Por El Comercio
Veinticinco céntimos, lo que hoy cuestan dos caramelos de limón o una pequeña caja de chicles, es lo que el Estado invierte por persona al año para luchar contra la trata de personas.
Esto se debe a que el presupuesto asignado en el 2018 para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021 fue apenas de S/ 8’231.751, es decir, el 0,0052 % del presupuesto general de la República.
“Es pobrísimo, esto no alcanza para garantizarle seguridad a la ciudadanía frente a la trata y otros delitos afines como la explotación sexual”, opina Ricardo Valdés, director ejecutivo de la ONG CHS Alternativo.
Los escasos recursos que el Estado destina para concretar acciones contra este delito es una de las conclusiones del VI Informe Alternativo sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2017-2018, elaborado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo.
Según refiere Valdés, pese a que la falta de presupuesto para luchar contra la trata es un problema reiterativo, lo que se espera para el 2019 es aún más preocupante. El Congreso acaba de aprobar el presupuesto para el próximo año, que destina S/4,7 millones para la lucha contra este delito; es decir, S/0,15 por persona al año.
“Proponemos que de una vez por todas el Ejecutivo se comprometa a asignar un programa presupuestal para la trata. Urge que el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] asigne presupuesto a todos los sectores del Estado que tienen obligaciones, y eso no está ocurriendo”, indica Valdés.
Según detalla el informe, solo cuatro ministerios destinaron durante este año un presupuesto específico contra la trata, siendo el mayor el del Ministerio del Interior (Mininter).
Este Diario solicitó una entrevista con esta cartera para conocer los avances logrados y la posición del sector respecto al presupuesto designado, pero sus voceros indicaron que por el momento no se pronunciarán.
—¿Y las víctimas?—
Para Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, otro hallazgo alarmante del informe es que los gobiernos regionales solo ejecutaron en el 2018 el 24% de lo asignado para trata de personas.
“Aun con el poco dinero que se da, no hay eficiencia de gasto, no se ha ejecutado casi nada”, lamenta Castillo.
Solo en el 2017, la trata de personas dejó 1.433 víctimas, de las cuales casi la mitad son menores de edad. Pese a que, según la fiscalía, la mayoría de denuncias por trata en el 2017 fueron registradas en Madre de Dios y Lima, el informe revela que en la primera de estas regiones se asignaron poco menos de S/16 mil para acciones contra este delito. En Lima fue peor: no se destinó ni un sol.
Para Castillo, el trabajo de prevención y protección por parte del Estado también es criticable, ya que aún no se cuenta con un sistema integral para proteger a las víctimas de trata. “Siguen pasando desapercibidas, no se les presta atención en prevención. No solo se trata de rescatarlas, sino de rehabilitarlas para que puedan tener un nuevo proyecto de vida”, agrega Castillo.
Tanto Valdés como Castillo coinciden en que ha existido un avance normativo para enfrentar la trata y los delitos conexos como la explotación sexual, pero que no es suficiente. Por ejemplo, entre el 2017 y el 2018, fueron encarceladas 187 personas acusadas del delito de trata, pero en muy pocos casos se han impuesto condenas de cárcel efectiva.
