Medidas de políticas criminal y penal son clave para resolución del caso Brown
El relato del estadounidense Joshua David Brown es espeluznante. Y demuestra la importancia de la persecución del delito en casos de trata de personas y de explotación sexual en el ámbito del turismo y los viajes.
La participación de redes internacionales de trata y explotación sexual no es nueva en el Perú, ya en setiembre del 2013, se encontró a dos turistas estadounidenses con dos menores, de 17 y 13 años en un hotel 5 estrellas de Iquitos. El arresto de estos extranjeros se logró por la intervención de la policía estadounidense en cooperación con la peruana. Este caso demostró la importancia del trabajo de la labor de inteligencia en la investigación del delito, las grabaciones, videos, y otras labores de seguimiento son vitales para obtener pruebas o encontrar indicios de una actividad criminal que se desarrolla en la clandestinidad.
Como parte de este proceso delictivo, la corrupción también facilita el delito. Muchas veces la vemos como un problema estructural de las instituciones del Estado (por ejemplo la venta de información por parte de la policía), pero también afecta la investigación policial, cuando las redes de los tratantes amenazan a policías o fiscales que realizan su labor con responsabilidad.
Adicionalmente se debe facilitar el trabajo fiscal y policial en la persecución y sanción del delito.
Como país con alto tránsito turístico, necesitamos mayores niveles de protección dirigidos a la población y en especial a los menores de edad. Según la encuesta de percepciones realizada por GFK para CHS Alternativo, el 73% de la población afirma que la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes – ESNNA, se desarrolla en el ámbito del turismo y los viajes.
Además el 50% de la población considera que debe sancionarse a los clientes, los intermediarios y a quienes facilitan la explotación sexual de menores de edad.
Se espera una sanción implacable en el caso Brown por parte de las autoridades competentes, y se hace evidente la necesidad de mayor regulación para la protección de los menores de edad en nuestro país, sobre todo en casos de explotación sexual infantil o trata de personas.
