El pasado 23 de setiembre se conmemoró el Día nacional de lucha contra la trata de personas, momento para observar y reflexionar sobre los avances hechos por el estado en la constante lucha contra este delito a nivel nacional. Los resultados son más que preocupantes.
Solo 6 de cada 100 procesados son sentenciados por este delito. Además, hay una clara deficiencia en el sistema de registro de víctimas. Mientras que la Policía Nacional registró 2181 víctimas entre 2016 y el primer trimestre del 2017, el Ministerio Público cuenta con 1483 víctimas como número oficial. Se calcula que el número de víctimas total desde el 2009 superarían 7500 personas. Esto solo refuerza la impunidad reforzada por los escándalos en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Estas estadísticas se ven acompañados de una muy pobre inversión presupuestal, donde el estado asigna 0,33 céntimos por persona. Claramente, un número más que insuficiente para enfrentar a la trata de personas. Pero esta falta de inversión no es exclusiva del gobierno central, pues los gobiernos regionales y municipales tampoco demuestran compromiso alguno.
Según el V Informe Alternativo, CHS Alternativo solicitó información presupuestal específica contra la trata de personas a los 25 gobiernos regionales. 20 respondieron, y solo 7 asignaron partidas específicas para actividades contra la trata de personas. Se consultó también 115 gobiernos municipales, y nuevamente solo 7 ejecutaron presupuesto para la prevención contra la trata de personas.
A puertas de un nuevo proceso electoral, donde elegiremos autoridades municipales y regionales el próximo 7 de octubre, se esperaría un cambio en el acercamiento del delito. Por lo visto, la falta de compromiso se mantiene en los que ahora tientan ocupar los sillones municipales y regionales.
En una revisión por los planes de trabajo de los candidatos a Lima Metropolitana, aparentemente la preocupación hacia la trata de personas es inexistente. Ninguno de los 20 candidatos inscritos para la alcaldía de Lima tiene una propuesta concreta sobre como batallar el problema de la trata de personas.
Irónico, ya que Lima es la región que más casos de trata de personas presenta. Hay una ligera mejora cuando hablamos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), y el trabajo infantil, lo cual aplaudimos. Pero al parecer los candidatos no consideran la trata de personas como un verdadero problema como para abordarlo entre sus propuestas. ¿A qué se debe? ¿Indiferencia, desinformación?
Dentro de las mayores preocupaciones en el país, 55% de la población considera que la delincuencia y la falta de seguridad es el principal problema a nivel nacional, solo superado por la corrupción debido a los escándalos de los últimos meses (Ipsos, 2018). Pero ningún candidato asume a la trata de personas como un verdadero problema de seguridad ciudadana.
La situación no cambia en las diferentes regiones donde se relaciona mucho más el delito de trata de personas. Solo un grupo reducido de candidatos a Madre de Dios y Loreto (2 de las regiones donde se registra más denuncias contra la trata de personas) proponen alguna estrategia de prevención, pero el delito sigue siendo obviado como una de las preocupaciones principales.
A más de un año de la aprobación del Plan Nacional contra la Trata de Personas, todavía hay trabajo pendiente frente a este problema que nos aqueja. El contexto en el que nos encontramos, lleno de escándalos de corrupción, inestabilidad política, y desinterés de la población por las próximas elecciones, es un escenario sumamente complicado, pero no por ello se debe dejar de lado los problemas que día a día aquejan a centenares de personas, siendo uno de estos problemas el delito de la trata de personas.
