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Editorial N° 236: EL TRABAJO INFANTIL, UNA DURA REALIDAD EN EL PERÚv

Dos fechas importantes tuvieron lugar la semana pasada en materia de lucha contra la explotación laboral: la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de junio) y la ratificación por parte del Congreso de la República del Convenio N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo doméstico (14 de junio).
Según el INEI, en el Perú uno de cada cinco menores de edad son víctimas de trabajo infantil, es decir, aquél que se realiza por niños, niñas y adolescentes (NNA) que no han alcanzado la edad mínima para ejercer una actividad económica. De hecho, el país ocupa el tercer lugar en número de NNA que lo llevan a cabo en Latinoamérica, después de Brasil y México. Esta problemática puede darse en contextos de trata de personas o trabajo forzoso y generar otros abusos como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Se suele decir que los NNA son el futuro del país. Sin embargo, esta frase solo será un lugar común si no se posiciona en la agenda pública la relevancia de la lucha contra el trabajo infantil y si el Estado, así como la ciudadanía, no es consciente de que el futuro de los menores que laboran ilegalmente se ve seriamente afectado por este flagelo. Ello, toda vez que una de sus consecuencias es que perpetúa la desigualdad y la pobreza, pone en riesgo la permanencia de los menores en los centros educativos y recorta una serie de derechos, lo que afecta a su bienestar físico, psicológico y social.
A pesar de que, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el trabajo infantil se ha reducido en los últimos seis años de 26,4 % a 21,8%, el problema persiste, sobre todo para la población infantil y adolescente ubicada en las áreas menos urbanizadas del país. Es por ello que, afortunadamente, contamos desde el año 2012 con una Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil para el periodo 2012-2021 (ENPETI), que involucra a las distintas instituciones públicas en la consecución de objetivos clave como: la reducción de la pobreza de aquellas familias con menores en riesgo; la conclusión de la educación básica de NNA, la reducción de la tolerancia social del trabajo infantil; el incremento y fortalecimiento de los servicios de detección, protección y sanción frente a esta problemática y la generación de información y conocimiento.
Asimismo, siendo que el trabajo doméstico infantil es una de las actividades más frecuentes en las que se encuentran involucrados los NNA, resulta relevante que el Congreso de la República haya ratificado recientemente el Convenio n° 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. La ratificación es relevante y necesaria teniendo en cuenta que, según datos de la OIT de 2013 más de 450 mil personas en el país son trabajadoras del hogar, y el 95,6% son mujeres. Además, las condiciones que enfrentan están enmarcadas entre la desigualdad y la discriminación. De hecho, muchas de las mujeres que se encuentran en esta situación suelen estar aisladas porque se les prohíbe abandonar la casa del empleador o incluso mantener el contacto con sus familiares y amigos. Por lo tanto, son las más expuestas al abuso y la explotación.
Este convenio garantiza a toda persona que preste de manera personal servicios remunerados y subordinados en un hogar, derechos laborales tales como: libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en el empleo. Asimismo, reconoce un contrato de trabajo escrito, acceso a la seguridad social (como prestaciones por maternidad), entre otros.
En materia de trabajo infantil son relevantes también la obligación de fijar una edad mínima de trabajo; la garantía al acceso a la escolaridad y a oportunidades para la enseñanza superior; así como una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia; condiciones adecuadas para trabajadores migrantes como conservar sus documentos de viaje y de identidad; etc.
Es decir, el Estado peruano ha asumido compromisos específicos por los cuales deberá adecuar su legislación (que en esta materia otorgaba menos derechos a través del régimen especial de trabajadores del hogar) a los nuevos estándares internacionales, en especial para aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad como NNA y trabajadores migrantes. Con estos avances y con la fiscalización necesaria de parte de las instituciones y la sociedad civil, podremos realmente trabajar para erradicar el trabajo infantil.

uentes:
  • Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015.
  • Organización Internacional del Trabajo, 2015 – 2013.
  • Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
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Desde 2004 no se avanza sobre la trata de personas asociada a la minería informal

Entrevista a Ricardo Valdés, Director Ejecutivo de CHS ALTERNATIVO, en exclusiva con Rumbo Minero. 





Recientemente presentaron el Tercer Informe Alternativo “Balance de la sociedad sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2014 – 2015”. ¿Cuáles son las principales conclusiones del documento?


El informe evalúa la aplicación de la política pública en la lucha contra la trata de personas en el periodo de julio 2014 a julio 2015.De manera macro, el documento establece que hay un avance importante en lo que al marco normativo se refiere.

Por otro lado, desde la perspectiva de los ministerios ya hay protocolos intersectoriales a nivel de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que son los más importantes en la prevención, persecución y atención a víctimas y testigos.

El Plan Nacional contra la Trata de Personas culmina el próximo año. ¿Cuánto se ha avanzado respecto a las metas propuestas?

Lo valoramos y nos dimos cuenta que se debió avanzar en un protocolo intersectorial y no se ha logrado. Eso dificulta las coordinaciones para atender mejor a las personas.

En esa misma línea, nos llamó también la atención que en diciembre del año pasado Ana Jara, cuando fue primera ministra, junto con Daniel Urresti, exministro del Interior, ofrecieron, entre diversas cosas, fusionar el sistema estadístico de la PNP con el del MP (sincronización del sistema RETRA y SISTRA), pero no se ha avanzado en términos sustantivos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de sincronización?

Las informaciones presentadas por la PNP dan un perfil de la víctima diametralmente opuesto al presentado por el del MP. Mientras los primeros dicen la principal víctima es una mujer adulta y en un porcentaje más allá del 90%, el MP establece que, del 2009 a la fecha, es una mujer joven, en un 60% menor de edad. Ahí evidenciamos un problema.

¿Qué se tiene respecto al presupuesto público para enfrentar este delito?
En términos globales, el presupuesto se había incrementado de S/. 4 millones a prácticamente S/. 9 millones, pero que están concentrados cerca del 55% en un solo ministerio (el de la MIMP). Se desembolsó dinero para dos albergues de víctima de trata, uno en Lima y otro en Madre de Dios.

Sin embargo, vimos un decrecimiento sustantivo de partida a nivel de gobiernos regionales (han reportado S/. 40 mil) y locales (no tienen ni un sol y es en este ámbito geográfico donde hay que invertir más).

¿Cuáles son los entornos más favorables para la trata de personas se expanda?


La informalidad por la ausencia de controles y supervisión del Estado. Uno de los principales ámbitos donde se ha asociado la trata de personas es la minería. Hay ejemplos en todo el país.

En Madre de Dios, a lo largo de los 17 kilómetros de la Carretera Interoceánica, hay burdeles y bares, que son administrados por mujeres en su mayoría. Los tratantes camuflan a las menores de edad selva adentro, enlos mismos campamentos mineros.

Cuando el Alto Comisionado para la Formalización Minera y Remediación Ambiental (ACAFMIRA) llega para hacer sus operativos, las rescatan llevándolas hasta Puerto Maldonado, pero hasta ahí no más llegan. No prevén alimentación, ni alojamiento ni retorno. En ese sentido, la minería es un problema no por su actividad en sí, sino es un problema por la informalidad y ausencia del Estado que genera el ambiente propicio para que este tipo de transacciones se den.

Cuando se hacen operativos contra la trata, de la mano de interdicciones, se rescatan víctimas; pero en una siguiente oportunidad las vuelven a encontrar en los mismos lugares.

Efectivamente. Cuando las rescatan no se logra el retorno a sus hogares; es decir, las dejan a su suerte, y el Estado no les da más opciones.

En CHS Alternativo hemos atendido a más de 800 víctimas y muchas de ellas ni si quiera han pasado por la PNP. Más de una vez hemos intervenido para rescatar victimas de trata en campamentos de mineros ilegales. Me tocó hacer el primer operativo contra la trata de personas cuando era viceministro del Interior,  y desde 2004 no se avanza sobre la trata de personas asociada a la minería informal

En Perú, la trata de personas asociada a la minería ilegal e informal está más relacionada a la explotación sexual en los llamados prostibares. Sin embargo, ¿existen casos también de explotación laboral?
De acuerdo a la ley, la trata de personas tiene cinco modalidades que son la explotación sexual, explotación laboral, venta de niños, mendicidad forzosa (que la mayoría es de ancianos) y tráfico de órganos.

Hay niños que son laboralmente explotados en Ananea (Puno). También existen adolescentes de 16 años que son explotados, que no deberían trabajar porque la minería está considerada como un trabajo de alto riesgo. Entonces no se está respetando el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y no se les paga lo que le dicen.

Según hemos averiguado, la modalidad de explotación es la siguiente: acuerdan pagarles S/.1.500 al mes, pero el minero le cobrará la alimentación y la seudocasa donde dormirá. Se lo cobrará como si fuera un lujo. Actualmente el 40% de los casos registrados es explotación laboral y el 60% restante es explotación sexual.


http://www.rumbominero.com/revista/entrevistas/desde-2004-no-se-avanza-sobre-la-trata-de-personas-asociada-a-la-mineria-informal/
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