Ricardo Valdés Cavassa, presidente de la ONG CHS Alternativo, denunció que el Estado Peruano ha dispuesto del 0.000015% (1´600,000.00 soles) del presupuesto nacional para la prevención y persecución de la trata de personas en el país, así como, para la asistencia y protección de las víctimas de este delito. Ínfimo porcentaje que contrasta con otros gastos onerosos que realiza el gobierno central, tales como la publicidad o la mejora de equipos para el canal estatal (30 millones de soles).
El expositor peruano realizó la denuncia durante el Tercer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas que se viene desarrollando del 16 al 18 de julio en Bogotá, Colombia, y ante un auditorio con más de 450 asistentes, con personalidades como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Trata y Tráfico de Personas, Joy Ngozi Ezeilo, y el Juez Baltazar Garzón del Tribunal Penal Internacional de la Haya; quienes están reunidos para ver los aspectos de la globalización del delito de trata de personas y el acceso a la justicia.
“Según una investigación del Sub grupo de seguimiento del Plan de Acción contra la Trata de Personas, realizada por el Congreso de la República, el Ejecutivo apenas ha reportado 1´600,000.00 soles destinados a la implementación de dicho Plan, pese a que el presupuesto de la República alcanza los 108 mil 409 millones de soles”, refirió Valdés durante su exposición.
La situación reportada pone al Perú como uno de los países que, pese a su reputado crecimiento económico, olvida a miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran forzadas a laborar o son violadas sistemáticamente en campamentos mineros informales, prostibares, entre otros lugares ampliamente denunciados por los medios de comunicación.
De no producirse un cambio en la aproximación del Estado Peruano frente al delito, éste podría llegar a ser denunciado como cómplice o facilitador de la Trata de Personas a nivel internacional.
