Mayo es el mes de lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en virtud de la Resolución Ministerial N° 122-2007-MIMDES, sin embargo, esta problemática todavía no ha sido abordada como lo exigen las circunstancias, dijo hoy el congresista José Urquizo.
El legislador ha elaborado un proyecto de ley contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescente, con el propósito de visibilizar esta problemática y establecer un marco jurídico que la aborde.
A partir de ello, diversos sectores del Estado deberán adoptar medidas para la prevención y sanción de ese flagelo, así como acciones que garanticen la atención y protección integral de sus víctimas.
“Si bien la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no constituye una figura penal, en todas sus formas delictivas conexas produce daños en el aspecto físico, psicológico y social; por ello, es necesario una política nacional que la afronte”, afirmó Urquizo.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es la utilización de menores en actos sexuales o eróticos para la satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupos de personas, a cambio de un pago, promesa de pago o cualquier otro tipo de beneficios.
Existen diversos factores que imposibilitan conocer la real magnitud de este flagelo, como por ejemplo, que esta problemática ha sido tradicionalmente relacionada a la prostitución adulta, además se adjudica al cliente un rol de proveedor de “apoyo económico”.
Además, existe resistencia por parte de la ciudadanía a denunciar estos hechos, ya sea por miedo, desconfianza en el sistema de justicia o por una actitud de tolerancia social.
Finalmente, el congresista Urquizo informó que es necesario conocer cuál es la cantidad de víctimas y la dinámica en torno a este flagelo, por lo que el proyecto de ley de su autoría dispone la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual.
Ello con el propósito de contar con información estandarizada y unificada, que permita la formulación de políticas públicas adecuadas para abordar este fenómeno.