Del 6 al 10 de octubre se llevó a cabo la Séptima Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional. A este evento asistieron alrededor de 90 representantes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial para hacer frente a los complejos problemas del crimen organizado en todas sus formas. En el marco del evento se consideró fundamental la participación activa de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para fiscalizar y monitorear las acciones del Estado en la correcta implementación de las Convenciones y normas globales.
Respondiendo a este mandato, en el marco de la Conferencia se llevó a cabo el evento paralelo Abordando los vínculos entre la Corrupción y el Crimen Organizado”, coordinado por la unidad de sociedad civil de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El representante de CHS Alternativo, junto con tres representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales, presentaron sus informes sobre la relación de la corrupción con la delincuencia organizada y como ésta atenta contra el entramado social y socava la institucionalidad de los países y de la democracia, teniendo un impacto más negativo en los países en vías de desarrollo.
Las investigaciones presentadas por las organizaciones mostraron una realidad alarmante, en la cual, la corrupción se posiciona como un elemento central en el accionar de la organizaciones criminales, involucrando a autoridades y funcionarios públicos, llegando a arraigarse en los niveles más altos de instituciones gubernamentales tanto a nivel nacional como local. Esta situación amenaza la estabilidad política y social nacional, y atenta contra la legalidad del mismo Estado. Ningún gobierno puede permitirse ser preso de la corrupción y delincuencia organizada, ya que el desarrollo de estas mafias potencia el accionar de otras actividades ilegales aún más difíciles de perseguir y castigar como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, los secuestros, el chantaje y la trata de personas.
En el Perú una de las principales causas de la existencia y aumento del delito de trata de personas es la corrupción vinculada a la delincuencia organizada. Falta recordar por ejemplo, lo sucedido en Piura con Jhinna Pinchi, quien narró como fiscales y magistrados de la localidad tenían vínculos con el dueño del night-club La Noche, donde ella y otras chicas eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. A pesar del evidente vínculo entre estos dos fenómenos, no existe aún ningún caso de trata de personas en el que haya una sentencia por actos de corrupción.
El contexto es tal que existe una cultura de impunidad en la cual los tratantes actúan libremente con una sensación de que el riesgo a ser detenidos es ínfimo en relación a los grandes beneficios que genera esta actividad. Esto lleva a situaciones en las que las instituciones del Estado se deterioran, convirtiéndose en cómplices de los tratantes, y socavan el acceso a la justicia de las víctimas. Tal es el caso de víctimas que no denuncian los casos, pues al hacerlo se dan cuenta de que su denuncia no es atendida como se debería, o peor aún, que al hacerlo su seguridad se vea en peligro ya que sus victimarios pueden tomar represalias en su contra.
Si bien en nuestro país hay un progreso para combatir estos delitos como la elaboración de nuevas normativas, la creación de fiscalías especializadas y grupos multisectoriales, un mayor desarrollo del trabajo estratégico realizado por la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, aún hay mucho por hacer. Es necesario que la sociedad civil este vigilante y eleve su voz denunciando las redes de corrupción a los medios y a otras autoridades, informando a la población, para así lograr visibilizar esta problemática y combatir la indiferencia social y la sistémica cultura de impunidad que se vive en el país.
