra la trata de personas en el periodo de julio 2014 a julio 2015.De manera macro, el documento establece que hay un avance importante en lo que al marco normativo se refiere.

Por otro lado, desde la perspectiva de los ministerios ya hay protocolos intersectoriales a nivel de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que son los más importantes en la prevención, persecución y atención a víctimas y testigos.

El Plan Nacional contra la Trata de Personas culmina el próximo año. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a las metas propuestas?

Lo valoramos y nos dimos cuenta que se debió avanzar en un protocolo intersectorial y no se ha logrado. Eso dificulta las coordinaciones para atender mejor a las personas.

En esa misma línea, nos llamó también la atención que en diciembre del año pasado Ana Jara, cuando fue primera ministra, junto con Daniel Urresti, exministro del Interior, ofrecieron, entre diversas cosas, fusionar el sistema estadístico de la PNP con el del MP (sincronización del sistema RETRA y SISTRA), pero no se ha avanzado en términos sustantivos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de sincronización?

Las informaciones presentadas por la PNP dan un perfil de la víctima diametralmente opuesto al presentado por el del MP. Mientras los primeros dicen la principal víctima es una mujer adulta y en un porcentaje más allá del 90%, el MP establece que, del 2009 a la fecha, es una mujer joven, en un 60% menor de edad. Ahí evidenciamos un problema.

¿Qué se tiene respecto al presupuesto público para enfrentar este delito?
En términos globales, el presupuesto se había incrementado de S/. 4 millones a prácticamente S/. 9 millones, pero que están concentrados cerca del 55% en un solo ministerio (el de la MIMP). Se desembolsó dinero para dos albergues de víctima de trata, uno en Lima y otro en Madre de Dios.

Sin embargo, vimos un decrecimiento sustantivo de partida a nivel de gobiernos regionales (han reportado S/. 40 mil) y locales (no tienen ni un sol y es en este ámbito geográfico donde hay que invertir más).

¿Cuáles son los entornos más favorables para la trata de personas se expanda?

La informalidad por la ausencia de controles y supervisión del Estado. Uno de los principales ámbitos donde se ha asociado la trata de personas es la minería. Hay ejemplos en todo el país.

En Madre de Dios, a lo largo de los 17 kilómetros de la Carretera Interoceánica, hay burdeles y bares, que son administrados por mujeres en su mayoría. Los tratantes camuflan a las menores de edad selva adentro, enlos mismos campamentos mineros.

Cuando el Alto Comisionado para la Formalización Minera y Remediación Ambiental (ACAFMIRA) llega para hacer sus operativos, las rescatan llevándolas hasta Puerto Maldonado, pero hasta ahí no más llegan. No prevén alimentación, ni alojamiento ni retorno. En ese sentido, la minería es un problema no por su actividad en sí, sino es un problema por la informalidad y ausencia del Estado que genera el ambiente propicio para que este tipo de transacciones se den.

Cuando se hacen operativos contra la trata, de la mano de interdicciones, se rescatan víctimas; pero en una siguiente oportunidad las vuelven a encontrar en los mismos lugares.

Efectivamente. Cuando las rescatan no se logra el retorno a sus hogares; es decir, las dejan a su suerte, y el Estado no les da más opciones.

En CHS Alternativo hemos atendido a más de 800 víctimas y muchas de ellas ni si quiera han pasado por la PNP. Más de una vez hemos intervenido para rescatar victimas de trata en campamentos de mineros ilegales. Me tocó hacer el primer operativo contra la trata de personas cuando era viceministro del Interior,  y desde 2004 no se avanza sobre la trata de personas asociada a la minería informal

En Perú, la trata de personas asociada a la minería ilegal e informal está más relacionada a la explotación sexual en los llamados prostibares. Sin embargo, ¿existen casos también de explotación laboral?
De acuerdo a la ley, la trata de personas tiene cinco modalidades que son la explotación sexual, explotación laboral, venta de niños, mendicidad forzosa (que la mayoría es de ancianos) y tráfico de órganos.

Hay niños que son laboralmente explotados en Ananea (Puno). También existen adolescentes de 16 años que son explotados, que no deberían trabajar porque la minería está considerada como un trabajo de alto riesgo. Entonces no se está respetando el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y no se les paga lo que le dicen.

Según hemos averiguado, la modalidad de explotación es la siguiente: acuerdan pagarles S/.1.500 al mes, pero el minero le cobrará la alimentación y la seudocasa donde dormirá. Se lo cobrará como si fuera un lujo. Actualmente el 40% de los casos registrados es explotación laboral y el 60% restante es explotación sexual.

http://www.rumbominero.com/revista/entrevistas/desde-2004-no-se-avanza-sobre-la-trata-de-personas-asociada-a-la-mineria-informal/

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