¿Qué nos está pasando? Un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió con el terrorismo. El problema no nos preocupó hasta que tocó nuestra puerta. Y, según la tendencia registrada, tenemos evidencia de que a usted o a un familiar le puede ocurrir pronto.
¿Y el Estado? Ya dio las normas necesarias en años pasados. El delito tiene las penas más duras. Hay responsabilidades distribuidas en todos los niveles de gobierno. Tenemos un plan para prevenir y perseguir el delito, así como para proteger a las víctimas, sus familias y testigos. Incluso hay normas para la reintegración social y la restitución de derechos. ¿Pero... con 30 céntimos al año por ciudadano, el Estado puede cumplir con las responsabilidades normadas por ley? Definitivamente no. Eso es, sin embargo, lo que ha presupuestado el Gobierno Central para la protección de víctimas y la prevención y persecución del delito en todo el país.
El jefe del Gabinete y el ministro del Interior están obligados por ley a dar cuenta al Congreso de la República sobre la situación de la trata de personas en el Perú. Deben, también, contarle al país si han cumplido con lo prometido el año pasado y qué piensan hacer para remontar el crecimiento del delito en medio de la inseguridad ciudadana.
La ONG Capital Humano y Social Alternativo, en representación de la sociedad civil, ha entregado al Congreso un “Informe alternativo” al Estado. Contiene 57 preguntas de conocimiento público, pues, frente a la trata de personas, siempre se debe actuar con total transparencia.
Asimismo, se ha informado respecto a los avances del Estado Peruano al presentar el informe tanto en la Defensoría del Pueblo como en el Parlamento. También se ha mencionado que quedan importantes retos pendientes al 2016. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención del delito solo se capacitó a 1 de cada 1.053 alumnos a escala nacional. Adicionalmente, el 84% de la policía no ha recibido la obligatoria información que manda el plan sobre trata de personas.
En relación con la persecución, menos del 2% de imputados se encuentran sentenciados; y de cada nueve procesos que abrió la fiscalía en el 2014, solo uno se judicializó.
En atención y protección, apenas una víctima menor de edad de cada 23 rescatadas cuenta con un albergue especializado. Para víctimas mayores de edad, no existe ningún tipo de albergue, menos aun especializado.
Entonces, presidente del Consejo de Ministros, ¿30 céntimos de sol al año por ciudadano es suficiente?
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