Medio millón de peruanas se desempeñan como trabajadoras del hogar


Alrededor de medio millón de peruanas se desempeñan como trabajadoras del hogar y representan más del 93% del total de personas que son trabajadores del hogar y requieren ser registradas para acceder a un seguro de vida a través de EsSalud, informó hoy el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“Las trabajadoras del hogar representan más del 2% de la Población Económicamente Activa (PEA); ellas requieren obligatoriamente ser registradas, porque al ser registradas como trabajadoras del hogar tienen derecho a recibir un seguro de vida a través de Essalud y además ser protegidas en el eventual caso que el empleador las despida”, indicó la ministra Ana Jara.

Indicó que el MTPE ya aprobó un Plan de Acción 2014 para la formalización de las trabajadoras del hogar, lo cual fue anunciado en la víspera como un reconocimiento por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

El objetivo del Plan de Acción es mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar, a través de la ejecución de actividades orientadas a elevar el nivel de cumplimiento de las normas laborales en beneficio de este importante sector de la población.

Dicho plan consta de cinco ejes, de los cuales uno trata sobre orientación y difusión de los derechos de las trabajadoras del hogar; otro sobre registro de los empleadores y trabajadores y sus derecho habientes, en salud y pensiones; y fiscalización laboral, con énfasis en las agencias de empleo.

Los otros dos ejes tratan sobre mejora de los mecanismos de prevención ya tención para las trabajadores víctimas de trata, trabajo forzoso y/o infantil; y la empleabilidad, dirigido a mejorar las condiciones laborales mediante la acreditación y certificación de sus competencias laborales.

Asimismo, la ministra Jara se comprometió a instalar una mesa de trabajo tripartita con los empleadores, con las propias trabajadoras representadas por sus gremios sindicales y el Estado con el fin debatir la modificación de la Ley de Trabajadores del Hogar (N° 27986), que data del 2003.

En lo que respecta al pedido de ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de las trabajadoras del hogar, la titular del MTPE indicó que ha solicitado el informe correspondiente a la Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) a fin de ver en qué situación se encuentra el debate y los acuerdos en torno a dicho tema.

“Nuestro compromiso como Estado peruano es impulsar que finalmente todas las partes comprometidas en los extremos que representan los efectos legales y jurídicos que se originarán de acogernos al Convenio N° 89, logren el consenso y el asentimiento de todas las partes”, enfatizó, y agregó que un compromiso adicional es acelerar los debates en torno a esta materia.

Agregó que existe voluntad política del gobierno de avanzar en la promoción y defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar.

“La voluntad política existe pero el MTPE no puede ser una dictadura, el ministerio se rige por recoger las opiniones de todos los sectores y si logramos un acercamiento le haremos saber al Congreso de la necesidad de ratificarnos en este convenio, pero este trabajo ya está en marcha”, puntualizó.

http://gestion.pe/economia/medio-millon-peruanas-se-desempenan-como-trabajadoras-hogar-estima-mtpe-2093224

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Aprueban plan de acción para promover derechos de trabajadoras del hogar


La ministra de Trabajo, Ana Jara, anunció la aprobación del Plan de Acción 2014 para promover el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Al celebrarse hoy el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la titular del sector saludó a las personas dedicadas a este oficio, y se comprometió a instalar una mesa tripartita para debatir modificaciones de la ley vigente, que data del 2003.

“El eje central de este plan de acción es la formalización de las trabajadoras del hogar”, enfatizó en el marco la Gran Feria de Derechos, organizada por el sindicato que las representa en coordinación con distintos sectores, entre ellos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.   

El objetivo del Plan de Acción, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 052 – 20014 – TR, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadoras y trabajadores del hogar, a través de la ejecución de actividades orientadas a elevar el nivel de cumplimiento de las normas laborales.

Según nota de prensa del Ministerio de Trabajo, dicho plan consta de cinco ejes y objetivos estratégicos sobre orientación y difusión de los derechos de las trabajadoras del hogar; registro de los empleadores  y trabajadores y sus derechohabientes, en salud y pensiones;  fiscalización laboral, con énfasis en las agencias de empleo.

Asimismo, mejora de los mecanismos de prevención y atención para las trabajadores víctimas de trata, trabajo forzoso y/o infantil; y, finalmente, el eje de empleabilidad dirigido a mejorar las condiciones laborales mediante la acreditación y certificación de sus competencias laborales.

“Las trabajadoras del hogar  bordean en el país el medio millón de peruanas, porque más del 93 % de personas que desempeñan este trabajo son mujeres y representan más del 2% de la población económicamente activa; ellas requieren obligatoriamente ser registradas, porque al ser registradas como trabajadoras del hogar tienen derecho a recibir un seguro de vida a través de Essalud y además ser protegidas en el eventual caso que el empleador las despida”, indicó la ministra Jara.

La ministra Jara se comprometió a instalar una mesa de trabajo tripartita con los empleadores, con las propias trabajadoras representadas por sus gremios sindicales y el Estado con el fin debatir la modificación de la Ley 27986, que data del 2003.

Convenio OIT

En lo que respecta al pedido de ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte de las trabajadoras del hogar, indicó que ha solicitado el informe correspondiente a la Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo – CNTPE a fin de ver en qué situación se encuentra el debate y los acuerdos en torno a dicho tema.

Agregó que existe voluntad política de avanzar en la promoción y defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar.

“La voluntad política existe pero el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no puede ser una dictadura, el ministerio se rige por recoger las opiniones de todos los sectores y si logramos un acercamiento le haremos saber al Congreso de la necesidad de ratificarnos en este convenio,  pero este trabajo ya está en marcha”, puntualizó.


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Joven fue rescatada de night club en Pampa Inalámbrica


Una joven identificada con las iniciales Y.J.B.T.(19) fue "rescatada" de un night club ubicado en la zona rosa de la Pampa Inalámbrica de Ilo.

La diligencia se ejecutó el viernes a las 22:10 horas contando con la presencia del fiscal Raúl Salazar Lazo y personal de la Depincri, quienes realizaron la intervención en tres locales nocturnos de esta zona, El Opus, el Opusito y el Amazonas, por el presunto delito de trata de personas.

Al llegar al night club "Opus", luego de haber recibido el consentimiento de la cajera identificada como Yaneth Q. M. (30) y haberle explicado el motivo de la intervención al lugar se llevó adelante la identificación de cada una de las damas de compañía, logrando ubicar a Y.I. B.T. (19), quien era buscada por sus familiares.

Según testimonio de la joven, fue captada en Ucayali por una "agencia de empleos" de esta ciudad, donde le ofrecieron trabajar para un restaurante y ganar un jugoso sueldo, pero la realidad era otra.

Al llegar a la ciudad de Ilo, según manifiesta, fue retenida y obligada a trabajar en un nigth club, como "dama de compañía".

RASTREO

Su madre en su ciudad natal presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, tras recibir una llamada del celular de la agraviada. Se pudo detectar que el número provenía del puerto de Ilo y de ese modo se pudo ubicarla y realizar la diligencia. Posteriormente la joven fue conducida a la Depincri , donde rindió su testimonio que servirá para realizar las investigaciones del caso.

Personal de la Policía explica que esta modalidad de captar jovencitas a través de agencias de empleo que ofrecen cuantiosos sueldos viene siendo muy utilizada, al igual que por las redes sociales.

La parte de la selva peruana es uno de los lugares de donde se consiguen mayor número de señoritas para estos locales, especialmente entre los 18 y 20 años, debido a la falta de empleo y de oportunidades en esta zona del país.

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8989240/edicion+moquegua/joven-fue-rescatada-de-night-club-en-pampa-i
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Ica: Rescatan a 5 adolescentes extranjeras de la prostitución


En operativo conjunto se rescató un total de 13 mujeres de nacionalidad ecuatoriana y colombiana víctimas de la trata de personas. 5 de ellas son adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 17 años. 

http://trome.pe/actualidad/ica-rescatan-5-adolescentes-extranjeras-prostitucion-2002017

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¿Qué opinas del trabajo infantil?


Lesly y Carmen, nuestras corresponsales en Cajamarca, salieron a las calles para preguntar a los jóvenes qué opinan del trabajo infantil, una problemática que no permite que miles de niñas y niños peruanos estudien tranquilamente no se diviertan. ¡Veamos lo que ellas encontraron en la siguiente nota!

http://napa.com.pe/2014/03/28/%C2%BFque-opinas-del-trabajo-infantil/
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Juramentan los nuevos Fiscales Escolares en el distrito de San Miguel


A fin de formar una cultura de prevención del delito desde la niñez y la adolescencia, y bajo el lema “Eduquemos al adolescente de hoy para no castigar al adulto de mañana”, juramentaron los nuevos Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales del distrito de San Miguel.

Ello en el marco del programa impulsado por el Ministerio Público desde el 2008 con la Municipalidad de San Miguel.

Las autoridades del Ministerio Público junto a los directores y un grupo de alumnos de los centros educativos Bartolomé Herrera, Jesús Redentor, desarrollarán diversas actividades formativas como prevención de alcohol, drogas y pandillaje, bullying, maltrato y pornografía infantil, abuso sexual, violencia familiar, trata de personas y salud psicológica; entre los principales. 

Asimismo, los nuevos Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales recibirán capacitaciones y talleres para desempeñar sus cargos los que se suman al desarrollo integral del alumnado, reforzando sus actividades artísticas, culturales y deportivas que motivan y estimulan la participación e integración entre los jóvenes. 

La juramentación contó en la mesa de honor con la presencia de la Fiscal Superior del Programa Nacional de Fiscales Escolares,  Julita Pachas Napán y la regidora de la comuna de San Miguel, Elena Galván.

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Editorial: Ni un centímetro


Las protestas de los mineros ilegales que buscan una nueva extensión del plazo para su formalización (que vence pronto) han dejado, hasta el momento, un penoso saldo: varias personas heridas, las carreteras Panamericana e Interoceánica temporalmente bloqueadas y violentos actos vandálicos en el interior del país y en el Centro de Lima. No obstante, afortunadamente el gobierno ha decidido no retroceder y la estrategia dirigida por Daniel Urresti, el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, viene dando importantes frutos. 

El Ejecutivo tiene que mantenerse firme, como lo ha venido haciendo, sin retroceder ni un centímetro. Primero, porque no hay nada que discutir con quienes cometen delitos (como agredir a la policía, vandalizar propiedad privada o bloquear carreteras) para forzar al gobierno a sentarse a negociar. A quien extorsiona no se le puede premiar cediendo a sus demandas (salvo que se quiera generar incentivos para que más ciudadanos se conviertan en extorsionadores). En conflictos anteriores el gobierno cometió ese error y envió el mensaje de que la violencia es un camino legítimo para conseguir lo que se quiere de los poderes públicos. Por suerte, en esta oportunidad el primer ministro fue enfático cuando señaló que no negociará “con quien toma como rehenes a los propios ciudadanos”, como también lo fue el presidente Humala cuando precisó que “no vamos a aceptar chantajes de nadie”. 

Es más, según el gobierno, detrás de la marcha se encontrarían organizaciones criminales. De acuerdo con Urresti, el 70% de los manifestantes en Lima son pobladores de Madre de Dios y Puno, quienes han sido contratados por S/.5.000 por mafias dedicadas a la extracción de oro en la selva para que se hagan pasar por mineros descontentos y para que realicen desmanes.

Asimismo, no podemos olvidar que los mineros que no operan dentro de la ley usualmente realizan sus actividades usurpando titularidades ajenas y sin ninguna supervisión ambiental, lo que significa que toman algo que no es suyo y que pueden estar envenenando a la ciudadanía y al medio ambiente con sus actividades. Por ello, no es un argumento válido para extender el plazo de formalización el que muchas familias dependan de esa actividad. ¿Acaso, por ejemplo, sería razón para tolerar temporalmente los robos o el sicariato el que la manutención de las familias de los delincuentes que los cometen dependa de estas actividades?

Finalmente, el Ejecutivo no puede ceder ante las presiones porque ello equivaldría a tirar al agua los enormes esfuerzos que se han venido realizando hasta el momento para combatir a la minería ilegal. Bajo la dirección de Urresti, se han dinamitado varias plantas ilegales de procesamiento, se ha restringido el abastecimiento de combustible y se han establecido puestos de control, entre otras acciones exitosas. Sería un despropósito, luego de tanto trabajo, darles a los ilegales una tregua en este momento.

No han faltado los políticos, sin embargo, que han aprovechado la oportunidad para llevar agua para su molino y han criticado al gobierno por no sentarse a discutir un nuevo plazo con los mineros. Keiko Fujimori tuiteó: “Presidente Humala, los mineros ya se cansaron de la mecedora. Están esperando una salida real para acceder a la formalidad que Ud. ofreció”. El titular del Legislativo, Fredy Otárola, se comprometió a coordinar con las bancadas la posibilidad de ampliar el plazo. El parlamentario Lescano declaró que el gobierno no tenía voluntad para mover nada en este asunto. Y parlamentarios como Amado Romero y Julio Rosas prometieron intermediar en la PCM para que el Ejecutivo atienda el pedido de los ilegales. 

Es, sinceramente, una vergüenza que ciertos políticos respalden a los mineros que actúan fuera de la ley. Por ganarse su simpatía (y sus votos), están defendiendo a una mafia que exporta mercadería ilegal por mayor valor que el narcotráfico, que destruye la Amazonía, que envenena poblaciones enteras y que se dedica a la trata de personas en sus campamentos. Afortunadamente, el gobierno no ha cometido el mismo error y está mostrando valentía al hacer lo correcto.

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-ni-centimetro-noticia-1718845

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Reafirman lucha contra la trata


Destaca avances. El secretario técnico del Comité Multisectorial Contra la Trata de Personas, Gotardo Miranda Gutiérrez, destacó los avances en la lucha contra este flagelo en la región y aseguró que a diferencia d la última década, sólo en los tres últimos años se registraron más de 24 denuncias por trata, en sus diversas modalidades.

Miranda dijo que en el último Encuentro Nacional Contra la Trata desarrollado los días 20 y 21 de marzo, los representantes del Ejecutivo se comprometieron a reforzar la intervención de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, donde en algunos casos se crearán centros especializadas y en otros mejorarán las capacitaciones para un mejor desempeño.

Agregó que inicialmente desarrollan trabajos en los distritos metropolitanos de Huamanga como Jesús Nazareno, San Juan Bautista, donde implementarán planes operativos contra la trata de personas.

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/8972026/edicion+ayacucho/reafirman-lucha-contra-la-trata

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Editorial N° 141: ¿EL ESTADO INVIERTE EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS?

En el año 2013, el Estado invirtió en publicidad S/.467.3 millones. Lo que representa un crecimiento del 120% considerando lo invertido en el año 2010 (S/.211.8 millones).
Para entender mejor lo que señalamos, el monto mencionado equivalió en el año 2013 al 80% del presupuesto asignado al INPE, al 51% del presupuesto de Pensión 65, superó el presupuesto del Poder Legislativo, fue ocho veces más alto que las partidas presupuestales del Consejo de Ciencia y Tecnología y 311 veces mayor al presupuesto de ese año para la lucha contra la trata de personas.
Que el Estado designe un monto exclusivo para acciones de comunicación, no es lo equivocado. Lo que resulta por lo menos cuestionable es que el monto finalmente se convierta en un gasto en publicidad de obras públicas y no en información preventiva. La primera encuesta urbana sobre percepción de la trata de personas publicada el 2013 por CHS Alternativo con GfK, muestra claramente como la ausencia de información se convierte en un factor determinante del riesgo en la población.
Entonces, ¿cuál es el nivel de atención prestada por parte del Estado dentro de sus acciones de comunicación para combatir la trata de personas? Al parecer el interés y la definición de las acciones de prevención no consideran a la publicidad estatal como recurso para estos fines. Por lo menos los hechos así lo demuestran.
Además del gasto en publicidad por parte del Estado central, la Municipalidad de Lima también incrementó su gasto en este rubro. Para el año 2011 el monto destinado a publicidad institucional era de S/. 1.5 millones, pero para el 2013 llegó a S/. 11.2 millones. Sin embargo ¿cuánto de ello, se destinó a prevenir un delito tan grave?
Si por lo menos se hubiera destinado el 1% del presupuesto de publicidad estatal a la lucha contra la trata de personas, estaríamos hablando de recursos tres veces superiores al asignado en dicho año.
Todo indica que la protección de los derechos humanos de miles de víctimas, no es un tema urgente o por lo menos no es un imperativo para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Al parecer no existe un criterio de proporcionalidad y racionalidad en el gasto de publicidad estatal. Por lo menos frente a problemas graves.
El rol de la prensa
Al igual que la interrogante que se genera por las acciones de comunicación del Estado, la presencia de la trata de personas en los medios de comunicación supone una pieza clave dentro de la lucha contra el delito. El periodismo de investigación ha contribuido a informar a la población y mostrar los alcances de la trata de personas.  La experiencia mediática en el Caso La Noche demuestra que es posible que la prensa cumpla un rol veedor y revierta, en algunos casos, la injusticia y la impunidad.
La entrevista de Elizabeth Salazar, periodista del Diario Comercio, muestra sus reflexiones sobre el importante rol de los medios de comunicación en esta labor.
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Piura: mujer sindicada por trata de personas recuperó su libertad


La mujer, que el pasado 26 de febrero, fue detenida por la policía y fiscales que irrumpieron en su domicilio y la acusaron de ser integrante de una red de trata de personas y proxenetismo, fue liberada al no tener responsabilidad en este caso.

Yesenia Anahí Gastelú Cáceres, de 27 años, según la Policía de Alta Tecnología de Lima, manejaba una cuenta falsa y desde allí junto a Paúl Martín Núñez Ojeda, de 26 años, captaban mujeres para supuestamente ser anfitrionas de la empresa ‘Nenas Fashion’ que luego las ofrecían para servicios sexuales; sin embargo ella alegó inocencia y señaló que le jaquearon su cuenta.

Con las evidencias y tras permanecer dos días retenida, Gastelú Cáceres fue dejada en libertad y el Ministerio Público determinó no formalizar ni continuar investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas.

“La policía no hizo bien su investigación. Ya se declaró que yo no tengo nada que ver en esta situación y ya revisaron mi verdadero facebook. Ahora estoy absuelta de todo caso pero me han hecho daño. Denunciaré ahora por daños y perjuicios", precisó la joven madre.

En tanto, Núñez Ojeda reconoció que él era quien manejaba las cuentas falsas y utilizó las fotos de Gastelú.

Tras lo cual el II Juzgado de Investigación Preparatoria dictaminó nueve meses de prisión preventiva para Paúl Nuñez, por el delito de proxenetismo en la modalidad de favorecimiento a la prostitución, en agravio de dos menores y otras víctimas por identificar.

http://www.rpp.com.pe/2014-02-28-piura-mujer-sindicada-por-trata-de-personas-recupero-su-libertad-noticia_673481.html
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Instituciones públicas y privadas de Cajamarca se unen contra el trabajo infantil


Instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales de Cajamarca, se unieron hoy con motivo del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar que se celebra este domingo 30, con un mensaje de sensibilización a la ciudadanía contra el trabajo infantil doméstico.

El gobierno regional, la municipalidad provincial de Cajamarca, direcciones regionales de Educación y de Salud, Asociación Mujer y Familia, y el centro comercial Real Plaza, se sumaron a la campaña que busca erradicar el trabajo infantil en este departamento.

Niñas y adolescentes, extrabajadoras del hogar, mostraron algunas pinturas con frases como “Las niñas queremos seguir siendo niñas”, “cada niño que trabaja pierde más de lo que gana”, “el trabajo infantil no es ayuda, es explotación”, “que el único trabajo de los niños sea estudiar y jugar”.

Matilde Becerra Palomino, jefa de la Defensoría Municipal de Niño y Adolescente (Demuna), dijo que si el trabajo domestico es muy duro para un adulto, es mucho más para los niños, es riesgoso y se expone a maltratos y abusos sexuales, por lo tanto condenó el trabajo infantil doméstico.

“El trabajo infantil debe llevarnos a la reflexión, a comprender que los niños necesitan estudiar, distraerse, jugar, vivir bajo el cuidado de la familia”, acotó.

Becerra destacó el apoyo de las instituciones y de la empresa privada al sumarse a la campaña que busca erradicar el trabajo infantil doméstico.

En la presentación de la campaña, dos jóvenes expusieron sus experiencias como empleadas domesticas, el maltrato del que fueron víctimas por sus empleadores y pidieron a las autoridades intervenir para evitar los abusos contra los niños trabajadores.

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-instituciones-publicas-y-privadas-cajamarca-se-unen-contra-trabajo-infantil-499642.aspx#.UzWdB6h5OhE
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La Primera: Piden crear una base de datos sobre violaciones en Perú


Perú expuso ante la CIDH sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Especialistas afirmaron que ocupamos el 1er lugar en América del Sur.

La Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país requiere de medidas urgentes y efectivas para su erradicación por lo que los representantes del Perú ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, solicitaron la creación de una base de datos completa, única y actual sobre estos delitos y que esas víctimas cuenten con un abogado desde que presentan la denuncia.

Las exigencias fueron realizadas el pasado lunes durante la audiencia pública celebrada en el marco del 150° Periodo de Sesiones de la CIDH. La delegación peruana fue encabezada por el abogado Ronald Gamarra quien pidió también que el Estado elabore una ruta integral de atención, protección y acceso a la justicia para los agraviados.

“La base de datos sobre los delitos contra la libertad sexual debe contar con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este crimen sobre las mujeres, los niños, niñas y adolescentes”, afirmó Gamarra.

Especialistas de Save the Children, señalaron a LA PRIMERA que las víctimas de agresión sexual son muchas veces revictimizadas debido a los testimonios que deben dar durante un proceso engorroso y ante varios operadores de justicia. Además la mayor parte de las denuncias por violación sexual contra niños en el país no llegan a tener sentencia por falta de pruebas o deficiencias en el recojo de las mismas. 

PERÚ EN PRIMER LUGAR

Los representantes de Save the Children advirtieron que alrededor de 50 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual entre el 2008 y 2013. Según el estudio “Violaciones sexuales en el Perú 2000 – 2009. Un informe sobre el estado de la situación”, realizado por Jaris Mujica, el Perú ocupa el primer lugar entre los países de América del Sur en relación a violaciones de menores y el puesto 16 entre los países con mayor cantidad de denuncias.

La CIDH recibió el pedido hecho por Save the Children y la Asociación de las Madres Tamar. “Con esta presentación ante la CIDH queremos dar a conocer la problemática de violencia sexual de nuestro país y sobre todo que se den las recomendaciones necesarias al Estado peruano para que pueda actuar”, refirió la representante de Tamar.

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En el Perú no hay una conciencia de que la trata es un delito

Entrevistamos a Gabriel Arriarán: Periodista en La Mula. Especialista en temas de trata de personas, corrupción del Estado y minería informal. Actualmente investiga la situación de la minería informal en Madre de Dios y su relación con la trata de personas. Su blog El útero de hierro, ha recopilado datos históricos e información sobre la relación entre la actividad extractiva y la esclavitud.


Gabriel resalta la labor y el compromiso que desde La Mula se viene haciendo en la lucha contra la trata de personas no sólo como portal de información sino también como un sitio de denuncia e  investigación sobre el delito.


¿Cómo nace El útero de hierro?

Nace como un proyecto de doctorado que inicié en Londres y luego en Barcelona, y también como una investigación histórica. Lo que me condujo al tema de la trata de personas fue la investigación sobre la esclavitud en la época del caucho en Madre de Dios. Es una investigación que vengo haciendo desde hace 14 años, recopilando, sobre todo, documentos históricos, de los cuales algunos ni siquiera he encontrado aquí, los he encontrado, por ejemplo, en El Pabellón de la República, en Cataluña.


¿Se debería hablar de minería informal o minería ilegal?

No hay mucha diferencia entre ambas, los mismos mineros transitan entre la ilegalidad y la informalidad. Lo más importante para considerar a un minero como ilegal es que realiza minería en donde no está permitido. Sin embargo, los mineros informales son los que tienen concesiones, es decir, que practican minería en áreas que el Estado ha concesionado para eso, que es legal, pero que no reúnen las condiciones para considerarse mineros formales, estándares, contrataciones, etc.


Dentro de la labor del Estado se suele hablar mucho de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y políticas de medio ambiente, ¿dónde queda la preocupación por las personas que pueden estar siendo explotadas o que se vuelven vulnerables frente a una zona de extracción minera?

Yo creo que queda en iniciativas muy individuales que vienen desde distintas instituciones, por ejemplo, desde la misma policía, desde ONGs, investigaciones como la mía u otras parecidas, pero en el fondo son iniciativas que no están articuladas en un plan.


Dentro del presupuesto anual del Estado no existe una cifra destinada exclusivamente a combatir la trata de personas. Por parte del MININTER las acciones contra el delito se derivan de otras carpetas. ¿Cómo se puede visibilizar correctamente el delito para que se le destine un monto?


El tema es bastante amplio. Comenzaría por identificar las causas de por qué no hay un presupuesto, yo creo que una de las razones que podrían esgrimirse para esto es que la informalidad en el país está demasiado generalizada, hay una cultura de informalidad en el país enquistada en todo. Entonces, si tienes un Estado que favorece casi siempre a las empresas en cuanto a la legislación laboral y tienes por otro lado un gran problema de informalidad, el mensaje que estás enviando es mientras menos mueves vas a llegar mejor, entonces, la informalidad muy fácilmente se puede confundir con un cierto discurso neoliberal también, una falta de institucionalidad.


¿Y cómo es posible que mientras se habla de un crecimiento económico y un desarrollo del Perú, la sociedad no tenga una mayor conciencia frente a la esclavitud?

Yo creo que en el Perú no hay una conciencia de que la trata es un delito, porque la relación elemental de la trata, la del patrón con la víctima de trata, está en la esencia del nacimiento del Perú como nación. Si tú lees, por ejemplo, República sin ciudadanos de Alberto Flores Galindo, en el SXIX, en Lima, en el diario El Comercio se publicaba anuncios de trata, tal como se publican ahora en los mercados. Entonces, es una forma de relacionar el delito con nuestra historia, debido a que está tan profundamente arraigada en nosotros, no se percibe como un delito y cambiar esto  implicaría una reforma total de nuestro contrato social más que del Estado.


Es decir, que a pesar de los años de desarrollo e historia y las denuncias, ¿dentro de la sociedad peruana, la esclavitud todavía existe?

Hay algo cultural e histórico vinculado a la trata que, en mi opinión, hace que los peruanos no la percibamos como un delito. Es un tema de costumbres, estamos muy poco acostumbrados a tratarnos horizontalmente, sino más bien a establecer con los demás relaciones jerárquica y de ahí a explotar a otra persona no hay más que un par de pasitos. Al mismo tiempo considero que la trata como tal aparece en el momento en que esta relación entre patrón y sirviente comienza a fallar, hay un tema de necesidad de mano de obra, por ejemplo, si no tienes suficientes obreros para llevar a un sitio y otros no quieren ir, van en contra de su voluntad. Y eso aplica tanto para la explotación laboral como para la explotación sexual.


Es como el explotador que no ve la magnitud del asunto, que se ve como un empresario más, pero no como un delincuente

Ajá, se ve como un empresario informal y que todos en el Perú son empresarios informales.


¿Ha habido una respuesta por parte de las autoridades de Madre de Dios frente a la situación?

Hasta donde me quedé, se necesitaba un albergue para acoger a las víctimas de trata que eran rescatadas, pero ni siquiera se había llegado a un acuerdo para construir este albergue, algo que debería ser muy simple, además que la tierra en la selva es barata, hay una mayor disponibilidad de tierras que en Lima.


La ministra Carmen Omonte ha anunciado que se van a crear dos centros de atención residencial, pero no dicen dónde exactamente.

Si se demoran tanto para hacer una cosa tan simple, es que algo está fallando.


¿Sabes si, dentro del proceso de formalización a los mineros, existe algo que les informe acerca del tema de trata de personas?

Estuve en Puerto Maldonado la semana pasada y hablé con el asesor de la Fedemin (Federación Minera de Madre de Dios), Eduardo Salhuana y le dije que en los campamentos mineros hay trata de personas y una serie de delitos conexos, que es altamente posible que haya un vínculo entre la minería ilegal y el narcotráfico, tráfico de combustible, toda esta maraña de imperialidad. Y lo que me contestó fue “bueno, pero eso escapa de nuestra formalización”.


Si llegaran a formalizarse todos  los mineros, ¿desaparecería la trata de personas?

Ese es un buen punto. No, en el proceso de formalización no se habla nada acerca de trata ni que parte de los pasos de la formalización tendría que incluir la prohibición de negocios como los prostibares.


Algo que las mineras formales sí tienen pero como parte de sus políticas de responsabilidad social, es que nace de ellos mismos frente a una demanda social.

Tendría que existir un compromiso de los mineros. Parte del proceso de formalización tendría que contemplar este compromiso de los mineros para pelear, junto con el Estado, con la trata de personas, así como contra la explotación sexual y laboral.


¿Cómo tendría que plantearse esta formalización?

Lo que pasa es que es algo que se maneja a dos niveles: un nivel político y un nivel técnico. Si lo manejas a nivel político la solución a la que vas a llegar probablemente no sea satisfactoria, porque vas a solucionar el conflicto del momento pero no vas a solucionar la causa del conflicto, que es lo que está pasando con la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú.

Si el Estado quisiera arreglar la causa de la minería ilegal tendría que comenzar por un ordenamiento territorial a rajatabla, o sea, en qué lugar se puede realizar qué actividad económica. Por ejemplo, que el Estado no pueda concesionar el terreno donde está tu casa para hacer minería, lo cual supondría incluso cambiar la constitución, porque hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado es dueño del subsuelo. Entonces se necesitaría hasta una reforma constitucional para comenzar a solucionar esto. Si eso no se hace, va a pasar lo que ha venido sucediendo en toda nuestra historia, vamos a tener booms extractivos, como han sido el guano, el caucho, la anchoveta y normalmente estos booms extractivos siempre están acompañados de: devastación ambiental y de trata de personas, es decir, la trata de personas está relacionada totalmente a esta economía extractivista que tenemos en el Perú. Mientras que esto no comience a cambiar, no podemos esperar gran cosa. Lo que podemos esperar es que nos olvidemos del problema una vez que baje, en este caso, el precio del oro, hasta que se comience a demandar en el mercado internacional otra materia prima y aparezca otro boom, y alrededor de ese boom nuevamente aparecerá la trata de personas, explotación laboral y una depredación ambiental.


¿Por qué se realizan interdicciones a campamentos mineros y no van a los prostibares o negocios similares?

Han habido, por parte de la DIVINTRAP, operativos el año pasado, en donde se desactivó una banda de trata. El problema es el nivel de corrupción al que ha llegado la policía en Puerto Maldonado. Entonces, no tienes una policía bien pagada, comprometida con la ciudadanía, sino más bien una policía extorsionadora, coimera . Por ejemplo, lo que dicen los mismos mineros es que los asaltos los realizan con armas largas, que manejan la policía, y con tácticas militares. Todo esto apunta contra la policía de Puerto Maldonado. Entonces, si tienes una policía así, no puedes luchar contra la trata ni contra nada, tienes una banda de delincuentes más. Lo que se ha hecho, se ha hecho desde Lima, enviando gente para allá.


¿Y las autoridades regionales tampoco han emitido respuesta?

Lo que pasa es que existe un nivel de corrupción en Madre de Dios entre la policía, el gobierno regional, la municipalidad, incluso el Poder Judicial. Creo que lo que se podría hacer sería más campañas de prevención para que los mismos pobladores no caigan en estas redes de trata, que no crean en estos falsos anuncios de trabajo y sea consciente del peligro.
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La trata de personas queda desatendida en la formalización de la minería


Se deben contemplar políticas que incluyan la trata de personas dentro de este proceso, si esto no sucede, la formalización de los mineros sólo logrará un cambio favorable hacia ellos en cuanto al tema extractivo, librándolos de toda responsabilidad sobre lo que sucede como consecuencia de su actividad, mas no logrará una acción concreta contra la trata de personas.

Esta semana la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó a los medios de comunicación que el presente año su sector implementará dos centros de atención residencial para víctimas de trata de personas (Andina 26/0372014), uno en Lima y otro en Madre de Dios.

Lo cierto es que al margen de la buena noticia, revisando las notas del Reporte Alternativo, encontramos un ofrecimiento similar en una visita de la entonces Ministra Ana Jara a Madre de Dios que data del 9 de enero del 2012. La nota de la agencia internacional Infancia Hoy, menciona sobre la puesta de la  primera piedra de un servicio para este rubro.

Esperamos que esta vez se implemente el servicio y finalmente se resuelva el gran dilema que han tenido las autoridades nacionales y regionales para recatar a las víctimas. El argumento de falta de alojamiento, ha sido de alguna manera el justificante para la inacción o en cierta medida, la vía más sencilla para no enfrentar el enorme reto de proteger los derechos humanos de cientos o miles de víctimas de trata de personas en dicha zona.  Un lugar donde los propios dueños de los ‘prostibares’ declaraban que se trata de una respuesta a la demanda sexual en la actividad minera.

Estos días han sido cruciales para la búsqueda del control de la minería informal. El Estado enfrenta una situación compleja de contaminación ambiental, evasión fiscal, delincuencia y trata de personas.

La Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal (Decreto Supremo N°003-2014) aprobada en enero del 2014 señala claramente que la trata de personas es una actividad conexa que debe ser atendida.

Sin embargo, se repite el mismo error que con el Reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ya que la “Estrategia Nacional” nace nuevamente sin presupuesto y por qué no decirlo sin voluntad política real.

El ciudadano de pie, espera que el Estado le ayude a resolver los problemas que lo aquejan. Que el Gobierno Local, no permita que más bares, cantinas o maquilas donde se violan derechos humanos, se sigan incrementando en su distrito. Que sus hijos busquen un empleo en condiciones seguras y que las víctimas obtengan justicia. En suma, espera respuestas tangibles.

Mientras se definen los estándares ambientales para la minería ilegal, o la acreditación de la propiedad o autorización del uso del terreno, no se exige que se detenga la esclavitud humana en los campos mineros.

En la entrevista al especialista Gabriel Arriarán, nos comentaba que para el asesor de la FEDEMIN, los delitos conexos a la minería informal, como la trata de personas, son factores que “escapan de la formalización”, es decir, que poco o nada tienen que ver en las exigencias dentro del proceso de formalización por parte del gobierno.

¿Qué sucederá entonces si este proceso de formalización culmina sólo en la autorización legal para el uso de la tierra en las acciones extractivas? ¿Dónde quedará la situación de las personas explotadas laboral o sexualmente en los campamentos mineros o la situación de vulnerabilidad a la que ingresa la población vecina de las zonas de extracción?

El Estado no puede limitarse sólo a exigir estándares ambientales, sino también debe tener en cuenta un compromiso que rechace y coopere en la denuncia y eliminación de zonas de explotación humana.

Se deben contemplar políticas que incluyan la trata de personas dentro de este proceso, si esto no sucede, la formalización de los mineros sólo logrará un cambio favorable hacia ellos en cuanto al tema extractivo, librándolos de toda responsabilidad sobre lo que sucede como consecuencia de su actividad, mas no logrará una acción concreta contra la trata de personas.

Si el gobierno peruano no presta atención a estos puntos débiles, podríamos estar enfrentando una realidad perpetua (Reporte Alternativo).

http://www.inforegion.pe/portada/179629/la-trata-de-personas-queda-desatendida-en-la-formalizacion-de-la-mineria/
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Trabajo infantil en Cajamarca: ¡Luana, la luchadora!


Luana es una niña cajamarquina que está convencida de que, con mucho esfuerzo y dedicación, podrá lograr todo lo que se proponga. Pero esto no siempre fue así, pues antes ella no tenía ni tiempo para soñar, pues debía trabajar. ¿Quieres saber quiénes ayudaron a Luana y cómo ahora ella es la mejor alumna de su salón? ¡Mira el siguiente reportaje!

http://napa.com.pe/2014/03/27/trabajo-infantil-en-cajamarca-%C2%A1luana-la-luchadora/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+napa+(NAPA+-+No+apto+para+adultos)
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Fiscalía realiza operativo contra la trata de personas en terminal terrestre


La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito realizó un operativo inopinado en el terminal terrestre El Chimbador de manera preventiva contra la trata de personas. En este operativo se intervino a 10 empresas de transporte interprovincial entre ellos Anita, América Express, Cruz del Norte, Ittsa.

Todas estas empresas estaban advertidas que al momento de que los pasajeros suban a los buses obligatoriamente deberían portar su DNI, sobre todo los menores de edad.

La fiscal adjunta de la citada fiscalía, Leyden Alvarado Olaya, señaló que a raíz del sonado caso de la menor Bayolet Leandro Córdova, quien fue secuestrada en la ciudad de Lima y apareció sana y salva en la Chimbote, han previsto evitar más casos de trata de menores de edad.

“Hemos verificado como es que vienen trabajando los propietarios de estas empresas. La Fiscalía en su cronograma de trabajo dispuso inspeccionar los buses interprovinciales, a fin de que no se cometa este delito, trasladando menores muchas veces sin el consentimiento de los padres”, expresó.

Recordó que existe una normativa nacional que prohíbe a los menores de edad, viajar sin su documento de identidad y menos sin la presencia de un familiar. Dijo que este delito se castiga severamente con una pena mayor de 35 años cárcel. 

http://www.chimbotenlinea.com/locales/26/03/2014/fiscalia-realiza-operativo-contra-la-trata-de-personas-en-terminal-terrestre
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Inabif atenderá a víctimas de la trata de personas


Dos centros residenciales, especialmente diseñados para recibir a mujeres víctimas de trata de personas, creará este año el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), anunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte Durand.

La medida, explicó, responde al interés de su gestión por hacerse cargo de las víctimas de este problema, que consiste en el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos u otros.

“Las jóvenes pobres son captadas con falsos ofrecimientos de trabajo y las enganchan para ser explotadas sexualmente. Ellas necesitan cuidados y orientación especial para integrarse nuevamente a sus familias y sociedad. Merecen trabajar y estudiar.”

Omonte destacó la campaña Más Control y Menos Rutas de Explotación, que impulsa su ministerio, en coordinación con otros sectores, como una actividad clave, pues mediante ella las empresas de transporte terrestre y fluvial identifican a las menores y a los adultos que las acompañan.

“Es un esfuerzo público y privado, trabajamos de forma intersectorial sobre todo en las cuencas de varios ríos de la Amazonía y en rutas interprovinciales de la Costa y Sierra.”

Reglamento de ley

Carmen Omonte visitó las instalaciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), donde sostuvo una reunión con el presidente de la institución, Wilfredo Guzmán Jara, y los gremios de este sector. Indicó que la mayor expectativa que tienen las organizaciones es la aprobación y publicación del Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad.

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-inabif-atendera-a-victimas-de-trata-personas-16722.aspx#.UzLacKh5OhE
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Proyecto Semilla implementa atención secundaria tutorial en nueve comunidades de Junín


Doscientos estudiantes de nueve comunidades de la región Junín participan, el presente año, de una atención secundaria tutorial, como programa piloto que fue implementado por el Proyecto Semilla y el Ministerio de Educación (Minedu), se informó.

La propuesta responde a la necesidad de incorporar al sistema educativo a menores de 12 a 17 años de edad de la zona rural que abandonan sus estudios por razones de pobreza y lejanía de sus planteles.

La inauguración del año académico de este novedoso programa educativo en la región Junin tuvo lugar en el anexo de Quicha Grande, en el distrito de Aco, en la parte alta de la provincia de Concepción.

La directora del proyecto Semilla, Maro Guerrero, dijo que el objetivo de la secundaria tutorial es prevenir y reducir la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes, al no acceder al sistema educativo, se involucren temporalmente al trabajo infantil peligroso y excesivo, y con ello se expongan a los múltiples y perjudiciales efectos.

Guerrero indicó que la atención es semi presencial porque el estudiante se reunirá con su docente tutor dos días completos cada semana en una "comunidad núcleo" en la que se adecuarán los espacios para el trabajo presencial. 

El resto de los días de la semana se compromete a estudiar solo o en grupos, según se establezca en las fichas de trabajo autónomo. Esta fase no presencial tendrá el acompañamiento del docente tutor, quien visitará al estudiante en su comunidad de origen o "comunidad satélite".

Finalmente, explicó que en la fase presencial, los estudiantes que provengan de las comunidades satélites, serán acogidos por familias que tengan disposición de recibirlos en sus casas para que pasen la noche. 

Una de las alumnas que cursa el cuarto año de secundaria, Sherly Ponce Aranda tras la ceremonia relató “yo caminaba una hora y media sólo de ida para llegar al colegio, era muy difícil porque a veces cuando llovía había mucho barro y nos resbalábamos, teníamos que tomar otro camino y nos demorábamos más”.

Cabe señalar que esta forma de atención se ajusta a los requerimientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación y tiene como referencia el marco curricular expresado en los aprendizajes fundamentales que se concretan en los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje.

Las capacidades están integradas en cinco módulos que se llevan de manera secuencial a lo largo de nueve meses; cada comunidad núcleo contará con cuatro docentes especialistas en matemática, comunicación, ciencias sociales, arte y habilidades para el trabajo.


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Hay 36 menores extraviados en Lima en lo que va del 2014


Nicolás debió llegar a su casa a las dos de la tarde como todos los días, pero el 14 de diciembre del año pasado no lo hizo. Su mamá lo buscó dos veces en el colegio, en un parque cercano y en la calle. Ocho horas después, Nicolás de apenas 7 años apareció. “Saqué C en el examen y tenía miedo de que me pegaran”, le dijo a la policía.

En lo que va del año, varios menores como Nicolás se han ausentado de casa por más de cinco horas, otros hasta días enteros y algunos aún no dan señales de su paradero. Según la policía, entre enero y marzo se ha reportado la desaparición de 68 menores de edad, 32 de los cuales ya han sido encontrados.

De acuerdo con la División de Investigación de Personas Desaparecidas, la ausencia de un menor debe ser denunciada lo más pronto posible para acelerar las diligencias. “Antes había límites de tiempo, ahora se considera desaparecido aunque solo hayan transcurrido cuatro horas sin tener contacto con sus familiares”, afirma el coronel Alberto Papuico Fuentes, jefe de la división.

Desde hace tres años, la Ley 29685 así lo dispone. La norma, dictada para agilizar la búsqueda de menores de edad, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, intenta prevenir que los menores puedan caer en manos de los traficantes de personas.

La disposición es clara. Los familiares deben denunciar de inmediato a la comisaría más cercana y la policía no debe poner ningún obstáculo. “No importa si es alarmista, nosotros no medimos eso, peor es no reportar la denuncia”, sostiene Papuico.

Las comisarías tienen 24 horas para realizar la búsqueda y decidir la gravedad del caso. Las pistas de los desaparecidos guían a los investigadores a determinar si hubo otro delito en el camino: robo, secuestro, trata u homicidio.

HUYEN DE LA VIOLENCIA

El principal motivo de las desapariciones de menores está en los hogares. La mayoría huye de casa por temor a ser maltratado o porque se siente atraído  por la calle.
Lourdes Febres, coordinadora de la ONG Acción por los Niños, señala que esta reacción se debe a la falta de atención de los padres.

“Los padres trabajan todo el día y no saben nada de sus hijos. No hay diálogo”, resalta.

Febres asegura que esta realidad coloca a los menores en una situación de alta vulnerabilidad, la cual es aprovechada por los traficantes. Los adolescentes escapan del ambiente conflictivo y solo a veces regresan por voluntad propia. 

“No basta que la policía los encuentre, si los padres no solucionan el problema”, sentencia.

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Crearán dos centros residenciales para acoger a víctimas de trata de personas


Dos centros residenciales especialmente diseñados para recibir a mujeres víctimas de trata de personas serán creados este año por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), anunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte Durand.

La responsable del sector dijo que la medida responde al interés de su gestión por hacerse cargo de las víctimas de este problema, que consiste en el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos u otros.

"Las jóvenes pobres son captadas con falsos ofrecimientos de trabajo y las enganchan para ser explotadas sexualmente. Ellas necesitan de cuidados y orientación especiales para integrase nuevamente en sus familias y sociedad. Merecen trabajar y estudiar".

Omonte Durand destacó el desarrollo de la campaña "Más control y menos rutas de explotación", que impulsa el MIMP en coordinación con otros sectores como una actividad clave, pues a través de ella las empresas de transporte terrestre y fluvial identifican a las menores y a los adultos que las acompañan.

"Es un esfuerzo público y privado, estamos trabajando de forma intersectorial sobre todo en las cuencas de varios ríos de la Amazonía y en diversas rutas interprovinciales de la costa y sierra del país", explicó.  

La ministra exhortó a los medios de comunicación a apoyen el esfuerzo del Estado por formalizar la minería ilegal, sector especialmente involucrado en la trata de mujeres, niños y niñas. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-crearan-dos-centros-residenciales-para-acoger-a-victimas-trata-personas-499230.aspx#.UzGpGah5OhE
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¿Qué puede propiciar la desaparición de una persona?


Según la PNP, los menores son vulnerables a engaños para que dejen sus casas. Estas situaciones facilitan su fuga o plagio. Con la aparición de las redes sociales, las mafias de tratantes de personas tienen vinculación más directa con las víctimas. Las menores que son atraídas suelen aparecer con más dinero de lo usual en sus casas o con ropa o accesorios nuevos antes de desaparecer. 

1. Los problemas económicos o familiares y hasta las disputas de herencias.
En ocasiones, la policía ha descubierto desapariciones falsas. Incluso se ha detectado que hay personas que advierten desconocer el paradero de su familiar para apoderarse de sus propiedades o cobrar herencias. Hay casos en que uno de los esposos aprovecha el viaje del otro para denunciar su desaparición e iniciar el divorcio.  

2. El maltrato o el ambiente violento en los hogares hace huir a los menores.
La mayoría de veces los adolescentes huyen de casa porque se sienten maltratados, pero los padres creen que se trata de una desaparición y la denuncian. En estos casos, los jóvenes suelen dejar una carta para explicar su huida. En otros, los menores se llevan todas sus pertenencias y no dejan rastros de su partida. 

3. La vinculación con mafias de trata de personas.
Con la aparición de las redes sociales, las mafias de tratantes de personas tienen vinculación más directa con las víctimas. Las menores que son atraídas suelen aparecer con más dinero de lo usual en sus casas o con ropa o accesorios nuevos antes de desaparecer. Se vuelven más aisladas y demuestran estar insatisfechas con su condición.

4. El secuestro: movimiento de dinero o llamadas extorsionadoras.
Se puede deducir que detrás de una desaparición hay un secuestro cuando en las cuentas bancarias del extraviado hay movimientos extraños. Además, cuando la persona no tiene ningún motivo para desaparecer y no ha suspendido sus compromisos pendientes. Otro punto vital es cuando los delincuentes llaman a pedir dinero. 

5. El asesinato detrás de una larga ausencia inexplicable.
Los últimos casos de desaparición han tenido como final la muerte. La policía llega a esa conclusión si encuentra signos de violencia o rastros de sangre en alguno de los últimos lugares que visitó la víctima. Un delito previo pudo también ser el del secuestro. En este caso, los movimientos bancarios pudieron tener alguna modificación.

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/que-puede-propiciar-desaparicion-persona-noticia-1718137
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Madre de Dios: coordinan acciones para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial


Diferentes sectores del Estado, lideradas por el Ministerio de Cultura, se reunieron para coordinar acciones conjuntas con el fin de proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que ocupan las reservas territoriales Isconahua, Muranahua, Mashco Piro y Madre de Dios.

La cita tuvo como objetivo implementar acciones frente a las amenazas identificadas como son el narcotráfico, la tala ilegal, la presencia de trochas carrozables ilegales y la minería ilegal. Las entidades públicas participantes acordaron la necesidad de intercambiar información vinculada a estas vulneraciones que atenten contra la intangibilidad de las referidas reservas territoriales.

En la reunión estuvieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía Superior en Materia Ambiental, Policía Nacional del Perú, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI).

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, viene liderando las acciones y mecanismos de protección con diversos sectores del gobierno central, gobiernos regionales y locales en beneficio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial de las cinco Reservas Territoriales creadas en el Perú.


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Minería ilegal: ¿Se está generando una bomba de tiempo?


¿Qué tienen en común la minería, el transporte público, la pesca y la educación? Las reformas urgentes de los cuatro sectores enfrentan al Estado al temor del descontento de una  gran masa de afectados.

El gobierno ha sido (hasta el momento) decidido en combatir la ilegalidad en el primero, lento (por medio de la Municipalidad de Lima) en ordenar el segundo, controversial en solucionar los problemas del tercero y timorato para ajustar las clavijas en el cuarto. Todos comparten la cualidad de tener  a un grupo de gente potencial desestabilizador que puede escudarse en el argumento de su pobreza o carencia de alternativas para huir de la fiscalización o mantener un modo de operar desfavorable para el resto de la sociedad.

Las federaciones, confederaciones y sindicatos únicos tienen el poder de bloquear las vías principales y generar primeras planas con enfrentamientos con las fuerzas del orden en protestas que generan una imagen de inestabilidad e inseguridad. Ese es el medio por el que se acogota al Estado para frenar acciones estrictamente necesarias y que lo obliga a aplicar la medicina con anestesia para hacer viable el proceso, bajo el costo de prolongar el statu quo en los vicios, defectos e infracciones que se buscan corregir.

Eso es lo que ocurre en este momento con la minería ilegal ante la aproximación del vencimiento del plazo para el fin del proceso de formalización, el 19 de abril. Según refiere el alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Minería Ilegal, Interdicción y Remediación ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti, a lo mucho 30,000 de los 70,000 mineros informales, categoría creada para distinguir a los que se sujetaron a un proceso de acomodamiento a las normas por medio de la regularización de las concesiones mineras y los contratos de cesión o explotación, están en condiciones de regularizar su situación. Esto quiere decir que menos del 10% de los supuestos 300,000 mineros ilegales del Perú podrá sanear su situación.

La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) y la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros  del Perú (Conami) se han convertido en los nuevos Sutep y CGTP. La diferencia es que los mineros cuentan con recursos para financiar sus protestas por cuenta propia en lugar de los casos anteriores, en los que hasta se rumoreó la infiltración del chavismo.

Si el Estado decide seguir con la política de interdicción para erradicar la minería ilegal, deberá asumir el costo de enfrentar a un grupo organizado y que ha tendido puentes con otras actividades delincuenciales, como el narcotráfco y el contrabando. Este último abastece del combustible que no se puede conseguir por el control de insumos del gobierno en Madre de Dios.

De hecho, sorprende que algunos analistas políticos y gerentes de grandes empresas del sector formal critiquen el proceso de interdicción. Ellos afirman que el Estado debe actuar con inteligencia para lograr su objetivo final y no quemar sus cartuchos en intentos infructuosos que solamente agitarán las aguas y no podrán ir al ritmo de la regeneración de los ilegales, que pueden reconstruir plantas de beneficio con facilidad y operan en zonas difíciles de fiscalizar por su geografía y extensión.

Sin embargo, en la contraparte nada justifica la actitud paternalista de proteger a los ilegales con el argumento de que se trata del único sustento económico de cientos de miles de familias. Eso solamente aumenta la potencia de la bomba de tiempo que se va pasando a quienes en algún momento deban resolver un problema que cada vez se hará más crítico. La contaminación y la deforestación, la explotación y la prostitución infantil están de por medio.

Hasta el momento el gobierno ha sorprendido con su firmeza, pero le queda pendiente enfrentarse al reto de dejar de hincar cuando la bestia comienza a rugir. Está frente a la decisión de desatar o cortar un nudo gordiano, o humaliano, como ironiza la portada de la última edición de SEMANAeconómica, en la que podrá encontrar más detalles sobre el impacto económico de la minería ilegal y las opiniones de especialistas sobre el proceso de formalización.

http://semanaeconomica.com/article/extractivos/134385-mineria-ilegal-se-esta-generando-una-bomba-de-tiempo/
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Minería informal


La ilícita actividad minera mueve más dinero que el narcotráfico en el país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la evasión fiscal por sus actividades supera los 600 millones de dólares anuales. 

La minería informal es un mal creciente, en Cajabamba labora de la mano con el MOVADEF al amparo de oscuros personajes. Los informales han tenido todo el tiempo necesario para iniciar el proceso que les permita situarse al lado de la legalidad. Lamentablemente, muchos de ellos se resisten a cumplir los requisitos exigidos.

El ministro del Interior, Walter Albán, denunció que la minería ilegal está vinculada con los mayores males que sufre el país. Muchos de ellos operan bajo la fachada de “defensores de la pequeña minería” o “mineros artesanales” con el fin de mantener determinados privilegios, pero la verdad es que están involucrados con el crimen organizado y son financiados por oscuros empresarios que desean seguir explotando nuestras riquezas en forma clandestina.

La ilícita actividad minera mueve más dinero que el narcotráfico en el país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la evasión fiscal por sus actividades supera los 600 millones de dólares anuales.
Además, la minería ilegal utiliza en sus faenas sustancias que dañan el medioambiente. Este es el caso del arsénico, mercurio y el cianuro. En Madre de Dios, se calcula que en los últimos 20 años se depredaron 30,000 hectáreas. Debido a que se han vertido estas sustancias prohibidas en los ríos, una gran extensión de estos suelos ha quedado seriamente dañada.

Esta ilegal explotación también tiene un enorme impacto social. Los trabajadores –con la excusa de que carecen de otra alternativa– aceptan paupérrimas condiciones laborales que terminan dañando su salud. Además, se atropellan sus derechos y se les impide ingresar en un sistema de seguro social. Los empresarios no brindan prestación alguna porque se mantienen al margen de la ley.

Así como lo indica el ministro Albán, la minería ilegal está conectada con otras actividades ilegales, como la tala de árboles de la Amazonía, el blanqueo de dinero, el narcotráfico y la prostitución clandestina. Incluso se han detectado casos de explotación sexual de menores en pueblos mineros.

Por tales motivos, el Gobierno implementó un camino para que estos mineros informales se legalicen mediante el cumplimiento de requisitos. Esta acción cuenta con el apoyo del alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Minería Ilegal, Interdicción y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Daniel Urresti.

El problema no es que el proceso de formalización sea complejo, sino que muchos mineros ilegales prefieren trabajar fuera del alcance del Estado a fin de continuar con la depredación de nuestro suelo, la evasión de impuestos y la explotación de la población.

http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/mineria-informal-4/
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Inauguran nuevo Centro de Emergencia Mujer en el VRAEM


Con el objetivo de prevenir y atender los casos de violencia familiar y sexual, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, inauguró un nuevo Centro Emergencia Mujer (CEM) en el centro poblado de Kiteni, distrito de Echarati, provincia cusqueña de La Convención, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El CEM brindará atención legal, social y psicológica de manera gratuita a las mujeres agredidas víctimas de la violencia familiar y sexual, a través de un servicio especializado.

COBERTURA

Asimismo, se conformará una red institucional comunal con el fin de articular acciones con el gobierno local en la lucha contra la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que en las siguientes semanas se inaugurarán otros dos centros en la zona del 
Vraem.

Se trata del CEM Sivia, en la provincia de Huanta, Ayacucho, y el CEM Pangoa, en Satipo, Junín.
De enero a febrero, el CEM Echarati atendió un total de 23 casos por violencia familiar y sexual. El ciento por ciento de atenciones ha sido a mujeres. Además, a través de las campañas de prevención se ha informado y sensibilizado a 58 personas en este distrito.
Al 2013, a escala nacional el Mimp cuenta con 200 CEM, 14 de ellos funcionando en la región Cusco.

PRESENCIA

En su viaje de trabajo a la zona, Omonte hizo antes una escala en un centro médico de Quillabamba, en Cusco, donde constató la existencia de 114 casos de dengue.

En ese sentido, le pidieron la construcción y equipamiento de un moderno hospital con nivel II que atienda a los cerca de 300,000 habitantes de la provincia de La Convención.
De igual forma, visitó a los niños del hogar La Luz del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), y a los profesionales del CEM de Cusco.


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