El presidente del Poder Judicial hizo este anuncio durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2016. Precisó que ha formado un equipo de especialistas en el Gabinente de Asesores de su despacho para estudiar la norma vigente y proponen las reformas que sean necesarias.
Según el Código Penal, el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su modalidad agravada recibe una pena mínima de seis años y máxima de 12 años cuando el hecho se realiza en contra de un policía, militar, juez o fiscal, en el ejercicio de sus funciones.
La misma pena la recibe una persona que se resiste a la erradicación de un cultivo de coca o de cualquier instrumento para la producción de drogas o respecto a investigaciones por narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas.
Ticona indicó que la propuesta que elaboren los asesores será presentada el 21 de enero a la Sala Plena de la Corte Suprema para su aprobación por la Sala Plena de la Corte Suprema y poder ser presentado al Congreso de la República.
Adicionalmente, se aprobó la realización del Segundo Pleno Jurisprudencial de la Corte para uniformar criterios a nivel nacional en la aplicación de diversos delitos, incluido el de violencia y resistencia a la autoridad.
Esto de forma tal que en todo el país los jueces procedan a aplicar los mismos criterios, ante hechos similares, al evaluar las pruebas y emitir sus sentencias.
En este pleno también se analizará la aplicación de la flagrancia, un tema de mucha actualidad desde aplicación del proceso o juicio inmediato a las personas que son detenidas instantes u horas después de cometer un delito.
Sobre este segundo asunto, Ticona resaltó que 32 días después de entrar en vigencia los juicios inmediato por flagrancia se han emitido 2,047 sentencias, a nivel nacional, en plazo que no exceden las 72 horas.
Antes para que estos casos lleguen a la sentencia podían tardar hasta un año. Ticona dijo que para la cabal y eficaz aplicación de esta nueva norma procesal se requiere un presupuesto adicional de 34 millones de soles.
MÁS PRESUPUESTO
El presidente de la Corte Suprema afirmó además que esta institución es la segunda en el país en la ejecución de su presupuesto institucional. El 2015 el Poder Judicial logró ejecutar el 98,8% de su presupuesto anual, precisó.
Agregó, no obstante, que la institución vive en un régimen de subsistencia, pues el Ministerio de Economía y Finanzas nunca le da lo que necesita. Para el 2016, el Poder Judicial propuso un presupuesto anual de 2,921 millones de soles, pero que el Ejecutivo solo le aprobó 1,803 millones de soles, casi 1,1 millones menos de lo que en realidad necesita.
"Estamos en un régimen de susbsistencia, se tiene que dar al Poder Judicial autonomía presupuestal, de acuerdo con lo que dice la Constitución", pero que hasta ahora no se cumple, refirió.
Pese a ello, Ticona agradeció al presidente Ollanta Humala, presente en la ceremonia, que aprobara la entrega de un bono a los trabajadores del servicio judicial y haya cumplido con la escala de aumentos programada a los jueces.
Dos nuevos magistrados se incorporaron a la Corte Suprema
Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero Díaz, recién nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura como titulares, se incorporaron a la Sala Constitucional Transitoria y la Sala Penal Permanente.
Ángel Romero integrará la Sala Constitucional Suprema Transitoria que preside el ex titular del Poder Judicial Enrique Mendoza. En tanto, Hinostroza laborará en el tribunal penal que preside el doctor Javier Villa Stein.
Víctor Ticona no hizo mayores cambios en las Salas de la Corte Suprema. La mayoria de jueces supremos se mantienen en las mismas Salas donde estaban el 2015.
En la Corte Superior de Lima, al igual que en el resto de cortes del país, también se realizaron ceremonias de apertura del año judicial, en las que se exhortó a los jueces a ofrecer un mejor servicio judicial.
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