Flavio Mirella - Representante de UNODC en Perú y Ecuador
El 2014 ha sido un año en el cual se ha alcanzado un progreso en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en el Perú con la conformación de organismos especializados y el fortalecimiento del marco legislativo, entre otros. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales logros en este año?
El Ministerio Público ha mostrado un importante avance al haber generado una Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. Sin embargo, si bien es importante, ha partido de la conversión de una fiscalía penal ya existente, se demuestra así una necesidad de contar con fiscalías especializadas para este tipo de delito y otros, por lo que es de esperar que el Estado impulse de forma integral la especialización orgánica con la implementación de más fiscalías especializadas en otras regiones. Esto podría empezarse en las regiones consideradas más vulnerables.
Por otro lado, la modificación del Art. 153 sobre trata de personas ha sido fundamental en tanto facilita la aplicación de la ley así como lo posiciona dentro del conocimiento social; es de resaltar también que se haya eliminado un aspecto confuso referido al consentimiento de la víctima que ahora está expresamente señalado como no valido en el caso de aplicación de medios de acuerdo a lo descrito en la ley 28950, inclusive para víctimas adultas de trata.
Se resalta también que está aumentando el nivel de concientización social con respecto a la problemática de la trata de personas por ejemplo, la participación de Perú en la campaña contra la trata de personas “Corazón Azul” de UNODC. Es notable el esfuerzo que desplegó el Estado para ello.
¿Cuál es el rol que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra este delito?
Enfrentar el delito de la trata de personas no es una tarea exclusiva de las entidades estatales. Los resultados más contundentes se dan cuando existe el mayor grado de cooperación entre sector público y los sectores privado y Sociedad Civil.
Las víctimas de este deplorable delito no pueden ser estigmatizados de doble manera, por el tratante y por la sociedad que los acoge; en este sentido, la sociedad civil debe ser informada y sensibilizada para identificar posibles casos de trata de personas, reportar estas posibles situaciones y facilitar la reinserción de la víctima en su comunidad. Las organizaciones de la sociedad civil son socios estratégicos del Estado y un canal muy importante para lograr lo expuesto.
La Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito emitió el último mes de noviembre el Reporte Global sobre la Trata de Personas. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de este reporte?
El Reporte Global sobre Trata de Personas 2014, nos presenta tendencias preocupantes sobre un número creciente de víctimas infantiles. Por ejemplo, el número de niñas víctimas ha pasado del 10% del total de las víctimas, en el 2004, a 21% en el 2011 y, en el mismo periodo, el número de niños ha subido de 3% al 12%.
También, el Reporte Global indica que el trabajo forzoso, como modalidad de explotación, está en aumento, pasando del 32% al 40% de todos los casos reportados.
Una tendencia positiva es el aumento del número de países que cumple con el Protocolo de Trata de Personas de las Naciones Unidas (146 hasta agosto 2014). Sin embargo todavía no se puede reportar una tendencia hacia la alza en cuanto al número de sentencias.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que UNODC tiene programado trabajar para el año 2015 en el Perú en relación a la lucha contra la trata de personas?
Durante el año 2014, UNODC ha realizado esfuerzos conjuntos tanto con instituciones del estado como con la sociedad civil. Una de nuestras actividades clave fue la de impulsar la primera mesa de trabajo para el fortalecimiento de la ley contra la trata de personas.
Para el 2015, UNODC está comprometido a seguir brindando asistencia técnica a los organismos del estado para que se pueda implementar fiscalías especializadas contra la trata de personas. Otro aspecto muy importante en el cuál nos enfocaremos es que Perú cuente con servicios adecuados para acoger y reinsertar a sobrevivientes de la trata de personas.
El vínculo entre la trata de personas con el crimen organizado y otros fenómenos delictivos como el lavado de activos, la extorsión y el sicariato es cada vez más evidente. ¿Qué estrategias se pueden implementar a fin de combatir la expansión de estos delitos?
El objetivo final del tratante es el lucro ilícito a través de la explotación del ser humano. Por ende, cualquier estrategia debe tener una fuerte orientación a reducir incentivos como estos, e identificar y decomisar el dinero y los bienes obtenidos a través de las redes de trata. Esto incluye aplicar una labor y coordinación inter-agencial más proactiva, además de una investigación penal con alcances de investigación patrimonial y financiera forense.
La corrupción y la impunidad son dos factores que influyen en detrimento de las estrategias para combatir la trata de personas. Esto se ve reflejado en el limitado acceso a la justicia de las víctimas y las reducidas sentencias a los tratantes. ¿Considera usted que desde el Estado se está haciendo lo necesario para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y fortalecer el sistema penal?
Considero que siempre se puede hacer más. Por ejemplo, se necesita contar con fiscalías especializadas contra la trata de personas. Estas fiscalías deberían tener una visión holística, que al mismo tiempo cuenten con un sistema –igualmente especializado– de asistencia a sobrevivientes de trata de personas. Finalmente, se necesita fomentar un uso mayor de mecanismos adecuados de recolección de testimonios como la cámara de Gesell.
