Una exhortación a las autoridades estatales, principalmente del Ministerio Público y de la Policía Nacional, para castigar con dureza a los involucrados en explotación sexual e infantil, exigieron representantes del Perú y Ecuador en el Foro Binacional “Protección a la Infancia: Movilidad Humana y Trata de Personas”, que se efectuó en la sede de la Comunidad Andina (CAN).
Organizado por el Parlamento Andino, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Ecuador y las organizaciones Capital Humano y Social Alternativo-CHS, Save de Children, Infancia sin Violencia, entre otras, sus representantes exigieron a los gobiernos proteger a la niñez frente a el citado crimen, cuyas víctimas aumentaron en los últimos años.
En el evento se informó que, según el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas (RETA-PNP), en los últimos nueve años se recibieron denuncias de casi dos mil víctimas de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, venta de niños y tráfico de órganos, siendo un 40 por ciento niños, niñas y adolescentes. Muchos otros casos no son denunciados.
“Urge adoptar medidas y una campaña nacional para castigar severamente estos delitos abominables, por ejemplo Madre de Dios se ha convertido en la primera región con más casos de prostitución infantil y explotación laboral de menores. Es una situación indigna para un Estado, conversaré esta situación con nuestra Canciller”, expresó el parlamentario andino Alberto Adrianzén.
Por su parte Lennart Reinius de Save the Children, institución defensora de la niñez, señaló que la infancia en nuestros países está desprotegida y los estados y la sociedad civil tienen el reto de asumir compromisos para su protección.
ESCLAVITUD
La trata de personas está considerada una forma moderna de esclavitud que está definida como la captación, transporte, traslado y recepción de una persona, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o bien el pago u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación.
La sicóloga Gony Alvites, quien trabaja en la recuperación psicológica de víctimas de tratantes de personas, señaló que es muy duro escuchar las crueles experiencias vividas por ellas. “Es muy difícil reinsertar a esta gente en la sociedad por los traumas vividos, es necesario mucho trabajo y muchas terapias”.
En una Declaración Conjunta emitida al término del Foro, los representantes de los dos países solicitaron que en el marco de cooperación interinstitucional en materia de trata de personas entre los ministerios del Interior de ambos países, se implementen controles migratorios en ambas naciones con tecnología adecuada para el registro y verificación de identidad de los niños y adolescentes que cruzan sus fronteras.
Ricardo Valdés Cavassa, presidente de CHS Alternativo, dijo en un evento similar en Colombia que el Estado peruano destina apenas un millón 600 mil soles para combatir la trata de personas, lo que comprende prevención, persecución a los delincuentes que practican ese delito y asistencia y protección de las víctimas, lo que contrasta con el dinero que el Estado dedica a otros fines menos urgentes.
