Hasta junio de este año el Ministerio Público reportó casi 700 denuncias por este ilícito, la mayoría en Lima y Madre de Dios
Las denuncias de trata de personas siguen en aumento en nuestro país, pera esta situación todavía no se traduce en la cantidad de procesados y sentenciados por ese delito: la mitad de los denunciados termina excarcelado cada año, según la Oficina de Análisis Estratégico Contra la Criminalidad (Ofaec) del Ministerio Público.
Lucía Nuñovero, administradora del citado despacho, brindó esos alcances a diario Exitosa con base en el análisis de las carpetas judiciales del 2015 y 2016. Esto en el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de setiembre.
“Es algo que tenemos que evaluar entre las Fiscalías y el Poder Judicial. ¿Por qué si en un año entran 123 procesados a la cárcel, y se entiende que tienen elementos de convicción y de culpabilidad, el 50% sale libre?”, declaró.
Explotación sexual a la cabeza
Para entender un poco el alcance de ese delito, recordó que durante el 2017 se registraron 1,433 denuncias por trata de personas. Esta cifra evidencia un aumento del 24% de las acusaciones, en comparación con las 1,144 contabilizadas en 2016. Ocho de cada diez casos tenían como víctimas a mujeres y la mitad eran menores de 18 años.
Respecto a la modalidad, Nuñovero detalló que la explotación sexual lidera la estadística, con el 59%. Le sigue la explotación con fines laborales (20%), de mendicidad (8%), trabajos domésticos (7%), venta de niños (3%), entre otros
El Perú incorporó la trata de personas como un delito penal hace once años. No obstante, es en 2014, con la Ley N°30251, que se perfeccionó la tipología y se incluyó a otros implicados, como los encargados de la captación, los cuidadores, los dueños los locales y los clientes. “La típica denuncia de trata tiene más de una víctima y también implicados”, anotó.
Por eso la inquietud por el número de sentenciados. Si bien la funcionaria aclaró que en los últimos años el nivel de eficacia de los aparatos de justicia se elevó, admitió que todavía queda mucho por hacer. Así, por ejemplo, en 2017 al menos 137 personas fueron recluidas en prisión por trata de personas: 127 en condición de procesados y apenas 10 sentenciados.
“Aquí entran los elementos probatorios y las dificultades en la investigación, con víctimas que a veces no declaran por temor. Es difícil, pero las fiscales están comprometidas con su trabajo. Son despachos enteros que están allí desde el 2014, cosa que no sucede, por ejemplo, con la Policía Nacional, donde hay mucha rotación, o con el Poder Judicial, que no tiene un despacho especializado”, observó.
Presupuesto insuficiente
Otro de los problemas apunta al presupuesto insuficiente para trabajar contra este delito que, por su naturaleza, es muy complejo. A la fecha existen 10 fiscalías especializadas que ejecutan indagaciones, entre ellas sobre el seguimiento de las mafias que utilizan las redes sociales en su accionar. “El 22% son captadas por esa vía y eso requiere un trabajo mayor”, agregó.
A su turno, el director de proyectos en la ONG CHS Alternativo, Luis Aguilar, coincidió en que existe un avance, pero todavía es insuficiente ante la magnitud de este ilícito en el Perú. En esta línea, destacó el aumento de los operativos, los protocolos de atención y la inclusión de la fiscalización de los gobiernos locales y regiones en el Plan Nacional de Lucha Contra La Trata 2017-2021.
Hay prejuicios
Sin embargo, consideró todavía no hay una valoración del impacto del proceso judicial en las víctimas de la explotación sexual. Sostuvo que el hecho de rendir su testimonio en varias ocasiones sobre la situación de violencia, hace que revivan esos momentos, perjudicándolas. “Los que son menores pasan por la cámara Gesell y tienen que contestar preguntas que, en algunos casos, resultan revictimizadoras”, añadió.
Finalmente, puntualizó que no todas las víctimas rescatadas se encuentran en una condición de sometimiento y, por el contrario, estas adoptan una actitud empoderada en la que cuestionan todo y a todos. Al ver eso, subrayó, los operadores de justicia se dejan llevar por los prejuicios y hacen una lectura errónea de los casos: las configuran como prostitución.
