La diversidad geográfica de Loreto marca de sus estrategias de desarrollo. A nivel socioeconómico, el Plan de Desarrollo Concertado “Loreto al 2021” reconoce que una dificultad es que estamos ante un territorio no conectado por infraestructuras viales con el resto del país, lo que es claramente constatable por las características de sus vías de acceso: en el ámbito aéreo Loreto cuenta con un aeropuerto en Iquitos con rutas estables únicamente a Lima, Pucallpa, Tarapoto y Cusco; a nivel terrestre, solo está en funcionamiento una carretera (Iquitos – Nauta); por lo tanto, la principal vía de transporte es la fluvial (con destino a gran parte de la región y a Pucallpa y Tarapoto vía Yurimaguas). Las vías fluviales son las más utilizadas por la población para desplazarse por su menor costo (cuando se utilizan embarcaciones informales), y se cuenta con disponibilidad a diario, casi las 24 horas del día. Por supuesto la variedad y multiplicidad, se traducen en precariedad en los servicios e informalidad de los mismos.
Efectivamente. En Iquitos, de todos los puertos en funcionamiento sólo uno de ellos (ENAPU), está formalizado. Frente a esta situación el Gobierno Regional de Loreto aprobó el año pasado el Decreto Regional 001-2017-GRL-P, que aprueba el Protocolo de intervención y circuito de fiscalización y derivación de presuntos casos de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en transportes fluviales de la región Loreto, elaborado junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el que se identifican las responsabilidades y el rol que cumplen todos los actores tradicionalmente involucrados en la fiscalización y persecución del delito de trata de personas como el Ministerio Público o Policía Nacional del Perú, y se suman nuevas instituciones como la Capitanía de Puertos o la misma Autoridad Portuaria.
En nuestra labor preventiva hemos tenido la oportunidad de ver como otros actores indirectamente involucrados (armadores, trabajadores de embarcaciones, motocarristas, motofurgonistas, vendedores de pasajes o de productos y víveres en las embarcaciones, etc.), observan con preocupación situaciones que se producen tanto en embarcaciones como en las zonas aledañas a los puertos. Ellas y ellos nos muestran mapas de rutas y describen estrategias que utilizan los tratantes para trasladar y explotar a sus víctimas, muchas de ellas menores de edad, empero sus relatos también plantean las omisiones de cuidado de operadores y transportistas. A modo de ejemplo, podemos compartir el relato de como un pasajero explotaba a una menor de edad en plena embarcación. A la vista de otros pasajeros y tripulación, la adolescente “desaparecía” con varones y al regresar estos entregaban una cantidad de dinero al sujeto. Otra situación narrada al detalle, explica como una pasajera viajaba con dos menores de edad desde la zona de la Triple Frontera Brasil-Perú-Colombia y, pese a llevar autorización de viaje, no fue solicitada en ningún momento por el efectivo policial que realizaba el control de la embarcación, lo que le permitió seguir viajando con esos dos menores hasta Iquitos. De alguna manera todos ellos forman participan, activa o pasivamente, en situaciones que probablemente sean casos de trata de personas o de explotación sexual de niñas, niños o adolescentes. Todo depende del rol que les toque o decidan asumir.
Lamentablemente todavía la complicidad social, por acción, omisión o aquiescencia llega a tal grado que impide que las personas sean capaces de ver más allá y ponerse en la piel y lugar de la víctima, por lo que no denuncian los hechos. En los casos más graves, por supuesto, son parte activa en la captación, traslado o explotación de las víctimas. Pero también es verdad que cada día aumentan aquellas personas que deciden asumir su responsabilidad como agentes de cambio, cooperando con los operadores de justicia, ayudando a visibilizar víctimas a las que Ministerio Público, PNP entre otros. Y son estos mismos los que con su actitud demuestran que como sociedad estamos avanzando.
Otro tema es la frustración que sienten cuando su denuncia no se ve reflejada en una sanción. Cuando después de identificar un posible caso de trata de personas y ponerlo en conocimiento de las autoridades ven que, con el paso del tiempo, esas mismas personas siguen reincidiendo. ¿Acaso sólo yo asumo mi responsabilidad? Esa es la pregunta que se hacen y ante la cual buscan respuestas.
Siempre se dice que la lucha contra la Trata de personas es un esfuerzo articulado entre el Estado y la sociedad civil. Se habla tanto de esa articulación, necesaria por cierto, que a veces nos olvidamos de que la responsabilidad es principalmente del Estado. Si buscamos aliados, ese esfuerzo debe ser tenido en cuenta, porque en muchos casos cuentan con mejor información que puede permitir prevenir y proteger a posibles víctimas. Porque, así como el que decide ponerse al lado de los tratantes busca beneficio propio, los que deciden colaborar y denunciar no buscan un beneficio personal sino que de alguna manera sienten que están contribuyendo al rescate, asistencia, protección y acceso a justicia de las víctimas y a terminar, así, con la impunidad de la trata de personas.
