Sentencian a 9 años de cárcel a tratante en Madre de Dios


La Fiscalía Especializada en Delitos de trata de Personas de Madre de Dios, logra sentencia condenatoria de 9 años de pena privativa de libertad efectiva en contra de César Augusto Huamán Jaro (31) propietario del bar "Acuario", ubicado en el campamento minero Zorro Valencia, por haber explotado laboral y sexualmente a la menor de iniciales S.M.E.S. (16), quien fuera captada bajo falsas ofertas de empleo y fue puesta a trabajar como dama de compañía.

La intervención del Fiscal Provincial Luis Alberto Sánchez Villaran en juicio oral permitió conseguir dicha sentencia condenatoria, cuya prisión se hace efectiva en el penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, así también, se impuso una reparación civil ascendente a la suma S/ 5 000 soles.
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VI Informe Alternativo: luces y sombras en la lucha contra la trata de personas

Compartimos reflexiones sobre el último estudio hecho por CHS Alternativo sobre el tema


Por Inforegión

Apenas veinticinco céntimos por persona es lo que el Estado invierte para luchar contra la trata de personas. Este es uno de los principales hallazgos del VI Informe Alternativo 2017-2018, el balance anual que realiza Capital Humano y Social Alternativo sobre la labor estatal frente a este delito conocido también como la esclavitud del siglo XXI.

Este monto se desprende del presupuesto de S/8 231.751 asignado en 2018 para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021. Ello, a su vez, equivale al 0,0052 % del presupuesto general de la República.

Además, según detalla la información, solo cuatro ministerios destinaron durante este año un presupuesto específico contra la trata, siendo el mayor el del Ministerio del Interior (Mininter).Respecto a los gobiernos regionales,estos solo ejecutaron el 24% de lo asignado para esta labor en 2018.

Sin embargo, el panorama para el próximo año se presenta todavía más preocupante. De acuerdo al presupuesto general proyectado para el 2019, el Estado se ha reservado para todas las acciones contempladas en el PNAT la ínfima suma de S/ 0,15 por cada peruano.

Se trata, sin duda, de un monto insuficiente. En ese sentido, Capital Humano y Social Alternativo demanda un compromiso mayor por parte del Estado,el mismo que debe traducirse en la asignación de un programa presupuestal destinado para la implementación del PNAT.

Otro hecho lamentable que muestra el Informe Alternativo es que el Estado todavía no logra concretar un sistema unificado de registro de víctimas de trata de personas. De esta manera, por ejemplo, mientras, en 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 725 denuncias, el Ministerio Público (MP-FN) dio cuenta de 1307 (55 % más). Tampoco se cuenta con un sistema integral para la protección y la rehabilitación de las víctimas.

De otro lado, el Informe Alternativo muestra un avance en el marco normativo para enfrentar no solo a la trata de personas sino también a delitos relacionados a ella, como el caso de la explotación sexual. Existe, además, una continuidad de la persecución del delito.

Asimismo, a nivel de gobernanza, es positivo que el Mininter y la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas hayan trabajado en conformar mesas a lo largo de todo el país. En este sentido, es de destacar que 16 gobiernos regionales han solicitado fondos al Ministerio de Economía para enfrentar la trata de personas este 2019.

Queda claro que, en general, el Estado mantiene una gran deuda con la sociedad  en torno a la lucha contra la trata de personas. Y, como en buena cuenta, la voluntad política de un Estado frente a un problema se expresa en el presupuesto, reiteramos nuestra demanda de la asignación de un programa presupuestal para  el PNAT, a fin de hacer más eficiente el gasto de los recursos y, con él, lograr una lucha integral contra la trata de personas.

El VI Informe Alternativo fue elaborado gracias a la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se informó a INFOREGIÓN.
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Un joven es acusado de trata de personas en agravio de tres menores

Llevó a tres menores a un hotel. Ahora se investiga que planes tenía para las adolescentes


Por Diario Correo

Un joven fue detenido por el presunto delito de trata de personas en agravio de tres adolescentes, en el distrito de Zorritos de la región Tumbes.

Tras una denuncia realizada por una madre de familia, refiriendo que su menor hija se había escapado de su vivienda, la Policía llevó a cabo la búsqueda con los familiares de la adolescente.

Mientras realizaban la ubicación, la mamá se acercó a la sede policial junto a tres menores de 15 años de edad, entre ellas su hija, manifestando que también se habían escapado de sus casas y las encontraron en un hotel, en la ciudad de Tumbes.

Asimismo, manifestó que Franchesco Aldair Medina Sullón (18), las había llevado de Zorritos a Tumbes a dicho hotel y había pagado la suma de 300 soles por el alquiler de un cuarto.

Ante una llamada, el acusado se apersonó a la dependencia policial, quedando en calidad de detenido para desarrollar las diligencias por el presunto delito de trata de personas.

Por otro lado, los agentes del orden ubicaron a los familiares de dos menores para que tengan conocimiento de la situación.
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Estado destinó S/0,25 por persona en el 2018 para lucha contra la trata

En el 2019, el Estado destinará apenas S/0,15 por persona al año para la lucha contra la trata de personas, según un informe elaborado por CHS Alternativo



Por El Comercio

Veinticinco céntimos, lo que hoy cuestan dos caramelos de limón o una pequeña caja de chicles, es lo que el Estado invierte por persona al año para luchar contra la trata de personas.

Esto se debe a que el presupuesto asignado en el 2018 para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021 fue apenas de S/ 8’231.751, es decir, el 0,0052 % del presupuesto general de la República.

“Es pobrísimo, esto no alcanza para garantizarle seguridad a la ciudadanía frente a la trata y otros delitos afines como la explotación sexual”, opina Ricardo Valdés, director ejecutivo de la ONG CHS Alternativo.

Los escasos recursos que el Estado destina para concretar acciones contra este delito es una de las conclusiones del VI Informe Alternativo sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2017-2018, elaborado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo.

Según refiere Valdés, pese a que la falta de presupuesto para luchar contra la trata es un problema reiterativo, lo que se espera para el 2019 es aún más preocupante. El Congreso acaba de aprobar el presupuesto para el próximo año, que destina S/4,7 millones para la lucha contra este delito; es decir, S/0,15 por persona al año.

“Proponemos que de una vez por todas el Ejecutivo se comprometa a asignar un programa presupuestal para la trata. Urge que el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] asigne presupuesto a todos los sectores del Estado que tienen obligaciones, y eso no está ocurriendo”, indica Valdés.

Según detalla el informe, solo cuatro ministerios destinaron durante este año un presupuesto específico contra la trata, siendo el mayor el del Ministerio del Interior (Mininter).

Este Diario solicitó una entrevista con esta cartera para conocer los avances logrados y la posición del sector respecto al presupuesto designado, pero sus voceros indicaron que por el momento no se pronunciarán.

—¿Y las víctimas?—

Para Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, otro hallazgo alarmante del informe es que los gobiernos regionales solo ejecutaron en el 2018 el 24% de lo asignado para trata de personas.

“Aun con el poco dinero que se da, no hay eficiencia de gasto, no se ha ejecutado casi nada”, lamenta Castillo.

Solo en el 2017, la trata de personas dejó 1.433 víctimas, de las cuales casi la mitad son menores de edad. Pese a que, según la fiscalía, la mayoría de denuncias por trata en el 2017 fueron registradas en Madre de Dios y Lima, el informe revela que en la primera de estas regiones se asignaron poco menos de S/16 mil para acciones contra este delito. En Lima fue peor: no se destinó ni un sol.

Para Castillo, el trabajo de prevención y protección por parte del Estado también es criticable, ya que aún no se cuenta con un sistema integral para proteger a las víctimas de trata. “Siguen pasando desapercibidas, no se les presta atención en prevención. No solo se trata de rescatarlas, sino de rehabilitarlas para que puedan tener un nuevo proyecto de vida”, agrega Castillo.

Tanto Valdés como Castillo coinciden en que ha existido un avance normativo para enfrentar la trata y los delitos conexos como la explotación sexual, pero que no es suficiente. Por ejemplo, entre el 2017 y el 2018, fueron encarceladas 187 personas acusadas del delito de trata, pero en muy pocos casos se han impuesto condenas de cárcel efectiva.
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Intervienen bar donde se ejercía la prostitución en el distrito de Chongoyape

En el lugar se intervino a tres féminas y administradores


Por Diario Correo

Personal policial de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri), intervinieron un bar donde se ejercía la prostitución clandestina. Los agentes se movilizaron el último domingo, hasta el nigth club “La Rumba”, ubicado en el centro poblado Paredones, en la carretera Chongoyape-Chota, en donde encontraron a féminas que ofrecían servicios sexuales.

Tras la inspección, la Policía encontró preservativos, así como detuvo a tres mujeres y a los encargados de la administración, quienes fueron identificaron como Ricardo Guevara Torres (66) y Agustín Monteza Cabrera (54).

Los detenidos fueron trasladados hasta la Divincri, para las investigaciones correspondientes.
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Intervienen a 14 venezolanas laborando en night club

Operativo se ejecutó en dos locales nocturnos


Por Diario Correo

Durante un operativo inopinado, los agentes de la sección de Trata de Personas de la Policía intervinieron dos locales nocturnos en donde encontraron a 14 mujeres ejerciendo el meretricio, en la ciudad de Trujillo.

La intervención inició alrededor de la 1:30 de la mañana del domingo en el night club conocido como “Copacabana”, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Miraflores, en la urbanización El Molino.

En este local se encontró a dos hombres de nacionalidad venezolana, quienes laboraban como seguridad de dicho establecimiento nocturno.

Posteriormente, los representantes de la Policía, Fiscalía de Prevención del delito intervinieron en el night club “StarBlue El Club”, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Chan Chan, en el distrito de Huanchaco.

En este negocio se halló a catorce mujeres, también de nacionalidad venezolana, las mismas que estaban laboran como damas de compañía.

Por tal motivo, los 16 extranjeros fueron conducidos a la Divincri de Trujillo para que el personal policial pueda verificar su calidad migratoria; pues muchos de ellos están en la ciudad de manera irregular.
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Policía desarticuló 3 bandas dedicadas a la trata de personas

Se detuvo a 20 personas en operativos

En lo que va del año, 3 bandas delincuenciales dedicadas a la trata de personas fueron desarticuladas por la Policía donde se detuvo a 20 personas, según se puede leer en el último informe de producción policial del Departamento de Investigación Criminal.

Los capturados estaban involucrados en 17 situaciones de trata donde sus víctimas fueron trasladadas a zonas mineras y/o para la atención de bares y cantinas.

En la mayoría de casos, los mafiosos se apoderaban de los DNI de las víctimas para evitar que huyeran. La primera captura fue a "Las malditas boas" cuya detención se realizó el 28 de julio. La banda estaba integrada por Ledy Benito Maylle y Jesús Cometivos Ruiz.

La segunda fue “Las hienas del sur”, integrada por Robertha Mamani alias “Jessica”, Wilma Calsin alistas (a) “Vilma” y Chano Huisa Ccahuana alias “Edgar”, capturados el 20 de octubre último y cumplen prisión preventiva de 9 meses. La Policía sigue tras los pasos de Richar Ordoñez (27) alias “Ricky” y Mariela Abaro (34) alias “Yuliana”.

Y la tercera, "Los desalmados del tráfico humano" integrada por 14 personas. En este caso solo se dictó 18 meses de prisión preventiva a la presenta cabecilla de la banda Cinthia Carolina Tello Preciado, el chofer Roque Yáñez Quispe y la jaladora Kathy Quinteros Quispe.
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Delegaciones de Puno y Bolivia debatirán tema “Trata de Personas” en taller sobre poblaciones vulnerables


Por Radio Onda Azul

El Secretario Técnico de la Red Regional de Lucha Contra la Trata de Personas de Puno, Juan José Aldazabal Soto, sostuvo que para el culminar el presente año llevaran a cabo un taller sobre el tratamiento de las poblaciones vulnerables contra la trata de personas conjuntamente con la delegación boliviana a desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Puno.

Replicó que no solamente participaran las delegaciones de Puno y Bolivia, sino también participaran la comisión multisectorial de la mesa permanente contra la trata de personas presidido por el Ministerio de Interior.

Explicó que en las últimas reuniones también abordaron sobre las denuncias de pérdidas y raptos de niños, adolescentes y adultos, lo que debe ser denunciado ante el Ministerio Publico donde se cuenta con la fiscalía especializada contra la trata de personas, donde al recibir la denuncia se activaría todas las acciones para dar con el paradero del menor conjuntamente con la Policía Nacional del Perú.
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Arequipa: dictan prisión preventiva contra 3 acusados de tráfico de niños

De los 11 acusados, a tres se les dictó prisión preventiva. Los otros ocho acusados, entre ellos el ex director de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde, fueron liberados con comparecencia simple


Por El Comercio

La modelo y productora de eventos, Cinthia Carolina Tello Preciado, sindicada por el Ministerio Público como la líder de una presunta banda criminal dedicada al tráfico de niños en Arequipa, recibió 18 meses de prisión preventiva. Esta misma medida fue dictada contra Roque Yáñez Quispe, chofer, presunto intermediario y negociador; y Kathy Quinteros Quispe, quien se presume realizaba las coordinaciones y se desempeñaba como 'jaladora'.

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada había solicitado 36 meses de prisión preventiva para los 11 supuestos integrantes de la red criminal “Los desalmados del tráfico humano”, por los delitos de trata de personas, organización criminal y favorecimiento al aborto.

Luego de cinco días de audiencias, la noche del viernes la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Arequipa emitió su fallo sobre el requerimiento.

Para la magistrada Danitza Sánchez Herrera, el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de una organización porque no ha precisado su finalidad ni la función de cada miembro. En este sentido, dijo que la fiscalía solo presentó un organigrama, pero no identificó la estructura de la organización. Por esta razón, para la jueza no existen elementos para que los acusados sean declarados como una organización criminal.

Sobre el delito de favorecimiento al aborto consentido, tampoco se tipificó la actuación de los miembros. La fiscalía sostiene que hay indicios del delito de aborto, pero para la jueza estos no son suficientes ni graves para vincular a los imputados.

Respecto a la posible comisión del delito de trata de personas, la jueza manifestó que sí existen indicios fundados que vinculan con este delito a tres de los 11 presuntos miembros. Por ello, dispuso 18 meses de prisión efectiva para Cinthia Tello, Roque Yáñez y Katy Quinteros.

Los tres detenidos de manera preventiva fueron trasladados al penal de Socabaya, mientras que los otros ocho acusados, entre ellos el ex director de la Policía Nacional, Raúl Becerra Velarde, fueron liberados con comparecencia simple. La fiscal encargada del caso, Rosmery Palomino, apeló el dictamen de la jueza.

Como se recuerda, el pasado 6 de noviembre, 260 policías y 20 fiscales capturaron a 14 personas que, según el Ministerio Público, eran miembros de una presunta banda criminal dedicada a comercializar bebes en Arequipa.

Las autoridades allanaron nueve viviendas, cuatro consultorios, una clínica y dos tópicos clandestinos y lograron rescatar a una menor de cinco meses de edad.

La investigación formal sobre este caso recién comienza. La medida de prisión preventiva que requirió la fiscal para 11 personas era para garantizar que no se fuguen. En total, son 11 los investigados por este caso, además de otros cuatro que están en calidad de citados.
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Liberan a exdirector de la Policía implicado en tráfico de niños en Arequipa

El exdirector de la Policía, general (r) Raúl Becerra, seguirá siendo investigado en libertad junto a otros siete implicados en la red criminal "Los desalmados del tráfico humano" en Arequipa. La pareja del general, Carolina Tello y los denunciados Roque Yañez Quispe y Kathi Quinteros, recibieron 18 meses de prisión preventiva.


Por RPP

El exdirector de la Policía, general (r) Raúl Becerra Velarde, quedó en libertad en el caso de la presunta red criminal de tráfico de niños “Los desalmados del tráfico humano”, desarticulada en Arequipa.

En la audiencia de pedido de prisión preventiva realizada hasta la madrugada del sábado, la jueza Danitza Sánchez Herrera resolvió que no existen suficientes medios de pruebas que involucren a Becerra y otras 7 personas en el delito de tráfico de personas. Ellos recibieron comparecencia simple.

En el caso de Cinthia Carolina Tello Preciado (pareja de Becerra), Roque Yañez Quispe y Kathi Quinteros Quispe, el juzgado dictó 18 meses de prisión preventiva. Los once implicados son investigados por el delito de trata de personas.

Raúl Becerra, quien se mostró nervioso durante toda la lectura de la resolución, dijo a su salida que fue una víctima y sostuvo que la jueza hizo justicia con él.

“Yo no tengo que ver nada en el asunto, yo acá soy una víctima y la verdad que la señora jueza hizo justicia y estoy completamente libre, no tengo ningún tipo de responsabilidad en el caso en particular”, señaló Becerra Velarde.

Respecto a su pareja, Becerra dijo que le da pena y que ella solo cometió un error de llevar a una hija que no es suya.

“Se descubrió que no era ni mi hija ni de ella. Ella (Carolina Tello) cometió un error y va a tener que pagarlo. Soy un hombre libre. Me encariñé con la bebé como cualquier padre, hasta lo publiqué en el Facebook, todavía la quiero a la bebé”, añadió Becerra.

La resolución se dio en el auditorio de la Corte Superior de Arequipa y duró más de cinco horas, tiempo en el que la jueza solo valoró el delito de trata de personas, más no el de organización criminal, ni el de aborto.

“La prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público tiene elementos fundados y graves solo respecto al delito de trata de personas, mas no de organización criminal, ni de aborto”, indicó la magistrada.

De esta manera, quedaron en libertad Noemi Diana Castro Gonzales, Sharo Elaine Yañez Quispe, Gonzalo Elías Chirinos Yanque,Maricela Quispe Coila, Brenda Angélica Cama Viza, Mery Yanina Arrpsquipa Ramos y Marco Zegarra Calderón.

La fiscal de Crimen Organizado, Rosmery Mendoza, apeló la decisión de la jueza Danitza Sánchez Herrera en el caso.
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Entrevista “Se necesita una cadena presupuestal programática para trabajar de manera articulada”

Entrevista a Sr. Javier Ruiz Eldredge, director de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior.
¿Qué opinión le merece la publicación de este VI Informe Alternativo? ¿Qué utilidad le puede encontrar el Estado?
Bueno,creo que todo Informe Alternativo, que se produce desde la sociedad civil,permite que el Estado pueda revalorar las acciones que viene realizando y  puntualizarlas mejor. Yo también he trabajado desde la sociedad civil, y por lo tanto también me ha tocado trabajar este tipo de informes.  Pero otra cosa es cuando se  está dentro del Estado, y vemos lo que ocurre en la realidad: el desempeño, el compromiso de los profesionales,pero también las dificultades que existen, básicamente en el tema presupuestal. También es imperante llegar  a la población con todas las acciones de prevención, sobre todo porque a veces existe un desinterés que también afecta mucho. Entonces creo que este tipo de informes permite visibilizar  a la opinión pública el delito de trata y cómo afecta a la sociedad. Esto nos permite ver las cosas desde otra perspectiva y afinar nuestras acciones.
Uno de los principales hallazgos del Informe  Alternativo es que el presupuesto destinado para lucha contra la trata de personas ha disminuido en relación al año pasado. Ahora, según el presupuesto para el 2019, este volverá a disminuir. ¿Qué lectura tiene de ello?
Hay un tema que tiene que ver con todo el proceso de ejecución presupuestal. Si un sector del Estado no ejecuta adecuadamente su presupuesto, entonces es probable que el próximo año el Ministerio de Economía le haga un recorte presupuestal. En ese sentido, tengo que decir que nuestra ejecución presupuestal  ha sido bastante adecuada.Entonces hemos llegado a un porcentaje bastante elevado de ejecución presupuestal. Y el presupuesto que se tiene de 7 millones, que es compartido entre la Dirección General de Seguridad Democrática de  y la Dirección de la Lucha contra la Trata de Personas, ha sido ratificado para el próximo año. Es decir, en este caso particular no habría una reducción. Sin embargo, sí nos preocupa que otros sectores que participan de la lucha contra la trata se vean afectados en sus presupuestos. Se trata más bien que mantengan sus presupuestos y si es posible aumentarlos.

En ese contexto, CHS Alternativo ha propuesto la asignación de un programa presupuestal para el Plan Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas.
En efecto, lo que se necesita es una cadena presupuestal programática que permita que todos podamos trabajar  de manera articulada. Esto requiere de recursos técnicos para elaborar un presupuesto por  resultados que sea aprobado por el Ministerio de Economía. El presupuesto es un problema que tiene el Estado.
Hemos visto que hay grandes diferencias entre las estadísticas que tienen tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público.
El sistema del Reta se está repotenciando y la idea es que mejore y se resuelvan las dificultades que se producen. Otro tema es que tiene muchas variables que puede llevar a confusión. Dentro de los sectores también puede haber diferencias entre lo que puede decir, por ejemplo, la dirección Alta Tecnología de la Información de lo que puede decir la Dirección de Estadística. Además,contamos con otros registros como el SIPOL. Son registros que tienen que integrarse. Asimismo, el Ministerio Público cuenta con un sistema de registro. También se acaba de aprobar el sistema Rubra, que es el sistema de víctimas y de agresores. Creemos que con este registro el sistema se va a repotenciar y confiamos que las cosas mejoren para el próximo año.
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Editorial N° 247: VI INFORME ALTERNATIVO – LUCES Y SOMBRAS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Apenas veinticinco céntimos por persona es lo que el Estado invierte para luchar contra la trata de personas. Este es uno de los principales hallazgos del VI Informe Alternativo 2017-2018, el balance anual que realiza Capital Humano y Social Alternativo sobre la labor estatal frente a este delito conocido también como la esclavitud del siglo XXI.
Este monto se desprende del presupuesto de S/8 231.751 asignado en 2018 para la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-2021. Ello, a su vez, equivale al 0,0052 % del presupuesto general de la República.
Además, según detalla la información, solo cuatro ministerios destinaron durante este año un presupuesto específico contra la trata, siendo el mayor el del Ministerio del Interior (Mininter).Respecto a los gobiernos regionales,estos solo ejecutaron el 24% de lo asignado para esta labor en 2018.
Sin embargo, el panorama para el próximo año se presenta todavía más preocupante. De acuerdo al presupuesto general proyectado para el 2019, el Estado se ha reservado para todas las acciones contempladas en el PNAT la ínfima suma de S/ 0,15 por cada peruano.
Se trata, sin duda, de un monto insuficiente. En ese sentido, Capital Humano y Social Alternativo demanda un compromiso mayor por parte del Estado,el mismo que debe traducirse en la asignación de un programa presupuestal destinado para la implementación del PNAT.
Otro hecho lamentable que muestra el Informe Alternativo es que el Estado todavía no logra concretar un sistema unificado de registro de víctimas de trata de personas. De esta manera, por ejemplo, mientras, en 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó 725 denuncias, el Ministerio Público (MP-FN) dio cuenta de 1307 (55 % más). Tampoco se cuenta con un sistema integral para la protección y la rehabilitación de las víctimas.
De otro lado, el Informe Alternativo muestra un avance en el marco normativo para enfrentar no solo a la trata de personas sino también a delitos relacionados a ella, como el caso de la explotación sexual. Existe, además, una continuidad de la persecución del delito.
Asimismo, a nivel de gobernanza, es positivo que el Mininter y la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas hayan trabajado en conformar mesas a lo largo de todo el país. En este sentido, es de destacar que 16 gobiernos regionales han solicitado fondos al Ministerio de Economía para enfrentar la trata de personas este 2019.
Sin embargo, pese a este y otros avances aislados, queda claro que, en general, el Estado mantiene una gran deuda con la sociedad  en torno a la lucha contra la trata de personas. Y, como en buena cuenta, la voluntad política de un Estado frente a un problema se expresa en el presupuesto, reiteramos nuestra demanda de la asignación de un programa presupuestal para  el PNAT, a fin de hacer más eficiente el gasto de los recursos y, con él, lograr una lucha integral contra la trata de personas.
El VI Informe Alternativo fue elaborado gracias a la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

VI Informe Alternativo: Resumen Ejecutivo
 VI Informe Alternativo: versión completa
 VI Informe Alternativo: Estación de preguntas
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“La trata de personas es una realidad que lo hemos sacado de lo oculto”

En el Perú recién se ha tipificado el delito de Trata de Personas en el 2008. Antes solamente se refería al traslado de personas para el tema de prostitución



Juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Segismundo León Velasco

Por Diario La Región

En el auditorio de la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto-CSJLO, culminó ayer el taller de 02 días de capacitación dirigido a jueces y personal jurisdiccional sobre el delito de trata de personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Exposición presentada por el juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Segismundo Israel León Velasco.

Respecto a los objetivos del taller, dijo que lo importante es sensibilizar, verificar, dar mayores herramientas de capacitación a todos los operadores de justicia para que de manera más especializada cada uno cumpla su rol. “Los efectivos policiales, la fiscalía y el Poder Judicial puedan combatir de manera más adecuada la trata de personas”.

En relación a que en la última década las denuncias de casos de trata de personas ha ido en aumento, comentó que “Que es una realidad que le hemos sacado de lo que estaba oculto para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que estaba pasando”.

Recordó que es un delito muy antiguo. “Lo que pasa es que en el Perú recién se ha tipificado este delito en el 2008. Antes solamente se refería a un tema de traslado de personas para el tema de la prostitución, pero a partir del 2008 se incluye en el Código Penal para reprimir el delito de trata de personas, que abarca no solamente el tema de explotación sexual, sino también el tema de explotación laboral, de mendicidad, el tema de trasplante de órganos y otras circunstancias”.

León Velasco, precisa que “Esto hace que todos los operadores de justicia seamos nuevos en el tema, prácticamente tenemos diez años”.

Indicó que la trata de personas tiene su caldo de cultivo en circunstancias de vulnerabilidad. “Ahí donde hay escasas condiciones de sobresalir, de tener estudios, de tener una capacidad para poder laborar; en esas circunstancias y frente a la desesperación de las personas, se sirven los tratantes para captarlas, para trasladarlas y explotarlas”.

Acotó que “Mientras nosotros tratemos de eliminar esos caldos de cultivo, esas circunstancias que permiten a las personas ser pasibles de ser tratadas, estaremos combatiendo la trata de personas. Y que una de las fases del combate no solamente es el ámbito penal que interviene cuando ya ha habido el tema de trata de personas. Lo que queremos como Estado peruano es que no haya esta lacra. Eso lo tratamos de evitar a través de las políticas públicas”.

PROCESO CONTRA LA “TRATA DE PERSONAS”

“En principio si no hay proceso, no hay posibilidad de ninguna sanción” y para que se dé la sanción se requiere un mecanismo que hace referencia al tema de pruebas. Y para que haya pruebas tiene que haber una adecuada investigación de la policía con el Ministerio Público”.

Manifestó que eso a veces la ciudadanía no entiende. “El sistema de justicia tiene sus actores y cada uno cumple un rol. Tenemos a la policía y fiscalía encargadas de investigar y llevar a los posibles culpables frente a un estrado judicial. Tenemos el imputado (denunciado) que también tiene su abogado defensor y también tiene derechos”.

Frente a esas circunstancias de la acusación y los derechos está el juez que frente a esta dicotomía, “tendrá que sacar sus conclusiones a partir de los méritos de prueba que se actúen. Entonces para poder tener una correcta sanción se requiere una buena investigación”.

FORTALECEN INVESTIGACIONES MÁS CIENTÍFICAS

Resaltó que se vienen haciendo varios operativos por la policía y cada vez se están perfeccionando más. “La Policía ha creado una División con agentes especializados en trata de personas. La propia Fiscalía tiene Fiscalías Especializadas de lucha contra la Trata de Personas. Y además especializados en lucha contra el crimen organizado.

Entonces a través del Estado se está fortaleciendo su ente persecutor para que se realicen investigaciones más científicas, más correctas, más adecuadas que posibiliten en un proceso penal tener sentencias condenatorias o sancionar a los delincuentes que son los tratantes.

TRABAJO DOMÉSTICO QUE CONFIGURA “TRATA DE PERSONAS”

Recordó que culturalmente aceptable el “trabajo doméstico” de menores y mujeres con condiciones determinadas llevan a un supuesto que se puede configurar la trata de personas. “Por ejemplo hacerle trabajar durante muchas horas de trabajo, agotar todo su esfuerzo de trabajo, de lunes a domingo, no permitirles salir, entonces ya es un tema que está incurso en el delito de trata de personas”.
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Pedirán prisión preventiva contra mujer que quiso comprar bebé en Cusco

Caso que sorprendió a la población de Cusco se descubrió el lunes. Fiscalía especializada en Trata de Personas solicitará prisión preventiva contra mujer que quiso comprar bebé, aprovechando la situación de vulneralidad de madre progenitora.


Por La República

El lunes 19 de noviembre, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Calca de Cusco, tomó el caso de la presunta comercialización de una bebé recién nacida. Tras realizar diligencias urgentes, intervinieron a la madre y a la compradora, contra quien solicitarán prisión preventiva.

Andrónika Zans Rivera, fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, indicó que Juana Tapara Quispe, madre biológica de la niña, y Margarita Ortiz Huayllapuma de (50) fueron intervenidas, pero la última quedó detenida. Contra esta última mujer el Ministerio Público pedirá prisión preventiva por 9 meses.

De las primeras investigaciones, se estableció que Juana Tapara, trabajaba en labores agrícolas en la propiedad de la investigada. Margarita Ortiz tenía conocimiento del estado de vulnerabilidad económica y social en la que se encontraba la madre biológica por lo que le ofreció dinero con la finalidad de hacerse de la menor.

La tesis fiscal es que Ortiz Huayllapuma intentó adoptar ilegalmente a la bebé. De acuerdo al Código Procesal Penal, la pena por la figura de adopción ilegal, que se encuentra contemplada dentro del delito de Trata de Personas, sería de entre 25 a 35 años de cárcel.
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Levantan la voz contra la trata de personas

Por Diario Voces

Todo va quedando listo para la realización del V Encuentro de la Red Regional Interescolar “Todos unidos contra la Trata” que se realizará los días sábado 24 y domingo 25 en las instalaciones de la Institución Educativa Serafín Filomeno de la ciudad de Moyobamba.

El Encuentro que se realiza todos los años en diferentes provincias de la región, tiene como lema; Si de la trata te quieres salvar, tu voz debes levantar y, tiene como propósito evaluar las acciones de aprendizaje, de incidencia y otras propuestas ciudadanas que éste año han promovido cerca de 28 Instituciones Educativas para la prevención de la Trata de personas en sus localidades rurales e indígenas.

Asimismo, se tendrán espacios para aprender de las experiencias de entidades como el Ministerio del Interior, la Fundación Friedrich Ebert, la Dirección Regional de Educación y otros.
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Cusco: prisión preventiva para administrador de bar por trata

Además, se formalizó investigación en contra del propietario, tras operativo que permitió rescatar a una menor


Por Andina

Nueve meses de prisión preventiva deberá cumplir Walter Cuya Ccoria (56), quien sería el administrador de un centro nocturno en Cusco, donde fue rescatada una menor víctima de explotación, durante un operativo multisectorial realizado el jueves último.

La fiscal provincial especializada en delitos de trata de personas de Cusco, Andrónika Zans Rivera, explicó que en el operativo fueron rescatadas 13 mujeres, entre ellas la menor de edad.

Asimismo, en el lugar fueron detenidos, además de Cuya Ccoria, otras 7 personas, dos de ellos de nacionalidad venezolana.

La representante del Ministerio Público destacó que la menor fue acogida en el centro ‘Virgen de Natividad’, donde viene recibiendo la atención necesaria.

De otro lado, Zans Rivera informó que dispuso formalizar investigación en contra del propietario del local, Jaime Alfredo Flores Flores (49).

Las sanciones se lograron gracias a los argumentos expuestos por la Fiscalía de Trata de Personas de Cusco.
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Solo el 2% de denuncias por trata de personas culminan en sentencias

Según el Ministerio Público, el 85% de las presuntas víctimas registradas el año pasado eran mujeres.


Por RPP

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, Perú es el tercer país con mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna. En cada una de sus modalidades, las víctimas de explotación sexual, explotación laboral, explotación doméstica, mendicidad y venta de niños forman parte de este registro.

La trata de personas es un fenómeno que afecta principalmente a la población femenina del país. Según el reporte “La respuesta del Ministerio Público frente a la Trata de Personas”, el 85% de las 1307 presuntas víctimas registradas en el 2017 fueron mujeres.

Para Cecile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (Idehpucp), esto se debe a la violencia contra la mujer generalizada en la sociedad y a las desigualdades entre hombres y mujeres.

“Por ejemplo, las desigualdades económicas hacen a las mujeres más vulnerables. Las mujeres siguen siendo menos pagadas y acceden a menos trabajos formales, están en condiciones más precarias en sus trabajos, siguen haciendo tareas de cuidado”, explica.

Las víctimas de este delito pocas veces reciben justicia. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró que el 47% de los detenidos por trata en el 2016 fueron excarcelados en el 2016. Asimismo, al cierre del 2017, había 90 personas encarceladas y sentenciadas por trata de personas. De acuerdo al reporte del Ministerio Público, esto significa que la eficacia del Sistema de Justicia Penal ha sido de 1% a 2% en los últimos años.

“Hay todavía cierto desconocimiento por parte de los operadores de justicia sobre el delito de trata, entonces, se les complica encontrar los elementos para demostrar el delito. Además, muchas veces el proceso se basa en el testimonio de la víctima, lo cual puede ser revictimizador para ellas. En algunos casos, ya no quieren participar del proceso penal y entonces el proceso se cae”, señala Blouin.

A esto se le suman los casos de corrupción entre los tratantes y jueces. Esto se evidencia con el caso  de la sala en la que participaba el cuestionado César Hinostroza, protagonista de los CNM Audios. Un caso en el que absuelve a una tratante de una niña de 14 años bajo el argumento de que la niña ejercía labores de “dama de compañía” y este trabajo no agota su fuerza laboral.

Entre el 2009 y el 2017, el Ministerio Público registró 5707 denuncias por trata de personas a nivel nacional, con un total de 7463 víctimas.
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Piura necesitaría de jueces y fiscales especializados en delito de trata de personas

Por El Tiempo

El director de Programas de la ONG CHS Alternativo, Luis Aguilar Cardoso, invitó a la reflexión sobre la necesidad de que la región cuente con un sistema de justicia con jueces y fiscales especializados en el delito de trata de personas.

Esto a propósito de la captura de la organización criminal “Los desalmados del tráfico humano”, cuyos cabecillas son de origen piurano. Además, recordó lo sucedido en el caso del club nocturno “La Noche”.

“La sentencia del 2013 fue indignante: se absolvio a los involucrados, entre ellos el dueño de ‘La Noche’. Incluso la víctima Jhinna Pinchi fue testigo de la presencia de funcionarios públicos como clientes del lugar donde fue explotada laboral y sexualmente”, comentó Aguilar.

Recordó que la sentencia fue cambiada: Carlos Chávez, el dueño de “La Noche”, está prófugo y se ofrecen 20 mil soles por información de su paradero. Sin embargo, resaltó que “ello nos llama a la reflexión sobre la necesidad de un proceso justo y con fiscales y jueces no solo probos, sino especializados en temas de trata de personas”.

Por otro lado, el especialista señaló que, de acuerdo al Ministerio Público, en Piura se han presentado 62 denuncias por trata de personas en el 2017. Esta cifra representa el 4,3% del total de las presentadas a nivel nacional. Asimismo, explicó que respecto al 2016 ha habido un incremento de 9 casos. Aún se esperan las cifras del presente año.

Datos
* Desde 2011, con la Ley 29685, se establece que la Policía debe recibir y tramitar la denuncia de desaparición de una persona en forma inmediata.

* Los familiares pueden denunciar sin tener que esperar 24 horas de la desaparición.

* Las comisarías deben reportar la desaparición a través de una nota de alerta a todas las comisarías a nivel nacional, así como la Policía de Carreteras y Aeroportuarias.
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Entrevista “Nuestra labor es en realidad una labor social”


Comandante PNP Johnny Loayza Vega – Jefe del Departamento de Alerta de Emergencia de Menores de la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Este año el Ministerio del Interior ha lanzado la página Web “Te estamos buscando”. Cuéntenos de ella.
Esta página surge para reemplazar a “Peruanos Desaparecidos”. A través de la nueva página se difunde los boletines de alerta a fin de que la población civil nos ayude a encontrar a los menores de edad que han desaparecido. Ahí colocamos los casos y los actualizamos si es que las personas ya han sido ubicadas. 

¿Cuáles el procedimiento para que los datos lleguen a esta web?
Primero llega una denuncia de una persona desaparecida. Esta puede llegar a través de la comisaría, o de otras instituciones aliadas. Luego las recibimos en nuestra división. Entonces se elabora una nota de alerta en donde se pone la foto más reciente posible, además se colocan los datos físicos más resaltantes, y, si es el caso, datos de su condición mental o de alguna posible discapacidad. También se coloca la circunstancia en la que la persona desapareció. Cuando todo ya esté detallado en la nota de alerta, entonces se coloca la información en la página web a fin de que las personas puedan ayudar a su ubicación. 

Sobre el marco legal, en 2011, se dio la llamada Ley Brunito, que estuvo vigente hasta hace poco, cuando fue derogada por el DL N°1428. ¿Cómo observa estos  cambios? ¿Les han dado nuevas o mejores herramientas?
Esta nueva norma ha recogido de alguna manera el clamor popular y de algunas organizaciones sociales que consideraban que no estaba tipificado claramente el caso de las mujeres y los casos de violencia. En la anterior ley se hablaba de personas con discapacidad, en cambio, en esta nueva norma se habla de todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Dentro de la norma, en su artículo 14, se incorpora específicamente a las mujeres en situación de violencia.Es decir, que su desaparición se haya dado en un contexto de violencia.Asimismo se incorpora la alerta de emergencia de menores. 

¿Cómo se activa la alerta de emergencia?
La activación de una alerta de emergencia va a poder ser dirigida en tiempo real. Le explico. Una vez que la Policía active la alerta, las empresas de telefonía van a permitir que, a través de los celulares, se lance una alerta de emergencia, algo similar a la llamada “alerta Amber”. Esto es solo cuando se considera que existe un riesgo grave a la vida o a la integridad de un menor de edad. Así revertimos el problema de la difusión, ya que el celular es de uso extendido y amplio en la sociedad. También, como lo dice la norma, se contempla la creación de la línea de emergencia 114, una línea exclusiva para los casos de menores de edad. De esta manera, si alguien tiene información que nos ayude a la ubicación de algún menor desaparecido nos puede llamar mediante esa línea. 

¿Cuándo se implementará estos sistemas? ¿La alerta de emergencia y la línea 114?
El Ministerio del Interior ha hecho un desembolso de presupuesto para poder implementar la alerta de emergencia. Asimismo, se viene realizando las adquisiciones de los equipos y las computadoras. Sin embargo, pese a que ya hay un presupuesto y se está avanzando en las compras, no podría dar una fecha aproximada. También está pendiente, desde hace años, la publicación del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas.Es verdad que se dejó de lado hace años, pero fue por falta de recursos. Ahora ya se está implementando este registro. Se viene comprando también los equipos necesarios para ya tenerlo operativo. 

Hemos conversado hasta ahora de los avances que se han hecho en el marco legal sobre la población vulnerable. Era necesario y es de felicitar el enfoque en esta población, sin embargo, ¿cuál es la situación de los que no pertenecen a este segmento? Por ejemplo, en la página web no aparecen.
La página web actual es de uso momentáneo y se ha dado sobre todo para darle continuidad al sistema,pues la página web anterior se cayó por un problema con el servidor. Si bien se ha considerado solo para casos de menores de edad, y eso ha podido dejar en el aire o relegadas a las otras personas es porque se dio prioridad la población en estado de vulnerabilidad. Pero eso no implica que se les desconozca sus derechos o se les restringa en alguna medida los procedimientos y las acciones que despliega la Policía en su búsqueda.

Pero, entonces, ¿se van a incorporar estos casos en la página web?
Nosotros recurrimos a diversos medios, bancos, empresas como Luz del Sur o Sedapal, para diseminar la información. De todas maneras, los casos de personas adultas desaparecidas se van a incorporar en una nueva página que estamos por lanzar. Ahí estará toda persona desaparecida porque estamos hablando de vidas y en eso no hacemos distingos. 

¿Qué balance hace de la labor de su división?
Hemos tenido varios logros,tal como se pueden ver en los medios de comunicación. Nuestra productividad es alta y nuestro rendimiento es óptimo. Estamos comprometidos con nuestra labor  que, en realidad, es una labor social. Por eso solemos identificarnos con el sentir de las personas que acuden a nosotros cuando algún ser querido ha desaparecido. Por todo eso, nuestro compromiso es realizar el máximo esfuerzo y la sociedad puede estar segura que siempre será así.
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Editorial N° 246: EL RETO DE UNA VISIBILIDAD PARA TODOS

En el 2011, por ejemplo, a raíz de la desaparición y muerte del niño Bruno Rodríguez, se realizó una campaña que llevó a la aprobación de la Ley N°26985 (Ley Brunito), norma enfocada en los niños, niñas y adolescentes, y que establece que la Policía debe recibir la denuncia sin necesidad de haber transcurrido 24 horas.
Otro caso se dio en febrero de este año. Jimena, de 11 años, fue reportada como desaparecida. Su padre la había dejado en una comisaría donde la niña llevaba cursos de vacaciones útiles. Horas después su cadáver ultrajado,golpeado e incinerado fue hallado en un basural.
Ese mismo mes, el Ministerio del Interior (Mininter), lanzó una web para difundir a través de las redes sociales la información sobre los menores desaparecidos en el país (http://teestamosbuscando.pe/). Y, en setiembre, luego de siete largos años, se publicó el reglamento de la denominada Ley Brunito. Este reglamento determinó la creación de la “Alerta de Emergencia”, una de las promesas que había hecho el Ejecutivo tras lo ocurrido con Jimena.
Sin embargo, la “Ley Brunito” fue derogada con la promulgación del Decreto Legislativo N°1428, el mismo que “Desarrolla Medidas para Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad”. Esta norma incorpora como víctimas potenciales de desaparición a mujeres que sufren violencia,desplazados y migrantes internos. Ellos, además de menores, discapacitados y adultos mayores, quienes ya estaban contemplados en la ley anterior.
Sin duda, nadie puede objetar que las leyes y las medidas tomadas se hayan enfocado en estos grupos de personas en estado de vulnerabilidad, sin embargo,¿qué ocurre con los desaparecidos mayores de edad que no encajan en las categorías antes mencionadas?
De acuerdo a la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la tarea  y la intensidad de la búsqueda que realizan ante las denuncias tienen que ver sobretodo con las circunstancias de la desaparición. Dicho de otro modo, de acuerdo a la Policía Nacional, más allá que el enfoque de la legislación se haya centrado –acertadamente- en la población en estado de vulnerabilidad, la población restante que es víctima de desaparición tiene el mismo trato.
Pese a ello, un hecho inobjetable es la escasa o nula visibilidad de las víctimas en caso de hombres y mujeres adultos. En la actualidad, en la página oficial de personas desaparecidas (“Te estamos buscando”) no aparece ninguna persona que sea mayor de edad. ¿Entonces? ¿Dónde se visibilizan estos rostros? No hay que olvidar que muchos de los desaparecidos son, en realidad, víctimas de explotación sexual o laboral. Una mujer que tenga 18 años, por ejemplo, no deja de ser una víctima potencial.
La Policía insiste en que pone el mismo empeño en todos los casos de personas desaparecidas porque se trata, al final, siempre de una vida. Consideramos que no es un discurso falaz ni efectista, pero más allá de la voluntad innegable de quienes se encargan de esta difícil labor, son las herramientas las que terminan por determinar la realidad.
Según la División de Personas Desaparecidas, se viene implementando el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, el mismo que sí debe incluir a todos los casos en general. Sin embargo, no existe una fecha aproximada para su publicación.
Reiteramos y reconocemos la importancia de tener un marco legal y una acción policial centrada en la población vulnerable. No obstante, hacemos votos para que la visibilización de los casos sea completa. Ya sea incorporando los casos de mayores de edad a la web ya existente o a una nueva, o acelerando la publicación del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas.
Que no tenga que ocurrir alguna noticia trágica sobre un adulto desaparecido para que los medios de comunicación presionen al Estado y recién este repare en los vacíos del sistema que, desde ahora, pueden ir subsanándose.
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CHS Alternativo realiza taller para personal de Centros de Acogida Residencial



Lima, 09 de noviembre.


Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal técnico de los Centros de Acogida Residencial  (CAR) para la mejora de los estándares de calidad  en la atención de víctimas y sobrevivientes de trata de personas, tomando en cuenta la aplicación de nuevos enfoques se realizó del 07 al 09 de noviembre el taller “Enfocándonos en la víctima de Trata de Personas” organizado en el marco del Proyecto “Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Participaron en este taller 75 representantes de los CAR de Lima y provincias, que durante tres días de trabajo tuvieron la oportunidad de reforzar conocimientos sobre trata de personas, ESNNA, el decreto legislativo 1297 y el enfoque centrado en la víctima  a fin de procurar una mejor intervención de los CAR.

Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de identificar y reconocer de manera individual las habilidades blandas como empatía, escucha activa, manejo de crisis, toma de decisiones, empoderamiento y actitud positiva que contribuirán a una adecuada relación y asistencia de víctimas y sobrevivientes de trata de personas. “El taller y las dinámicas definitivamente nos ayudan a tener una mejor intervención con las adolescentes, me voy aprendiendo que la atención hacia ellas tiene que ser siempre pensando en sus necesidades.” afirma Rossana Bejarano del CAR Domingo Sabio de Tacna.
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Venta de niños: ¿Qué tan frecuente es este crimen en el Perú?

La mayor parte de casos de trata de personas se vinculan a la explotación sexual. No obstante, en el país también se trafican niños


Por El Comercio

La trata de personas es un crimen cada vez más visible en el país. En los últimos años, el Ministerio del Interior -a través de la Dirección General de Seguridad Democrática- y organizaciones como CHS Alternativo han puesto en relieve los peligros de este delito complejo que se denomina a veces como la esclavitud del siglo XXI.

Según la estadística policial, la mayor parte de casos de trata de personas están vinculados a la explotación sexual de las víctimas. Así lo demuestran, por ejemplo, las numerosas interdicciones que realizan la policía y el Ministerio Público en la zona conocida como La Pampa, en Madre de Dios. Ahí se han encontrado a centenares de jóvenes explotadas en bares y prostíbulos sostenidos por el dinero de la minería ilegal.

En cambio, los casos de trata relacionados con venta de niños son mucho menos frecuentes. El año pasado, por ejemplo, solo el 0,8% de las denuncias que recibió la PNP por trata de personas (725 en total) fueron por el presunto tráfico de menores. Un informe de CHS Alternativo publicado en el 2013 (con información del 2012) también señala que el 1% de los casos de este delito tienen que ver con la venta de niños.

Un caso reciente de presunto tráfico de bebés ocurrió el 27 de diciembre del 2017. La policía arrestó a Liliana Aldave Oliden, de 38 años, en una clínica de Jesús María. Según se informó, ella había ofrecido dinero a una gestante a cambio de su bebé. La madre aceptó el trato, en un primer momento, porque tenía problemas económicos. “Luego de seis horas después de que ingresó la madre a la clínica, se observó a Aldave en el lugar, por lo cual se procedió a la detención”, informó la policía en enero de este año.

Antes, en abril del 2017, la policía rescató en Chorrillos a un niño de dos años que había sido entregado por su madre a una pareja. Según la policía, ellos también se aprovecharon de la pobreza de la mujer. “Me dieron S/1.000 por su voluntad y con esto compré ropa para mis otros hijos. Me prometieron que iba a ver siempre a mi hijo”, dijo Sofía, la madre el niño. Ella puso la denuncia en la policía tras enterarse de que era víctima de trata de personas.

-Caso en Arequipa-

Este martes, en un operativo realizado en la ciudad de Arequipa, la Policía Nacional y el Ministerio Público se llevó a cabo el allanamiento, deserraje, registro domiciliario e incautación en 18 viviendas, una de ellas de propiedad de Raúl Becerra Velarde, ex director general de la Policía Nacional (2010).

El oficial (r) PNP y otras 14 personas son investigadas por el presunto delito de organización criminal, trata de personas, delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Ellos son acusados de integrar la organización criminal "Los Desalmados del Tráfico Humano" y de presuntamente traficar con niños en Arequipa.

La cabecilla de la organización criminal es Cintia Tello Preciado, una productora de eventos de belleza, y su pareja, Becerra Velarde, se desempeñaba como colaborador y mano derecha. Los otros miembros se encargaban de la acogida y retención del bebe. Se estima que el costo de un recién nacido está por encima de los S/4.000.

Durante las intervenciones de este martes en las viviendas, la fiscalía rescató a una menor de cuatro meses en el distrito de Cayma. La menor se encuentra en buen estado y está bajo la custodia del Estado. Aún está en investigación cuál era el destino de la bebe, así como los posibles vínculos internacionales, aunque la Fiscalía maneja la hipótesis de que la menor fue comprada para fines de adopciones ilegales o para tráfico de órganos.

Según se informó, esta organización criminal tenía contactos en clínicas donde les brindaban los datos de 'potenciales' gestantes en estado avanzado que accederían a un intercambio económico a cambio de sus hijos.
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Lanzamiento oficial de la Alianza para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes entre Perú y Estados Unidos



Lima, 07 de noviembre.

La trata de personas es un problema grave y complejo. En el Perú este tipo de esclavitud moderna toma múltiples formas, y el impacto en la niñez víctima es particularmente severo dado que interrumpe su desarrollo y afecta su desarrollo a largo plazo. Los niños, niñas y adolescentes víctimas necesitan un abordaje especializado para disminuir sus niveles de vulnerabilidad, evitar que sean re-atrapados y para garantizar un futuro digno.

Por ello, los gobiernos de Perú y Estados Unidos suman esfuerzos a través de la “Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” (CPC por sus siglas en inglés), que en nuestro país está integrada por la Organización Internacional del TrabajoCHS AlternativoIDL - Instituto de Defensa Legal y Centro Yanapanakusun. El objetivo es fortalecer los esfuerzos del gobierno peruano y la sociedad para combatir la trata de personas principalmente en las regiones de Lima, Cusco y Loreto. 

El pasado 06 de noviembre, se presentó de manera oficial esta alianza en el auditorio de la  Organización Internacional de Trabajo (OIT). La ceremonia contó con la participación de Krishna R. Urs, Embajador de Estados Unidos en Perú; Pedro Córdova, Coordinador del proyecto de CHS Alternativo; Whitney Kreider, Oficial de Programas del CPC; Karina Javier-Jensen, Coordinadora de Proyectos de la OIT;  Karen Allen, Encargada de la Evaluación de la Alianza para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y  representantes de las organizaciones socias. 


Para conocer más sobre nuestros proyectos da click aquí.
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Policía desarticula en megaoperativo banda de traficantes de bebés

Durante las intervenciones de este martes, la fiscalía rescató a una menor de cuatro meses en una de las viviendas. Raúl Becerra, ex director general de la PNP (2010), es acusado de integrar esta red


Por El Comercio

Este martes, en un operativo llevado a cabo en la ciudad de Arequipa, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizó el allanamiento, deserraje, registro domiciliario e incautación en 18 viviendas. Asimismo, se intervino la vivienda y detuvo a Raúl Becerra Velarde, ex director general de la Policía Nacional (2010) y otras 14 personas, investigadas por el presunto delito de organización criminal, trata de personas, delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Ellos son acusados de traficar con niños en Arequipa.

Ellos integrarían la banda criminal "Los Desalmados del Tráfico Humano", que captaba a embarazadas que acudían a clínicas de Arequipa y tópicos clandestinos de la ciudad.

La cabecilla de la organización criminal es una mujer identificada como Cintia Tello Preciado y su pareja, Becerra Velarde, se desempeñaba como colaborador y mano derecha. Los otros miembros de la banda que se encargaban de la acogida y retención del bebe, luego se los entregaban a la cabecilla y su colaborador. Se estima que el costo de un recién nacido está por encima de los S/4.000.

Según se informó, esta organización criminal tenía contactos en clínicas donde les brindaban los datos de 'potenciales' gestantes en estado avanzado que accederían a un intercambio económico a cambio de sus hijos.

Este personal médico - la organización también estaba integrada por un ginecólogo, un pediatra y otros profesionales de la Medicina - brindaba los datos a las 'captadoras', que finalmente se comunicaban con las madres. Las captadoras de embarazadas fueron identificadas como Kathy Quinteros y Mari Quispe.

Ellas trabajaban como 'jaladoras' en los exteriores de las clínicas o tópicos, ofreciendo servicios de aborto para mujeres gestantes.

Además, se supo que en los tópicos clandestinos ellos operaban disuadiendo a las mujeres de practicarse abortos para, luego, darles a sus bebes a cambio de una retribución económica.

Además de Tello, Becerra, Quinteros y Quispe, el intermediario fue identificado como Roque Florentino Yáñez Quispe, quien negociaba el monto del bebe. La persona que retenía a los menores es Sharo Yáñez Quispe.

La fiscal Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, Rosmery Mendoza Palomino, explicó a El Comercio que esta organización criminal operaba de manera articulada.

Durante las intervenciones de este martes en las viviendas, la fiscalía rescató a una menor de cuatro meses, que estaba en uno de los inmuebles intervenidos en el distrito de Cayma. La menor se encuentra en buen estado y está bajo la custodia del Estado. Aún está en investigación cuál era el destino de la bebe, así como los posibles vínculos internacionales. La Fiscalía maneja la hipótesis de que la menor fue comprada para fines de adopciones ilegales o para tráfico de órganos.

En la operación también se incautaron varios documentos, celulares, la suma de S/100.000, dos vehículos y otros bienes.

La investigación sobre este caso, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, empezó el 18 de mayo de este año.
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Valkyrie Racing: Una carrera por la ayuda



Lima, 30 octubre 2018.

“Soy madre, y creo que al pensar en nuestros hijos debemos darnos cuenta de que también tenemos responsabilidad ante todos los niños del mundo”, menciona Renée Brinkerhoff sobre su principal motivación para llevar ayuda a niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de todo el mundo, labor que realiza de manera intensa hace 3 años.

Renné Brinkerhoff es fundadora de un equipo de rali automovilístico en los Estados Unidos, denominado Valkyrie Racing que tiene como objetivo batir récords para las mujeres e inspirar a las personas a alcanzar sus sueños.

El equipo de Valkyrie Racing se encontraba en Lima realizando el recorrido “Caminos del Inca”, y también buscando la oportunidad de dejar una huella de cambio en nuestro país.

El equipo de Brinkerhoff se contactó con CHS Alternativo para realizar una donación a dos albergues de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas.

Una de las metas actuales de Valkyrie Racing es correr una carrera de autos en cada continente: incluso en la Antártida. Cada viaje significa para Brinkerhoff, el cumplimiento del sueño que siempre tuvo y que solo pudo iniciar cuatro años atrás, y que ahora recorre en compañía de sus hijos, ya adultos.

“Mientras más seamos bendecidos, tenemos más responsabilidad de ayudar a las personas”, agrega la corredora desde uno de los albergues visitados.

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¿Quieres saber más sobre la labor de CHS Alternativo? Visita http://www.chsalternativo.org/


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Endurecen penaspara choferes de taxi que cometan delitos graves

Hasta 35 años. Propuesta autoriza aumentar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado por ley.



Por La República

La madrugada del domingo 19 de agosto, la estudiante María Claudia abordó un taxi a la salida de una fiesta sin imaginar que sería atacada sexualmente por el conductor. Como ella, a diario, decenas de personas son víctimas de delincuentes al volante que organizados en falsos colectivos o cadenas de taxis asaltan, secuestran, ultrajan e incluso asesinan a sus pasajeros.

Así, ante el creciente número de estos delitos, el pleno del Congreso aprobó ayer incrementar la pena hasta en un tercio por encima de las sanciones establecidas, para los transportistas o quienes simulen serlo, que cometan delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje.

La iniciativa legislativa, aprobada con 95 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, señala que quien comete el delito, ya sea presentándose como conductor, copiloto, cobrador o ayudante, cualquiera sea su naturaleza o modalidad, será merecedor de esta sanción.

Igual castigo recibirán los transportistas que utilicen vehículos menores motorizados para cometer sus crímenes.

En este caso y los anteriores se incluirá al conductor, copiloto, cobrador y ayudante.

Desde la cárcel

Asimismo, se considera un agravante cuando el sujeto activo, desde un establecimiento penitenciario y privado de su libertad, cometa un delito en calidad de autor o partícipe de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro.

Se debe precisar que la norma dispone que la pena máxima a imponerse por estos delitos no podrá exceder los 35 años de cárcel efectiva.

Víctima de un falso colectivero

- El último fin de semana, Ernesto Cáceres Sansi (38) se convirtió en una víctima más de los temidos colectiveros, quienes con total sangre fría lo asesinaron de un balazo en la cabeza por resistirse al robo de sus pertenencias cuando viajaba junto con su esposa en Comas.

- La Policía informó que las zonas críticas donde se registran este tipo de delitos son los paraderos informales apostados cerca de centroscomerciales del cono norte y sur, donde los delincuentes esperan a sus víctimas.
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San Martín: detienen a mujer acusada de trata de personas

Dentro de su minimarket, se habría acondicionado unas habitaciones donde se ejercería la prostitución, además de encontrar a una adolescente de 16 años.



Por El Popular

En un eficaz operativo, personal policial del Departamento de Investigación del delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Tarapoto, intervino a una mujer implicada en el delito de trata de personas, en agravio de una menor de edad, en el Centro Poblado  Pampayacu, distrito de Uchiza, región San Martín.

La detenida responder al nombre de Marilu Cristina Castillo Tarazona (43), quien fue intervenida dentro de un local público Minimarket e Inversiones Joymar, ubicado en la avenida España N° 438, donde se había acondicionado habitaciones, presuntamente para la prestación de servicios sexuales y venta de licor.

En el lugar, se halló a una adolescente de (16) años, quien se encontraba en compañía de cinco personas ingiriendo bebidas alcoholicas; asimismo, en las entrevistas preliminares, los concurrentes del lugar, afirman que brindaban prestaciones sexuales, por el único pago de 35 soles.

La mujer intervenida, fue trasladada a la dependencia del sector para las diligencias e investigaciones de ley, con conocimiento del representante del Ministerio Público.
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Chimbote: menor fue rescatada de sujeto que la captó para explotarla laboralmente



Por Chimbote en Línea

Una menor de 15 años fue rescatada de manos de un sujeto identificado como Derlis marcos Fernández Torres de 21 años quien con engaños la llevó hasta el distrito de San Marcos (Huari) para explotarla laboralmente.

El jefe del Departamento de Investigación Criminal Contra la Trata de Personas, Manuel Lomparte Tamara, contó que la menor de quien se desconocía su paradero desde julio pasado aprovechó un descuido de su captor y se comunicó con sus familiares, quienes de inmediato alertaron a los agentes de la Policía Nacional.

Los agentes del orden realizaron un operativo junto a representantes de la Fiscalía de Familia y Penal logrando ubicar a ambas personas en una habitación de material rústico.

Informó que en su declaración la menor narró que conoció a esta persona en la ciudad de Chimbote y luego de mantener una relación como enamorados, la indujo a viajar al citado distrito donde la colocó en un trabajo como mesera en un restaurante.El sujeto se apropiaba de los 600 soles que ganaba por el trabajo de la menor y también la maltrataba física y psicológicamente.

La Sección de Investigación Criminal de Chimbote investiga a este sujeto por el presunto delito de trata de personas y seducción. No obstante la adolescente logró reencontrarse con su madre y recibirá atención psicológica por todo lo que le habría ocurrido.
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Puno tiene el récord nacional en casos de trata de personas

En la primera mitad de este año se registraron 23 casos de trata de personas en la región de acuerdo a Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines



Por Diario Correo

En la primera mitad de este año se registraron 23 casos de trata de personas en la región de acuerdo a Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines. En tanto, en el año 2017 se registraron 32 casos de este tipo.

Con tal cifra, en la región Puno se registró la mayor cantidad comparado con el resto del país. Detrás de Puno, aparece Piura como la segunda región con mayor cantidad de casos de este tipo con 15 casos. En tanto, en Lima se contaron 11.

Uno de los casos más sonados fue la intervención de un local conocido “Disco Bar Paceñas” en el barrio independencia del centro poblado Lunar de Oro donde encontraron a 13 mujeres que fueron presuntas víctimas de trata de personas. Ellas habían sido captadas en otras regiones del país y luego fueron retenidas en el local en horarios que iban desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Tres de esas mujeres estaban cerradas en una puerta asegurada con candado.

Con esto, desde el año 2011 hasta mediados del presente, se contaron 332 casos.

El año 2017 se contaron 111 denuncias sobre trata de personas y fue la cifra más alta de los últimos años en la región.

Desde el año 2015 las denuncias de trata de personas sufrieron un drástico incremento en la región.

Según se detalla en el registro de estas denuncias, la mayor cantidad de trata de personas según finalidad se da con fines de explotación sexual. La segunda causa más común es la explotación laboral y, la tercera es la mendicidad, aunque también se han detectado casos donde el fin es el tráfico de niños y la venta de órganos.

En ese sentido, la gran mayoría de casos de trata tienen como víctima una mujer pues en la primera mitad de este año, a nivel nacional se contaron 325 casos donde la víctima es una mujer y 18 donde es un varón.

En la región, la trata de personas se da sobre todo en zonas mineras aunque también en ciudades con una población importante.
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Madre de Dios: PNP rescata a más de 50 víctimas de trata de personas

La Policía Nacional (PNP) rescató a más de 50 mujeres, víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral durante una intervención policial en la localidad de Mazuco.



Por Perú21

La Policía Nacional (PNP) rescató a más de 50 mujeres, víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral durante una intervención policial en la localidad de Mazuco, en la región de Madre de Dios.

Según el informe policial, durante este operativo, se rescató a 44 mujeres peruanas, 10 brasileñas y una ecuatoriana, de las cuales 12 aceptaron la protección del Estado, acogiéndose al programa de atención de víctimas de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público.

Asimismo, detallaron que también rescataron a dos menores de edad en situación de abandono y que ya se encuentran bajo la protección de la Fiscalía de Familia de Puerto Maldonado.

Se detuvo a 13 personas, 11 por trata de personas y dos por presentar orden de captura por tenencia ilegal de armas de fuego y por conducir en estado de ebriedad, según informó el coronel PNP José Capa Gurbillón.

Esta operación estuvo a cargo de 94 efectivos de la Dirctptim, con apoyo de efectivos policiales de Madre de Dios, 16 fiscales especializados en trata de personas y dos representantes de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público.
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Centros de Salud Mental Comunitario fortalecerán atención a menores víctimas de trata

Se capacitará al personal de los Centros de Atención Residencial (CAR) en Madre de Dios, Cusco, Loreto y Lima



Por Andina

Los Centros de Salud Mental Comunitario, que el Ministerio de Salud (Minsa) viene implementando a nivel nacional, fortalecerán la política de atención especializada en salud mental dirigidas a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes víctimas de la trata de personas, sostuvo la viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle.

En una reunión con la representante de la organización Terre des Hommes Suisse, Carmen Barrantes, investigadora social especializada en tema de trata de personas, la viceministra planteó acciones para trabajar de manera conjunta como respuesta positiva ante la urgente demanda de atención especializada para los menores de las zonas rurales que son víctimas de este delito.

Como parte de las propuestas, se indicó que los especialistas de los centros de salud mental brindarán asistencia técnica para fortalecer las capacidades del personal que brinda atención a los menores albergados en los Centros de Atención Residencial (CAR), ubicados en Madre de Dios, Cusco, Loreto y Lima, a cargo del Programa Integral Nacional para el Bienestar de la Familia (Inabif).

Por su parte, los centros de salud mental insertarán en su campo de acción las estrategias de atención a víctimas de trata de personas con miras a hacer seguimiento al progreso de la salud mental de los menores para que puedan reintegrarse a sus familias y a la sociedad.

“Con estas acciones conjuntas buscamos fortalecer la recuperación de los menores y adolescentes para que desarrollen plenamente sus capacidades, a fin de que se reinserten en la sociedad y sin temores”, subrayó la viceministra de Salud Pública.

Explicó que las principales consecuencias psicológicas en las víctimas de trata de personas son: experiencia traumática, síndrome de Estocolmo (identificación y/o empatía con sus captores), estrés postraumático y desesperanza o ausencia de motivación.
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Entrevista “Es importante reconocer que las víctimas tienen necesidades específicas”

Dr. Alberto Arenas Cornejo, Director de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

¿Qué es el Enfoque Centrado en la Víctima (ECV)? ¿Cuál es su objetivo?
El Enfoque Centrado en la Víctima es un modo de intervención sistémica que busca que las instituciones responsables del abordaje y la atención de víctimas tomen en cuenta las propias necesidades y preocupaciones de ellas, y, por lo tanto, la necesidad de una atención diferenciada, que reconozca sus particularidades para que sean atendidas de manera adecuada, sensible y libre de prejuicios.
El objetivo del ECV es que a partir de reconocer las diferencias y necesidades de cada víctima, se implementen estrategias de trabajo adecuadas para lograr su reinserción y que puedan tener un plan de vida que responda a las necesidades propias de ellas.
¿Qué permite este tipo de enfoque?
Este enfoque permite una atención respetuosa de las necesidades particulares de las víctimas, estableciendo planes de trabajo adecuados e implementando procesos de acompañamiento diferenciados que distingan esas necesidades. Además, permite escuchar en todo momento la voz de las víctimas así como promover y asegurar su participación a lo largo de todo el proceso de reintegración. 

¿Cuál es la relación entre este enfoque y la revictimización?
Este enfoque busca evitar la repetición del trauma al garantizar que operadores debidamente capacitados y bajo procedimientos que tengan en su centro a ellas, realicen su trabajo sin afectarlas, y por el contrario, tengan un cuidado que garantice sus derechos, dignidad, autonomía, determinación y protección.

¿Qué habilidades deben tener los funcionarios para abordar los casos con este enfoque?
Es importante saber reconocer que las víctimas tienen derechos, necesidades específicas y expectativas que el sistema de protección está obligado a atender. Por ello, la empatía y el respeto por la dignidad de las víctimas son habilidades fundamentales en los operadores y que deben trabajarse mediante capacitación permanente. Asimismo, es necesario que sepan establecer una gama diferenciada de alternativas para la atención a víctimas en la forma más adecuada donde se valore primordialmente su participación en los procesos de atención y en el desarrollo de los mismos.
En general, ¿cómo se está avanzando en el Estado en la aplicación del ECV?
En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se ha trabajado durante muchos años en el enfoque centrado en los derechos de las personas, en particular, en casos de víctimas menores de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, hay un camino trazado. Desde la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes se está realizando un diagnóstico para conocer la forma y los mecanismos que existen para recoger la voz de las niñas, niños y adolescentes por parte de los equipos interdisciplinarios de las Unidades de Protección Especial.
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