El tráfico de órganos como finalidad de la trata de personas
En nuestro país, la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), considera como uno de los fines del delito a la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos.
El Sistema Oficial de Registro de Denuncias de la Policía Nacional (RETA-PNP), no reporta ningún caso de trata con fines de tráfico de órganos en nuestro país. Asimismo, CHS Alternativo solo ha conocido un caso relacionado a esta finalidad de trata de personas, que fue derivado a las autoridades. Sin embargo, existe un contexto global de preocupación sobre este problema, como lo ha expresado la OMS en su Resolución 57.18, donde exhorta a los países a tomar “medidas para proteger a los grupos más pobres y vulnerables del turismo de trasplantes y la venta de tejidos y órganos”.
Desde CHS Alternativo consideramos que, por la complejidad de este tipo de casos (que necesariamente tendría que involucrar a profesionales altamente calificados y a entidades médicas públicas o privadas), deben ser denunciados directamente a las autoridades correspondientes, evitando en todo momento generar alarma en la población que puede tener lamentables consecuencias e, inclusive, desincentivar prácticas como la donación de órganos o desconfianza frente a denuncias reales en el futuro.
En este sentido, nuestras autoridades deben esclarecer si existe una amenaza real o estamos ante una alarma infundada, generada por una publicación en redes sociales sobre la existencia de un caso de tráfico de órganos en Huaycán, que derivó en la agresión a dos trabajadores de una encuestadora a quienes acusaron de ser traficantes de órganos, y el lamentable fallecimiento de una persona. Asimismo, recalcamos la importancia del fortalecimiento de las capacidades de la policía en las comisarías sobre las finalidades de la trata de personas, a quienes la población acudirá en primera instancia en busca de escucha y respuesta adecuada.
Finalmente, invocamos a la población a tomar con cautela la información que se difunde a través de las redes sociales, y a buscar asesoría del Estado u organizaciones sociales que están en la capacidad de brindar información veraz.
