Por Inforegión
Apenas veinticinco céntimos por persona es lo que el Estado invierte para luchar contra la trata de personas. Este es uno de los principales hallazgos del VI Informe Alternativo 2017-2018, el balance anual que realiza Capital Humano y Social Alternativo sobre la labor estatal frente a este delito conocido también como la esclavitud del siglo XXI.
Este monto se desprende del presupuesto de S/8 231.751 asignado en 2018 para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021. Ello, a su vez, equivale al 0,0052 % del presupuesto general de la República.
Además, según detalla la información, solo cuatro ministerios destinaron durante este año un presupuesto específico contra la trata, siendo el mayor el del Ministerio del Interior (Mininter).Respecto a los gobiernos regionales,estos solo ejecutaron el 24% de lo asignado para esta labor en 2018.
Sin embargo, el panorama para el próximo año se presenta todavía más preocupante. De acuerdo al presupuesto general proyectado para el 2019, el Estado se ha reservado para todas las acciones contempladas en el PNAT la ínfima suma de S/ 0,15 por cada peruano.
Se trata, sin duda, de un monto insuficiente. En ese sentido, Capital Humano y Social Alternativo demanda un compromiso mayor por parte del Estado,el mismo que debe traducirse en la asignación de un programa presupuestal destinado para la implementación del PNAT.
Otro hecho lamentable que muestra el Informe Alternativo es que el Estado todavía no logra concretar un sistema unificado de registro de víctimas de trata de personas. De esta manera, por ejemplo, mientras, en 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 725 denuncias, el Ministerio Público (MP-FN) dio cuenta de 1307 (55 % más). Tampoco se cuenta con un sistema integral para la protección y la rehabilitación de las víctimas.
De otro lado, el Informe Alternativo muestra un avance en el marco normativo para enfrentar no solo a la trata de personas sino también a delitos relacionados a ella, como el caso de la explotación sexual. Existe, además, una continuidad de la persecución del delito.
Asimismo, a nivel de gobernanza, es positivo que el Mininter y la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas hayan trabajado en conformar mesas a lo largo de todo el país. En este sentido, es de destacar que 16 gobiernos regionales han solicitado fondos al Ministerio de Economía para enfrentar la trata de personas este 2019.
Queda claro que, en general, el Estado mantiene una gran deuda con la sociedad en torno a la lucha contra la trata de personas. Y, como en buena cuenta, la voluntad política de un Estado frente a un problema se expresa en el presupuesto, reiteramos nuestra demanda de la asignación de un programa presupuestal para el PNAT, a fin de hacer más eficiente el gasto de los recursos y, con él, lograr una lucha integral contra la trata de personas.
El VI Informe Alternativo fue elaborado gracias a la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se informó a INFOREGIÓN.
