Los retos en seguridad ciudadana en el Perú son altos, los temas que abordar diversos, somos testigos de la evolución del delito asociado a la minería ilegal, lavado de activos, uso de nuevas tecnologías, tráfico ilícito de migrantes, y uno de los peores delitos por su impacto en la integridad de las personas y por la sostenibilidad en el tiempo de victimización, nos referimos a la trata de personas.
Frente a esta situación, la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden no va al ritmo del delito, complicándose la labor de los operadores de justicia; aún más en el caso de trata de personas, donde a diferencia del delito en general, las víctimas son mujeres en situación de pobreza que se ven atraídas por las posibilidades de mejorar sus ingresos, cayendo finalmente en redes de tráfico de personas, principalmente para la explotación sexual; no existe un gobierno con capacidad de supervisión, niños, niñas y adolescentes son transportados de una región a otra sin autorización ni documentos y en las pocas estaciones de control el soborno garantiza la impunidad de los traficantes.
Se ha demostrado que factores como la permisividad o la tolerancia social, la corrupción y la impunidad deben ser atendidas como parte del problema de la inseguridad y la trata de personas, ya que si no se combaten dichos factores, los delitos continuarán siendo rentables para los delincuentes.
Por otro lado, la normatividad para enfrentar el crimen común y el organizado es frondosa y en ocasiones contradictoria o contraproducente. Existen algunos avances en la lucha contra la trata de personas, sobre todo a nivel normativo, pero son insuficientes mientras problemas como la informalidad, la ausencia de presupuesto y los niveles de pobreza se mantengan en los niveles actuales.
Se hace necesario que el Estado tenga una mirada sistémica del crimen para poder establecer estrategias eficaces; abordar el delito de la trata de personas requiere atención a los diferentes cambios que viene experimentado en su estructura y en sus modos de relación con otros tipos penales o delitos, un avance será asegurar el abordaje conjunto del problema, generando para ello la institucionalización de espacios de diálogo, decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales además de lograr sincerar la situación de los registros de casos de trata de personas en el Perú y exigir el cumplimiento de lo dispuesto en las normas con relación a la divulgación de las estadísticas que maneja el RETA a nivel nacional, en ese sentido seguimos pendientes de la integración al SISTRA, que maneja el Ministerio Público, e insistir en que el Poder judicial cumpla con la obligación de generar estadísticas accesibles sobre los casos judicializados a nivel nacional.
Fuente:
- Informe Defensorial N° 158 – Defensoría del Pueblo
