De acuerdo al reporte sobre distribución del presupuesto 2014 del Informe Alternativo.
Recientemente nos reunimos en Cusco con más de un centenar de representantes del Estado, gobiernos regionales, provinciales, sociedad civil y medios de comunicación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto contra la trata de personas y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes. Una de las grandes necesidades que se identificó y se trabajó intensamente fue la asignación del presupuesto de los gobiernos regionales, provinciales y locales a la lucha contra este delito. ¿Cuál es el presupuesto que merece la población de nuestro país para ser protegida de las redes, mafias y delincuentes que lucran con el delito de trata de personas? De acuerdo al Informe Alternativo 2014, los gobiernos regionales y provinciales invirtieron S/.837,782 que significa que el gasto de los gobiernos regionales, provinciales y locales no alcanza el sol y medio por día; un monto que no refleja un interés real por la creación de condiciones para mejorar los niveles de vida de la población más vulnerable y víctimas de la trata de personas. Es así que el Estado exige a las instituciones públicas que están vinculadas al desarrollo regional, provincial y local a definir un porcentaje de su presupuesto a través del presupuesto participativo y ésta es una oportunidad para la sociedad civil porque es un mecanismo para incidir directamente en el presupuesto público, por ello no debería ser un trabajo solo hasta la formulación de los proyectos sino también debe implicar un seguimiento y monitoreo hasta la ejecución de los mismos. En este sentido CHS Alternativo presentó la Ruta para la formulación y evaluación de proyectos sociales de inversión pública cuyo objetivo es brindar información de manera sencilla y ágil para la elaboración de un Perfil de Inversión Pública y que busca fortalecer el nivel de especialización que las organizaciones no tienen especialmente aquellas que están vinculadas a la trata de personas, considerando que los recursos están en el Estado y es la ruta por donde se deben trabajar las estrategias de prevención con la población vulnerable.
Es fundamental que el trabajo contra la trata de personas se realice desde los gobiernos locales, provinciales y regionales que apuntará además, al logro de metas de acuerdo al documento preliminar del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado hacia el 2021, donde el punto 7, del objetivo específico de Erradicar todas las formas de discriminación, dice: Institucionalizar oficinas para la rehabilitación física y psicológica a las víctimas de violencia sexual.
Consideramos que como sociedad civil debemos ejercer nuestro derecho a trabajar en conjunto con sectores del Estado y el presupuesto participativo es uno de los canales que permiten involucrar presupuesto en la lucha contra la trata de personas de acuerdo a las características propias de cada población.
