Columna de José Iván Dávalos
30.07.2018 por El Comercio
Este 30 de julio, pasadas las celebraciones de las Fiestas Patrias y la celebración deportiva global que significó el Mundial de fútbol, debemos volver a la realidad y recordar conmemoraciones como el Día Mundial contra la Trata de Personas, que nos lleva a reflexionar y hacer una evaluación de los avances, desafíos y oportunidades que se presentan para enfrentar y erradicar este delito.
En el Perú se han realizado diversos avances en la lucha contra este flagelo. El simple hecho de aumentar el conocimiento y denuncia de este delito es ya una pequeña victoria, pues ser un delito invisibilizado contribuía en gran medida a que poblaciones vulnerables cayeran en las redes de los tratantes.
Como se ha alertado reiteradamente, “la esclavitud moderna” afecta a millones de personas en el ámbito mundial y constituye el tercer delito más lucrativo, después del tráfico de armas y drogas. Según estimaciones conservadoras, este crimen genera alrededor de US$32 mil millones al año a escala mundial.
En el Perú, entre los años 2009 y 2015, el Ministerio Público registró 3.130 denuncias, mientras que entre los años 2009 y 2014 se identificó a 3.371 víctimas peruanas y 169 extranjeras. Del total de víctimas, 2.208 eran menores de 18 años.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, las regiones donde se registraron más denuncias contra la trata de personas en el período 2009-2016 son: Lima, Loreto, Madre de Dios, Cusco, Callao, Puno, Piura y Arequipa. Por otro lado, la Defensa Pública de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el mismo período, registró mayor número de patrocinios en las regiones de: Lima, Madre de Dios, Loreto, Cusco, Puno, Tacna, Piura y Amazonas.
Por otro lado, vemos acercarse rápidamente las elecciones regionales y municipales en el Perú, que se llevarán a cabo en octubre próximo. Podemos hacer un paralelo y ver cuáles son las regiones donde se registran más denuncias de trata de personas. Si bien Lima se lleva el lamentable primer puesto, hay regiones que persistentemente ocupan una posición en este triste listado, como Loreto, Madre de Dios o Puno; regiones afectadas, además, por delitos como la tala y la minería ilegal que, junto a la trata, forman parte de la trilogía de los delitos más perversos en el Perú.
Vemos un reto adicional que deberán enfrentar las nuevas autoridades regionales y locales que sean electas. Por ese motivo, hacemos un llamado a que se incluya en sus planes de trabajo y política pública la lucha contra este delito, mediante acciones concretas, medibles y coordinadas.
Por ejemplo, se han estudiado las rutas de la trata de personas que recorren varias regiones del norte, oriente y sur del país, así como innumerables distritos y comunidades. El factor geográfico es solo un componente de la intrincada red de causales que condicionan la existencia de la trata en el Perú y que exige aplicar una mayor cantidad y calidad de conocimiento local y regional para su abordaje y tratamiento.
Por su parte, la población que está aprendiendo a reconocer y diferenciar este delito debe permanecer alerta y vigilante ante los riesgos que atacan, principalmente, a poblaciones vulnerables como mujeres, niños y niñas, comunidades indígenas, personas migrantes.
Aun con lo abrumador que resulta el escenario, debe reconocerse que el Estado ha realizado significativos avances en la lucha contra este flagelo. Especial relevancia tiene la continuidad en la formulación de los planes nacionales de acción contra la trata de personas, en este caso 2017-2021, así como la implementación de fiscalías especializadas en trata de personas y planes regionales de acción contra la trata de personas.
En este período, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha trabajado de cerca con el Gobierno Peruano a fin de mejorar la difusión de información y estrategias para la prevención de este delito, mejorar la captura de datos sobre casos y fortalecer las capacidades de gobiernos regionales para combatir la trata, entre otras acciones.
Sin embargo, existe una agenda pendiente y retos que las nuevas autoridades regionales y locales deberán asumir; por esto, las exhortamos a que en esta etapa electoral previa profundicen en las acciones requeridas para enfrentar y erradicar este flagelo en el ámbito nacional.
