Cuando el compromiso viene de una alta autoridad tiene que existir una manifestación en el Presupuesto de la República, para que deje de ser solamente un discurso


Marisol Pérez Tello- Congresista de la República



El pasado martes 23 de setiembre se conmemoró el Día Nacional contra la Trata de Personas con una Conferencia de Prensa en el Congreso de la República, en la que se contó con la presencia de autoridades del Estado; congresistas, la Presidenta del Congreso, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Embajador de los Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener la intervención de altas autoridades a favor de la lucha contra este delito en la asignación de los recursos necesarios a los diversos sectores?

El mejor indicador de la consecuencia entre el discurso político y la decisión política es el Presupuesto de la República; cuando el compromiso viene de una alta autoridad, como un Ministro de Justicia, como la Presidenta del Congreso de la República, como el Ministro del Interior o como la Presidenta del Consejo de Ministros, que va a venir a informar sobre lo realizado por el Estado en relación a la trata de personas, tiene que existir una manifestación en el Presupuesto de la República, para que deje de ser solamente un discurso, de lo contrario solo sería un acto de buena voluntad.

Hoy (25.9) en el debate de la modificación del tipo penal de trata, hubo un compromiso concreto de Karla Schaefer, Rosa Mavila, Natalie Condori, de quien habla y del propio Presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, para solicitar medidas de prevención y medidas posteriores concretas en lo relacionado al tema de los refugios, para que se incorpore en el presupuesto, y yo creo que esa podría ser nuestra siguiente “pelea”. 

¿Cuáles son los aspectos principales que el Estado Peruano debería abordar para luchar eficazmente contra la trata de personas?
La prevención es lo principal, segundo, la persecución del delito, que es básicamente capacitación a jueces, fiscales y policía. En tercer lugar, hay que crear hogares de refugio para las víctimas, bien hechos, bien instalados, para poder trabajar el proceso de reinserción. 

En lo que se refiere a la prevención hay que trabajar muchísimo, sobre todo en los colegios, con los niños, haciendo hincapié en el tema de la trata de personas en forma de explotación sexual. Es necesario trabajar también con las familias en la zonas alto andinas, para explicar la figura del padrinazgo; hay que explicarles a los padres que creen en el padrinazgo, qué es lo que pasa en la vida real. Hay familias que prefieren que uno de sus hijos/as sea explotado/a sexualmente porque mantiene a sus hermanitos, de manera que la víctima que es sometida a explotación lo seguirá haciendo, ya que va a permitir que sus hermanitos sigan comiendo. 

Aquí el Estado tiene una responsabilidad muy grande que es la de eliminar la pobreza y la pobreza extrema, sobre todo en las zonas rurales donde es más difícil. En la zona urbana, en las capitales estamos ganando poco a poco esta batalla, aunque no debemos menguar esfuerzos y debemos seguir educando a los niños. Los padres por su parte tienen que saber hasta dónde van sus responsabilidades y que el hijo no es de su propiedad; existe una lógica explotadora en la que el hijo es visto como generador de riqueza para el conjunto familiar, y esta es una lógica cultural que hay que combatir. 

Encontramos también el tema de la trata para fines de explotación laboral, ya que en el país mucha gente no es consciente de que está siendo explotando laboralmente, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico. Tenemos la “facilidad”, frente a países del primer mundo, de tener personas que trabajan en el hogar, pero con bajos sueldos, largas jornadas y una ausencia de todos los derechos laborales, lo que puede ser considera hasta un delito. Hacer una diferencia entre la comida que come el personal de servicio doméstico de la que comen los patrones es inaceptable; que no te puedas bañar en la playa porque la persona para la que trabajas te dice que la ley de la asociación lo prohíbe, es vergonzoso. Es una situación racista, retrograda y es explotación. 

La Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior tiene el deber, según la Ley N°29918, de dar cuentas al Congreso sobre lo hecho por el Estado en relación a la trata de personas. El año pasado no se cumplió con este mandato. ¿Qué medidas se han tomado desde el Congreso de la República para exigir se cumpla con este deber?

Nosotros hemos enviado cartas todo el tiempo, desde que se cumplió la fecha en adelante, casi mensualmente; pero en realidad el error ha sido del Congreso. Entiendo que hubo un pedido formal del ejecutivo el año pasado para que se asignara una fecha para la presentación en el Congreso, y está no se asignó. Esto hay que decirlo y la Presidenta actual del Congreso, Ana María Solórzano, ha tenido la hidalguía de reconocerlo y a comprometerse en que la fecha se fije en el corto plazo. Yo confío en que así será y en caso no se fijara la fecha, nos queda la denuncia, ya que lamentablemente como oposición el único papel que puedo ejercer y al que me puedo comprometer es a la denuncia, ya que eso no está en mis manos, pero se está haciendo esa pelea y yo no dudo que ella va a cumplir con su palabra. 

Hace un momento hablamos del Presupuesto, quisiera saber, ¿en qué medida el Presupuesto asignado para este año, es insuficiente para la lucha contra la trata de personas, y qué medidas se pueden tomar desde el Congreso, para incidir en un incremento de la asignación presupuestal para el próximo año?

El presupuesto es paupérrimo, vergonzoso, no se condice con los discursos, mucho menos con la gravedad del tipo penal y con el impacto que esto tiene en la sociedad. Hay que decir y denunciar esta situación, ya que es difícil que cuando ya viene un presupuesto aprobado desde el Poder Ejecutivo se modifique sustantivamente. Pero creo que en este caso, siendo una situación tan delicada, se puede hacer y hay que hacer incidencia, y el mes para hacer esa incidencia es este (setiembre). Hay un compromiso que ha sido expresado con total claridad de parte de todos los que hemos hablado el día de hoy (fecha en la que se aprobó la modificación del tipo penal del delito de trata de personas), vamos a hacer la pelea y estoy segura de que el Presidente de la Republica va a dar oídos, ya que esto no tiene que ver con posiciones políticas, sino que es un tema que nos toca ver como gobernantes. 


Sabemos que se han presentado diversos proyectos de ley y hoy día se ha aprobado la modificación del artículo N°153 ¿De qué manera esto va a favorecer la aplicación de sanciones a los tratantes?

El nuevo tipo penal está muy bien, espero que se publique la norma de inmediato, y también que se solucione el otro problema que es el de los beneficios penitenciarios para presos reincidentes y habituales. Esto revela que el discurso se materializa, así como el discurso en el tema de prevención y en el tema de la reincorporación de las víctimas a la sociedad que debe materializarse en un Presupuesto digno para que el Estado pueda hacer su trabajo. En ese sentido, el discurso en el eje de persecución se materializa en la norma aprobada desde el Congreso de la Republica. 

Hoy hemos dado ese paso, aunque obviamente siempre puede ser mejor. Esto significa colocar el texto de la ley en un capítulo de dignidad de la persona humana, que no existe, para que sea pluriofensivo en sentido estricto y los jueces no se confundan. De alguna forma esto ya se ha aclarado debidamente en el pleno, de manera que cuando se recurra a las fuentes se entienda cuál es el espíritu de la norma.

Creo que se ha avanzado muchísimo, por lo menos en la parte legislativa hemos dado un paso y ahora hay que terminar el camino. Habrán nuevos retos y habrá que enfrentarlos, pero me parece que ahora lo que queda pendiente es el aumento del Presupuesto; primero porque hay que tener claridad que esto cuesta, segundo saber a qué se va a destinar, considerando que todos los temas de lucha contra la pobreza contribuyen pero que además hay que hacer incidencia en la parte de educación.

Existen serias deficiencias en la atención y protección a las víctimas una vez que son rescatadas de los lugares de explotación. ¿Qué acciones son necesarias para mejorar la calidad de atención y protección a las víctimas de trata de personas? 

Si tuviera que resumirlo diría que tenemos que preparar a las personas que trabajan de cerca con los casos y hacerles saber que están tratando con un tema en el cual la víctima no se siente víctima, y que hace esto por necesidad; porque hay una familia que vive de lo que ella o él hace. Hay que manejar esta situación con mucha inteligencia, darle alternativas a la víctima y estudiar cuál es el problema familiar. En muchos casos no hay que devolverla a su casa porque podrían volver a someterla a explotación si no es voluntario. La gente que trabaja en esto debe ser gente capacitada que conozca el fenómeno y que esté dispuesto a asumir las consecuencias, ya que estamos enfrentando mafias, con lo cual hay que tener el tema claro. 
También hay que asignar los recursos necesarios porque esto cuesta. Hay que tener las casas de refugio implementadas, las cuales tienen que ser lugares cómodos y acogedores, donde se pueda capacitar a la víctima para que pueda ganarse la vida de otra forma. Además, no solo se trata de un espacio físico, sino tiene que tener soporte psicológico porque pretender que una persona que tiene una familia que ha permitido y aceptado esta situación, que ha sido convertida en un objeto sexual, por hablar del tipo de trata que genera más daño emocional, hacerle entender y sentir que merece una vida distinta, no depende de una ley, ahí hay que trabajar en la autoestima, y eso toma tiempo y necesita seguimiento. Éste es un tema del que se viene hablando en el Perú hará dos o tres años, antes no era claro, sin embargo yo creo que hemos avanzado mucho, pero falta muchísimo más.

El Fiscal de la Nación y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han mencionado el compromiso para la creación de Fiscalías Especializadas en el delito de Trata de Personas. ¿De qué manera puede favorecer esto en las acciones de persecución y sanción a los tratantes?

Al crear una fiscalía con fiscales especializados en el delito de trata, se obtendrán personas bien preparadas, calificadas y sobre todo comprometidas. Creo que cualquier persona que se aproxime a este tema se va a sensibilizar y se va a comprometer.

El Estado puede intervenir creando una conciencia social usando los recursos que tiene, como por ejemplo Televisión Nacional, que es un medio de comunicación a través del cual puede hacer programas y propagandas para dar a conocer a la población que esto no está bien. Pero tengamos claro que esto no es de un día para otro ya que el proceso social toma tiempo, y generalmente es trans-generacional. Tenemos que aspirar a tener una mejor sociedad, y yo creo que esto nos va a convertir a todos en una sociedad mejor. Hay que hacer el esfuerzo económico y educativo; yo sí estoy segura de que en este tema cualquiera que abre los ojos no los vuelve a cerrar jamás. 
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Editorial N° 148: EL ESTADO PERUANO INVIERTE 9 CÉNTIMOS POR CADA CIUDADANO PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS

El pasado martes 23 de setiembre se conmemoró el Día Nacional contra la Trata de Personas en el Perú, a partir de la Ley N° 29918 aprobada el año pasado. Esta ley tiene como objetivo visibilizar el fenómeno de la trata de personas, generando conciencia y sensibilizando a las autoridades y sociedad civil sobre los riesgos y daños de este delito, con el fin de disminuir su incidencia. Pero más aún, esta ley demanda explícitamente que el Estado peruano, a través del Presidente/a del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior, deben dar cuenta en el Congreso de la República y a la población en general sobre las acciones ejecutadas por parte del Estado para enfrentar la trata de personas. Desde la sociedad civil estamos atentos a que este hecho se produzca, para conocer de las altas autoridades lo que se viene haciendo y su proyección a nivel de Estado con relación a la trata de personas.
Durante este año hemos sido testigos de logros y avances alcanzados en el desarrollo de instrumentos y estrategias para combatir la trata de personas. Es necesario valorar la elaboración y aprobación de documentos técnicos y normativos centrados en garantizar la atención a las víctimas, priorizando el principio del interés superior del niño, los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad; así como la ejecución de acciones de intervención contra organizaciones criminales de trata de personas a nivel nacional.
Se han hecho referencias de propuestas y compromisos por parte de las autoridades para garantizar una mejor protección y asistencia a víctimas, así como para el mejoramiento de las estrategias de persecución y sanción a los tratantes.  Estos compromisos incluyen la creación de albergues en regiones donde no se cuenta con refugios para acoger a las víctimas de trata de personas, como es el caso de Madre de Dios, la tercera región con mayor incidencia de casos reportados desde el año 2007. Igualmente se ha señalado la creación de Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas en las regiones de Lima, Loreto y Madre de Dios, con un presupuesto de S/. 2´234,000.
De igual manera se conoce del compromiso para el desarrollo de un Sistema Único de Registro del delito de trata de personas, unificando el sistema fiscal SISTRA y el sistema policial RETA-PNP, incorporando la información proporcionada por el Poder Judicial, y, de la necesidad de ratificar el Convenio N°189 de la OIT para combatir la explotación laboral en una de sus modalidades más frecuentes como lo es el trabajo doméstico.
Finalmente se ha hecho hincapié en el incremento de las partidas presupuestales a los diversos sectores, con funciones establecidas en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950, a fin de ser coherente con los indicadores y metas planificadas en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.
En ese sentido, el presupuesto asignado durante el año 2014 para enfrentar la trata de personas, asciende a 2 millones 818 mil 168 nuevos soles (S./2,818,168.00), según han reportado los diferentes sectores al Congreso de la República y a la sociedad civil. Esta cifra constituye el 0.0024% del Presupuesto General de la República para el año 2014, lo que representa una inversión de 9 centavos por ciudadano* y se ha evidenciado como insuficiente, manteniendo vigentes las carencias y dificultades para el cumplimiento de las funciones establecidas según la normativa.
Estas son solo algunas de las propuestas que esperamos logren concretarse en los próximos meses, pues mientras el Estado no brinde los recursos necesarios para combatir este delito, las victimas rescatadas continuarán invisibilizadas y desprotegidas, mientras los tratantes seguirán gozando de impunidad y facilidades para reclutar y explotar a más víctimas.
Fuente:
  • Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) – Estimación de población  para el año 2014

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El delito más grave asociado a la minería ilegal es la trata de personas


Dr. Carlos Caro Coria - Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.



¿Cuán nociva es la minería ilegal para el Estado? 

Si vemos las cifras del Ministerio del Ambiente hay más de 5000 hectáreas de bosques depredados en Madre de Dios, eso no lo ha hecho absolutamente nadie que realice una actividad formal. Los mineros formales estas sujetos a toda una permisología, desde el punto administrativo, tributario, laboral, transporte e insumos, que hace que exista una regulación vigente en la práctica de su actividad y se respete los derechos que pueda verse afectados al llevarse a cabo esta actividad económica. 

En el caso de la minería ilegal, no hay nada que valga, simplemente estamos en un supuesto de que se realice la actividad extractiva, sin asumir los costos que esto significa, empezando por el daño ambiental; entonces, la minería ilegal es una actividad dañina para el medio ambiente y el sistema en general, y hay una vista que no había mencionado que es la tributaria, porque desde el punto de vista de la tributación también hay un dinero que se deja de pagar al fisco.

La minería ilegal genera una serie de delitos colaterales, entre ellos la trata de personas, ¿cuál sería su perspectiva jurídica al respecto?

Aquí existe una situación criminológica grave, el delito más grave asociado a la minería ilegal, por la importancia del bien jurídico protegido, es la trata de personas. La trata de personas, que de por sí para muchos es un delito pluriofensivo, para mí es un delito que tiene como punto de inicio una privación de la libertad, la persona puede terminar muerta, lesionada, con una serie de pérdidas en su salud, integridad, acceso a la justicia, pero digamos que el punto de partida es la privación a la libertad entonces, la minería ilegal por la forma, la informalidad, la  ilegalidad en la que se mueve, genera un mercado negro de personas, para diversas finalidades, como mano de obra, que es explotada sin derechos laborales, sin las condiciones mínimas de seguridad  e higiene laboral exponiendo su vida, su integridad, su patrimonio, porque no se le retribuye como corresponde, no se respetan las 8 horas de trabajo, no se respetan los días de descanso, no hay dominical, gratificaciones, CTS, nada, eso es la trata de personas con fines laborales.

El otro caso, que es también grave, es la trata de personas con fines de explotación sexual, porque estos campamentos que se organizan para efectos de  la extracción del oro, por ejemplo en Madre de Dios, ha dado cuenta de muchísimos casos, en los cuales mujeres y menores de edad en muchos casos, son desviadas de su ciudad con ofrecimientos de trabajo doméstico o de distinta naturaleza y finalmente son apartadas, secuestradas, impedidas de movilizarse por su cuenta, y embarcadas en esta actividad ilegal de explotación sexual. Estamos ante un caso de verdad grave, si hay un motivo importante por el cual la minería ilegal se tiene que erradicar ese motivo tiene como punto de partida la habilitación de la trata de personas, dentro de lo que es la pirámide de valores del sistema penal, la persona humana es el punto número uno, con lo cual el daño ambiental, tributario, son bienes jurídicos de interés secundario frente al primario que es el que se afecta cuando se da un caso de trata de personas.

¿Considera usted que desde el ámbito legal se debería especificar o fortalecer algunas áreas para poder juzgar los delitos colaterales de la minería ilegal?

El problema, desde mi punto de vista, es la motivación del Estado a enfrentar a la minería ilegal,  los ministros de estado repudian la minería ilegal porque genera corrupción, daña el medio ambiente, no paga impuestos, pero la verdad muy pocos han izado la bandera de “vamos a erradicar la minería ilegal porque esto es una forma de esclavitud”, que debería ser, desde mi punto de vista, el punto de partida de las políticas públicas. Lo que hace falta en verdad es invertir el discurso del Estado, convertir el discurso de protección del ambiente, en un discurso de vamos a evitar la esclavitud en el Perú, la esclavitud del siglo XXI donde hay personas que están sufriendo de privación a su libertad de manera absolutamente ilegal en estos campamentos donde se produce la trata de personas. 

¿Cómo considera que ha sido la acción del Estado en lo referente a este tema?

Muy reactiva. Se dieron las normas sobre interdicción para erradicar la minería ilegal, las reglas de la interdicción lo que te permite es destruir el campamento, destruir la maquinaria con la que se está realizando o cometiendo el delito lo cual es positivo, aunque para algunos pueda discutirse legal y constitucionalmente porque estamos hablando de la destrucción de bienes sin una resolución judicial, más allá de ello, estamos hablando de una medida bastante útil en cuanto destruye la fuente de trabajo, la razón de ser de la minería ilegal, pero esto no ha venido acompañado en lo mas mínimo de políticas públicas, para poder establecer, por ejemplo, cuál es el censo de personas afectadas por la trata de personas, cuántas personas se calcula que están siendo afectadas por este delito.

Desde el punto de vista de las cifras se estima que la minería ilegal emplea a 100 000 personas, de manera directa y de manera indirecta a unas 400 000, cuántas de estas personas están envueltas en el delito de minería ilegal por trata de personas, esa aproximación empírica no existe y con ese dato el estado podría hacer varias cosas, no se trata solamente de destruir el campamento, si no de llevarle asistencia a las víctimas, las victimas de trata de personas sufren unos daños atroces desde el punto de vista personal, psicológico, su proyecto de vida se ve trunco, entonces no hay un enfoque victimológico para las víctimas de trata de personas de la minería ilegal.

¿Qué recursos cree que harían falta para enfrentar la minería ilegal y los delitos que ésta trae como consecuencia?

Las autoridades tienen más o menos claro, donde están los focos principales de minería ilegal, pero los problemas que se producen son básicamente logísticos, porque enfrentar el fenómeno implica contar con la logística para descubrir el caso, procesarlo y sancionarlo, y eso es lo que está faltando porque la lucha de la minería ilegal cuenta con pocos soldados en este momento, está el Alto Comisionado contra la minería ilegal y las demás autoridades que están a la espera de resultados y qué casos pone a disposición de la fiscalía, en ese sentido las políticas públicas deberían ser mas rápidas o hacerlo mejor, ser bastante mas agresivas, estar a un paso adelante porque como digo, todo esto se resume en una sola expresión, hay peruanos en el Perú, que están sometidos a trata de personas a esclavitud y eso es una realidad frente a lo cual estamos haciéndonos de la vista gorda en este momento.
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CHS Alternativo se unió a la campaña vota por la niñez




El día sábado 13 de Setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conmemoraron el Día Internacional de la Democracia, con una feria informativa en la Plaza San Martín.  

CHS Alternativo al formar parte del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, integrado por instituciones del Estado y la sociedad civil y encabezado por la mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, se hizo presente,en esta feria, para apoyar a la campaña "Vota por la Niñez" y entregar las más de 702,224 firmas de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, quienes se comprometieron a fomentar el buen trato hacia las niñas, los niños y los adolescentes (NNA). 

Tal como lo dijera el Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza, Federico Arnillas, ésta entrega simbólica de firmas es una exhortación a los candidatos y candidatas a Presidentes Regionales y Alcaldes, a incluir la "Agenda Infancia" en sus planes de gobierno, con el objetivo lograr la protección integral de los NNA.





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