Esa fue la conclusión del defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, al presentar el III Informe “Un balance desde la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2014 – 2015”, elaborado por Capital Humano Social Alternativo.
Vega sustentó su apreciación detallando, por ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no ha sido incorporado en las políticas públicas de trata de personas, pese a que cumple un rol importante en el proceso de integración de las víctimas.
“La asistencia y protección de las víctimas de trata de personas no puede pasar a un segundo plano en la agenda pública; al contrario, es el objetivo central del Protocolo Internacional de Palermo, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado”, manifestó el defensor del Pueblo.
También llamó la atención sobre la falta de implementación de suficientes albergues especializados. “Si bien se han dado avances importantes, como el incremento del presupuesto para este año, no debemos olvidar la extensa agenda pendiente en donde destaca la necesidad de crear un Registro Único de Casos y aumentar el número de centros de atención de víctimas”, manifestó también en vísperas de conmemorar el Día Nacional contra la Trata de Personas.
Vega Luna también resaltó que las defensorías de la región andina (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) diseñan una estrategia conjunta que permita combatir la trata de personas más allá de sus fronteras. El objetivo es incrementar los niveles de coordinación y operatividad entre esas naciones.
“Insto a las autoridades de nuestro país a tomar en cuenta la gravedad del problema y a pasar a la acción de manera inmediata. Todos estamos involucrados en esta lucha, tanto el Estado como la sociedad civil. Si la víctima ve afectada su dignidad con el trato cruel que recibe a manos de sus captores, no debemos afectarla más con nuestra indiferencia y olvido”, sentenció.
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