Entrevista “Cusco es un lugar de tránsito de migrantes centroafricanos hacia Brasil”

Según últimas cifras, el Perú hasta febrero del presente año, ha entregado permiso temporal de permanencia a 27,905 venezolanos que escaparon de una situación absolutamente perjudicial e insostenible para ellos. Según su percepción, ¿cuánto ha aumentado el número de ciudadanos venezolanos que usan el terrapuerto? ¿En qué porcentaje?

Tengo a la mano un reporte de últimos 3 días de este mes y no registra ningún ingreso o salida de venezolanos. Tenemos europeos, africanos, pero no venezolanos. Sí hay ciudadanos venezolanos en Cusco, pero yo presumo que ellos están viniendo a través de otros medios. Y me remito a las estadísticas que manejamos en el terminal y los manifiestos que las empresas nos dejan.

 Es verdad que a partir de la situación económica y política que atraviesa Venezuela, se han abierto las puertas para ellos. Sin embargo, ¿hay migrantes de otras nacionalidades que también pasan por Cusco como lugar de tránsito o destino? ¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentes en estas migraciones?

En el año 2015 y 2016 hemos tenido prácticamente el ingreso masivo de centroamericanos, provenientes de Jamaica y de Haití. Se dirigían hacia la hermana república de Brasil. Al año 2017, se venció el plazo de ingreso al Brasil de personas extranjeras sin ningún tipo de visa, por lo tanto, no se reportaron mucho. Este año han empezado a ingresar ciudadanos africanos de Congo, Camerún y Nigeria. Las edades fluctúan entre los 20 y 30 años y hay tanto hombres como mujeres, incluso con niños.

 ¿Cusco es, en su mayoría, lugar de destino o de tránsito? ¿Cuáles son los destinos más comunes hacia dónde van los migrantes? ¿Existe un patrón que se sigue entre nacionalidad y lugar de destino?

Cusco es un lugar de tránsito. Durante el 2015 y 2016 hemos detectado a los “coyotes”, que son personas que dominan el español y que esperaban a los haitianos y jamaiquinos en las fronteras de Tumbes y Ecuador para trasladarlos hasta Brasil. La ruta era desde Tumbes a Lima, Cusco, Puerto Maldonado hasta Iñapari (ciudad de la frontera con Brasil). Por eso cobraban un promedio mínimo de 3000 dólares.

 Sabemos que en los terrapuertos hay personas que no se movilizan de forma voluntaria, sino que están siendo víctimas de trata de personas. ¿Cómo hacer para proteger a los migrantes, venezolanos o de otras nacionalidades del delito de trata de personas?

Durante estos años hemos tenido que ser extremadamente flexibles porque se trataba de leyes brasileras que permitían a los haitianos prácticamente el ingreso gratuito con la finalidad de utilizar su mano de obra en el Brasil. Por tanto nosotros los orientamos, les brindamos la información para que viajen y no sean explotados o que no se dejen engañar.

 ¿Cómo se trabaja en la prevención de este delito desde un espacio tan clave como un terminal terrestre?

Efectivamente, hemos sugerido a las empresas para que acrediten correctamente a los pasajeros de toda procedencia y les den las garantías debidas en el trayecto y el transporte. Además, verificar que tengan la documentación del caso. En materia legal, cuando los migrantes arribaban al Cusco, nosotros hemos tratado de brindar todo el apoyo y orientación para que no se dejen sorprender.

 ¿Han implementado o planificado acciones de prevención para evitar trata de personas y tránsito de niños, niñas y adolescentes?

Creo que nos falta avanzar mucho en el tema de la prevención. En el transcurso de estos últimos días, a las localidades de Puerto Maldonado y Puno han viajado 68 menores de edad. Un 70 % mujeres y el resto varones. Sin embargo, estas personas la mayoría viajan con una diversidad de documentos: la autorización notarial o judicial, la autorización de la policía por supuesta pérdida de documento y otras con la autorización de los padres. Lo conveniente sería tener una sola norma para los menores de edad que viajen. A los centros mineros y lugares de explotación sexual son conducidas bajo estos pretextos.

Por eso, también sería bueno que el tema de la trata de personas y la explotación sexual se incluya en los currículos escolares. Sería importante esa orientación a los jóvenes, porque ellos son susceptibles de ser engañados. Pero además tenemos sitios en Cusco donde se publican falsas ofertas laborales y sería importante que autoridades como el Ministerio de Trabajo también ejerzan acciones de control y prevención en esos lugares.

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Editorial N° 230: MIGRANTES EN RIESGO

El aumento de personas venezolanas viviendo en Perú ha generado preocupación entre algunos compatriotas por sus efectos en el mercado laboral y por el cambio en el panorama social. Sin embargo, ¿qué tan “alarmante” es esta situación? Tenemos algunas respuestas que compartir, pero antes debemos señalar que resultan paradójicos este tipo de preocupaciones en un país que tiene el 10% de sus nacionales en el exterior. Efectivamente, son aproximadamente 2’885,787 (INEI-OIM) las y los peruanos que viven fuera de nuestro país, superando algunos flujos las 700 mil personas (Estados Unidos).

Sobre la preocupación ciudadana por el impacto de la migración venezolana, podemos señalar que la alarma social es tan entendible como infundada, pues desconoce el aporte que las y los migrantes ha generado en el Perú, e impide dar cuenta de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado peruano. Nuestra historia es expresión de importantes flujos migratorios, muchos de los cuales no fueron realizados en libertad, como es el caso de la migración china, japonesa y africana. La integración de estos colectivos permitieron que elementos tan valorados como nuestra gastronomía sean parte de nuestra identidad.

El error más frecuente es considerar que la migración venezolana hacia Perú es significativa. La propia experiencia peruana ha demostrado que en situaciones de crisis de cualquier índole, la movilidad de personas es una respuesta natural, pues se busca protección y mejores condiciones de vida. Lo cierto es que, según un último reporte de Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en base a estadísticas oficiales, son 27,905 venezolanos los que han obtenido un permiso temporal de permanencia (al 3 de febrero). Este número de personas en movilidad, al igual que el número de personas que han solicitado refugio, todavía no supera el número de peruanas y peruanos que se movilizaron hacia Venezuela durante los años 80 y 90, donde se estima viven en 95 mil compatriotas.

La preocupación se desdibuja aún más al preguntarnos si acaso el Perú es su destino final. Lo cierto es que la OIM ha informado que la mayoría de venezolanos que dejan Venezuela tienen a Chile (79.6%) y Argentina (19.8%) como países de destino final. Asimismo, se relativiza más esta preocupación cuando se analiza la participación de los migrantes venezolanos en el mercado laboral, que está concentrada en ocupaciones elementales (cocina, limpieza, etc.), servicios y venta en comercios y mercados; y, en menor medida, venta de productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones.

Todo este imaginario colectivo, basado en la escasa información, impide prestar atención a la situación de desprotección que enfrentan los colectivos migratorios como el venezolano. Si bien no necesariamente se ha generado reacciones masivamente xenófobas, existe el riesgo de un aprovechamiento político y/o social que generen mayores riesgos para quienes ya están enfrentando los riesgos propios de un tránsito con escasa seguridad y la falta de redes sociales de soporte para su integración en los países donde deben residir.

El Estado debe brindar protección internacional, basada en sus compromisos internacionales, y en cierta medida lo viene haciendo, pero con medidas temporales. Sin embargo, poco se sabe de las medidas que se están adoptando para brindar la protección internacional complementaria que extiende la protección que se debe brindar a toda persona refugiada, a aquellas personas que por su vulnerabilidad también lo necesitan. En ese sentido, corresponde saber cuánto ha avanzado la implementación de la calidad migratoria humanitaria.

Pero esta protección también se debe extender a medidas específicas propias de situación de vulnerabilidad. En ese sentido, es necesario controles migratorios eficientes, que puedan servir para identificar víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes, servicios de información y de acompañamiento, rutas de atención y protección, entre otras medidas deben ser implementadas. Pero estas medidas no deben ser reactivas, sino permanentes. Y deben también provenir desde la sociedad civil, generando opciones de albergue, de acceso a trabajos seguros, y principalmente apoyando la integración de las personas migrantes e identificando aquellos casos donde la persona puede estar viviendo en la explotación. Superemos nuestros prejuicios y reemplacémoslos por empatía, tolerancia y fraternidad.

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Editorial N° 139: ¿QUÉ SUCEDE CON LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS QUE SON MIGRANTES?

En julio del año pasado, más de 180 representantes de entidades de la sociedad civil y organismos gubernamentales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en el Foro sobre Migraciones Andinas – La sociedad civil y la consolidación de una Agenda Social Migratoria Andina, en este encuentro, convocado por la Red Andina de Migraciones (RAM) en la ciudad de Quito, se afirmaba que más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas andinas habían migrado dentro y fuera del territorio andino en búsqueda de mejores oportunidades.

Asimismo, se hacía un énfasis en la Declaración de los Derechos del Ciudadano Andino, donde se señala que los ciudadanos andinos tienen derecho a recibir asistencia a quienes somos víctimas de delitos internacionales tales como la trata de personas. Sumando esfuerzos y por parte nuestra, se planteó la elaboración de una Estrategia Andina contra la Trata de personas y un Protocolo Andino único de atención a las víctimas, mientras que la Fundación Esperanza proponía la creación de un Protocolo Andino de atención a víctimas de trata.

Diariamente, decenas de migrantes ingresan al Perú con la intención de encontrar una mejor calidad de vida mediante un empleo digno, que les brinde la oportunidad de lograr un sustento económico para ellos y sus familias, sin embargo, esta búsqueda de mejoría también los vuelve personas vulnerables y propensas a ser víctimas de explotación y trata de personas.

No obstante y pese a que existen una serie de acuerdos de carácter internacional y a nivel regional, como la Declaración de Quito, en donde se acuerdan líneas y acciones en materia de ciudanía andina y suramericana, el retorno, la lucha contra la trata de personas, refugio y desplazamiento forzado, estos acuerdos representan una puesta en agenda de lo necesario para el bienestar de aquellos que migran buscando una mejor calidad de vida,  pero sin embargo en los protocolos y procesos a nivel consular aún  son insuficientes.

En febrero del 2013, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobó y publicó el Mecanismo Andino de Cooperación en materia de Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios (Decisión 548), que busca proteger a los nacionales andinos que se encuentran en territorio de terceros estados.

Este documento comprende el registro de las Representaciones Diplomáticas y Consulares habilitadas para el ejercicio de las acciones de cooperación en materia de asistencia y protección consular en base a lo señalado en el artículo 7 de la Decisión 548: “… acciones a favor de los nacionales de Países Miembros de la Comunidad Andina que no cuenten con Representación Consular de su país de origen en la localidad en que se encuentren y así lo soliciten”. En dicho artículo se señala: d) Prestar asistencia a aquellos que son víctimas de… delitos internacionales, tales como la trata de personas; lo mismo que señala la Declaración de los Derechos del Ciudadano Andino.

Durante el 2013 y 2014, tuvimos conocimiento de dos casos de trata de personas a ciudadanos colombianos. Fueron traídos al país con la falsa promesa de un puesto de trabajo que cambiaría la situación económica en la que se encontraban, lo que les pasó se encontraba bastante lejos de la idea que tenían, pues terminaron siendo explotadas laboralmente.

Ambas víctimas contaron con el apoyo legal y psicológico de CHS Alternativo y el soporte del consulado de Colombia para concretar su repatriación. Previamente tuvimos conocimiento de otro caso, el de una joven colombiana que era explotada laboralmente bajo la fachada de venta de telebingo en la selva peruana. Lamentablemente, este caso terminó con la muerte de la adolescente.

Lo sucedido en este caso grafica la realidad actual de la trata de personas en ciudadanos con especial vulnerabilidad por motivos migratorios en el Perú.

Entonces, ¿qué sucede con la protección y asistencia de las víctimas de trata de personas que son migrantes?

En la práctica la regulación de la CAN sobre asistencia dirigida a ciudadanos andinos en territorio de terceros, devela la ausencia de protocolos adecuados y políticas de protección de los Estados para enfrentar esta situación con la premura necesaria.

En el plano interno, representa un desafío para los servicios públicos y la urgencia de contar con acuerdos de responsabilidad compartida entre el país de origen y el territorio en donde se encuentran estas personas. En este escenario, el presupuesto público es una vez más insuficiente.

Desde una mirada hacia el Perú, el presupuesto asignado para el tema migratorio es bastante limitado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha visto disminuida su participación presupuestal del 2012 al 2013, esto incluye los gastos humanitarios y de control migratorio.  Si ya se cuenta con una Agenda Social Migratoria, presentada en diciembre del 2013, una Declaración de los Derechos del Ciudadano Andino y una serie de acuerdos y políticas públicas sobre migraciones presentadas por diversas organizaciones, consideramos que es el momento de que nuestros países presten mayor atención a las necesidades de los ciudadanos migrantes víctimas de delitos, como la trata de personas.

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